Todos los grupos del Congreso se plantan ante el PP y su teoría conspirativa del 11-M

La gota desbordó el vaso parlamentario. El PP decidió abrir el curso político en el Congreso con una interpelación sobre el 11-M, en la que aireaba sus sospechas sobre la implicación de policías, guardias civiles, militantes socialistas o servicios de información en maniobras para no evitar la matanza, y ayer defendió una moción sobre el mismo asunto. La respuesta no tiene precedentes: todos los grupos parlamentarios plantaron a los populares en su intento de revivir teorías conspirativas sobre el mayor atentado de la historia de España. Los portavoces, desde sus escaños, sin subir a la tribuna, en un gesto de clara negativa a enredarse en las propuestas del PP, se limitaron a dar lectura a una enmienda de sustitución que habían firmado de forma conjunta frente a las pretensiones del PP.

Los populares acusan al Ejecutivo de elaborar informes falsos, ocultar pruebas y obstaculizar la labor judicial

El Congreso respalda, sin los votos del PP, "la labor de instrucción, investigación y enjuiciamiento de fiscales y jueces"

Ningún portavoz subió a la tribuna para debatir con el PP, y se limitaron a leer una enmienda suscrita por todos

Para ahondar aún más la soledad el PP, el resto de los grupos anunció que hoy, miércoles, celebran una conferencia de prensa conjunta para contestar a la moción que ayer defendió en el Pleno la diputada popular Alicia Castro.

La parlamentaria calificó su propuesta (derrotada por 175 votos frente a los 135 de su grupo) como de petición de información. La moción solicitaba informes sobre los explosivos utilizados en el atentado; "contradicciones sobre la mochila de Vallecas"; "destrucción de pruebas", inspección de vehículos relacionados con el múltiple crimen y, en definitiva, los elementos que ha ido manejando El Mundo en sus informaciones y al que la diputada volvió a citar ayer en su intervención.

Castro fue mucho más allá de lo informativo y volvió a manejar las ideas de conspiración, aunque sin utilizar nunca esta palabra, salvo para volverla del revés: "Olvídense de delirantes conspiraciones en las que nunca hemos participado ni participaremos". Pero los tiros tenían una diana muy precisa: "El Gobierno es responsable de informes falsos, de ocultación de pruebas y de todo tipo de obstáculos a la actuación judicial". La extrema gravedad de estas acusaciones la completó la portavoz del PP asegurando que lo anterior "son hechos que están recogidos en el sumario y que, probablemente, son una de las causas que impiden que, dos años después, no sepamos aún quién atentó contra nuestra sociedad".

La diputada Castro puso abiertamente en duda la autoría islamista del atentado y apuntó una vez más a la participación de ETA. Según dijo en la tribuna, el Gobierno se empeña en "dar credibilidad y validez a hechos que han quedado invalidados como pruebas en el sumario" y citó: "Son la mochila de Vallecas, la furgoneta Renault Kangoo o el Skoda Fabia (...), en los que ustedes se basan para asegurar que fueron los islamistas y no otros quienes cometieron los atentados. Intentan, además, hacer creer que el informe que relaciona a la banda terrorista ETA con el 11-M no existe, sin explicar por qué lo que un día existió hoy no existe o ha desaparecido". La diputada concluyó con una advertencia: el PP no está dispuesto a cejar en su empeño de poner en duda la autoría islamista del atentado. Castro aseguró: "Sepan que si no nos muestran la verdad, no les quepa la menor duda de que otros, mal que les pese, lo harán por ustedes".

Apoyo a los jueces

Frente a la pretensión del Grupo Popular, el resto de la Cámara firmó una enmienda de sustitución, rechazada por los populares, en la que se dice que el Congreso "manifiesta su pleno apoyo a las instituciones del Estado de derecho en relación con los atentados del 11 de marzo de 2004, y su total confianza en las investigaciones que están llevando a cabo las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Un segundo punto establecía que la Cámara ofrece "su respaldo y respeto a la labor independiente de instrucción, investigación y enjuiciamiento que desarrollan la fiscalía y los jueces y tribunales, desde la convicción de que en nuestro Estado de derecho son estas instituciones las que tienen que esclarecer la verdad material y penal de los atentados del 11 de marzo".

Por fin, la enmienda planteaba que el Congreso manifiesta "su reiteración de las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los atentados del 11 de marzo aprobadas por el Congreso de los Diputados, para mejorar la atención a las víctimas, prevenir nuevos atentados e incrementar las condiciones de seguridad".

La sorpresa parlamentaria consistió en que los distintos portavoces se limitaron a levantarse en su escaño y dar lectura, casi literal, al texto anterior, con levísimos subrayados.

El más parco fue el socialista Antonio Hernando, que deslizó en su lectura la expresión de que ellos apoyaban "como el resto de los grupos de la Cámara excepto el PP"... cada uno de los tres puntos de la enmienda.

Uxue Barkos, de Nafarroa Bai (NB), pidió que no se hablase "del resto" de grupos sino de "todos" ante el PP.

Emilio Olabarria (PNV) puso la nota jurídica aduciendo el principio de que nadie puede ir contra sus propios actos y, por tanto, su grupo, se atiene a lo dicho por la comisión de investigación.

Joan Puig (ERC) acabó con un "señor Acebes, señor Zaplana, señor Aznar: escuchen".

Gaspar Llamazares se dolió de que a estas alturas resulte "necesario luchar por lo que es evidente". Jordi Jane (CiU) también hizo una breve excursión para explicar que su grupo se atiene a la verdad judicial y que siempre ha sido contrario a mezclar las investigaciones parlamentarias con procesos judiciales en curso.