Polémica por la cercanía del polígono del Serrallo a zonas habitadas de Almassora

El polígono petroquímico de El Serrallo de Castellón se encuentra en el punto de mira tanto del PP como del PSPV y del Bloc. Las tres formaciones de los ayuntamientos afectados (Castellón y Almassora) han iniciado una auténtica batalla por la cercanía de las industrias a los cascos urbanos de las dos poblaciones que, en algunos casos, es de 200 metros. Mientras en los dos grupos municipales del PP la postura es distinta y los socialistas de Castellón están a la expectativa, en el caso del Bloc reclaman la intervención inmediata de la Consejería de Territorio.

El Bloc ha pedido una auditoría para poner fin a la contaminación atmosférica

El PP en Castellón, cuyo portavoz trabaja para BP Oil, aún no ha dicho nada

El suelo industrial está ocupado por BP Oil, Repsol Butano, Praxair, CLH, Ecocat y UBE e Iberdrola. El problema se centra en la escasa distancia que existe entre las empresas petroquímicas del polígono y el casco urbano.

En el caso de Castellón, la afección se debe a la ampliación de algunas de las industrias que ya están instaladas. Lo mismo ocurre en Almassora aunque, en este caso, la distancia no sólo se ha acortado por la ampliación de las naves sino por un desordenado y legal crecimiento urbanístico en el distrito marítimo. Estas construcciones, viviendas adosadas en su mayoría, se han iniciado después de que en el año 1998 el Ayuntamiento de Almassora aprobara un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que calificaba el suelo colindante al polígono (creado 20 años antes) como urbano. Ello pese a que una norma en vigor desde 1961 obliga a que las actividades molestas, nocivas, insalubres y peligrosas se ubiquen, al menos, a 2.000 metros de distancia. Entonces no se planteó ningún problema y la Generalitat certificó la legalidad del nuevo plan urbanístico. Sin embargo, la proliferación de edificaciones en el nuevo suelo urbano provocó que, el pasado mes de julio, las empresas del polígono a excepción de Iberdrola cuya central térmica está dirigida por el propio alcalde del municipio, Vicente Casanova, exigieran a Almassora una revisión del PGOU y la suspensión de licencias en el radio de influencia de las industrias.

Días después, el pleno de la corporación almassorina rechazó la demanda de las empresas y, como contestación, recurrió dos de los proyectos que tiene en marcha BP Oil que consisten en la instalación de un nuevo tanque de crudo y la construcción de una planta de fabricación de coque, con una inversión prevista de 250 millones de euros.

El equipo de gobierno del PP en la capital de La Plana cuyo portavoz, Miguel Ángel Mulet, trabaja para la empresa BP Oil aún no ha dicho nada, aunque el propio presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, acompañado del vicepresidente, Víctor Campos y dos consejeros, acudió en persona a poner la primera piedra de este proyecto, a pesar de que que no contaba con las preceptivas autorización ambiental integrada, ni las licencias de actividad y obras.

Mientras que el Ayuntamiento de Almassora, como institución, se fijaba en BP Oil, el PSPV lo hizo en Iberdrola, que acaba de obtener, del Ayuntamiento de Castellón, una licencia para la construcción de una segunda planta de ciclo combinado. Según los ediles del partido socialista, el alcalde de Almassora obvió a la eléctrica por su relación con la empresa.

Por su parte, el Bloc ha reclamado una revisión general y la elaboración de una auditoría para adoptar medidas correctoras y poner fin a la contaminación atmosférica que, además, existe actualmente.

El consejero de Territorio, Esteban González Pons, ya se ha reunido con el alcalde de Almassora pero únicamente ha avalado la legalidad del PGOU que su propio gobierno aprobó en 1998. Ahora, la consejería tiene pendientes de resolver todas las solicitudes de paralización de las ampliaciones de las industrias del polígono.