El Gobierno endosa a las diputaciones la decisión final sobre los menores extranjeros

El Departamento de Asuntos Sociales dejará en manos de las tres diputaciones la decisión sobre la acogida de un cupo de menores inmigrantes llegados a Canarias. El consejero Javier Madrazo evitó ayer precisar si Euskadi va a recibir a estos extranjeros, porque es un asunto que en esta comunidad autónoma compete a las instituciones forales. Se limitó a decir que respetará lo que éstas dictaminen. Las diputaciones evitan pronunciarse abiertamente en contra de recibir a estas personas, pero ya han adelantado que sus recursos de atención están desbordados.

Madrazó ha optado por quitarse de en medio y traspasar toda la responsabilidad a las diputaciones. Corresponde a las instituciones forales decidir si reciben o rechazan una cuota de menores extranjeros que permanecen en la actualidad en centros de internamiento de Canarias, manifestó ayer el consejero en una entrevista en ETB. Las diputaciones aseguran, con datos, que sus residencias están repletas, pero se resisten a dar una negativa explícita.

Hoy se reúnen los directores generales de Asuntos Sociales de las diputaciones con el director vasco de Inmigración, Roberto Marro, para tratar este delicado asunto, aunque la resolución definitiva se adoptará, casi con toda seguridad, en el encuentro que mantendrá la próxima semana los máximos responsables políticos de esta materia.

La Diputación de Guipúzcoa, en la misma línea que avanzaron Álava y Vizcaya, consideró ayer "imprudente" e "imposible" determinar en estos momentos si van a acoger menores extranjeros de Canarias, explicaron las diputadas de Política Social y de Derechos Humanos, Esther Larrañaga y Mar Carmen Marín, respectivamente. No cierran la puerta a recibir a estas personas -"en Guipúzcoa atendemos a todos", señalaron-, pero advierten de que la capacidad de sus centros de acogida está "sobrepasada".

Guipúzcoa lleva atendidos hasta hoy a 136 menores inmigrantes (un 32% más que en septiembre de 2005). En este momento, la Diputación tiene acogidas a 97 de estos jóvenes, de los que 27 están en centros de acogida de urgencia, otros 33 viven en residencias y 37 en pensiones. La situación es de "colapso", precisaron las diputadas.

Otro tanto ocurre en Vizcaya y Álava. Los recursos públicos están saturados y no tienen cabida para más menores. Las diputaciones han tenido que adoptar "medidas de emergencia" para atender toda la demanda. El diputado de Acción Social de Vizcaya, Juan María Basurto, ya avisó de la falta de plazas disponibles. Llegó incluso a plantear que parte de los menores que están bajo su protección deberían ser trasladados a otros lugares. Y en Álava, que presenta un número más reducido de menores, han tenido que recurrir a un local de la Cruz Roja para cuidarles temporalmente, porque todos los intentos para abrir nuevos centros de internamiento en distintas localidades han fracasado por el "rechazo social" que han provocado entre los vecinos.

La Fiscalía General del Estado, en su última memoria, hace constar los esfuerzos que las instituciones vascas están realizando para hacer frente a este fenómeno, pero al mismo tiempo considera "induficientes" los recursos que existen para lograr la integración de esta población. Y el Ararteko también juzga deficiente la capacidad de las residencias públicas y recomienda en su informe anual de 2005 "mejorar la coordinación interinstitucional".