Hacienda ignoró en 2001 informes sobre la trama de Marbella

Los dos grandes casos de corrupción en Marbella se destaparon sin la iniciativa de Hacienda. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia emitieron hasta cinco informes que desvelaban detalles de una trama económica en la que estaban implicadas una serie de personas posteriormente detenidas en la Operación Malaya. Al menos tres de esos informes solicitaban una "actuación conjunta y coordinada" de la Agencia Tributaria que no se produjo.

Los técnicos pedían una actuación "conjunta y coordinada" que no se produjo

Dos ex inspectores de Hacienda de Málaga fueron detenidos en 2003 por soborno

La operación Ballena Blanca y la Operación Malaya, ambas radicadas en Marbella, desvelaron la existencia de tramas de corrupción capaces de generar grandes fortunas y mover ingentes cantidades de dinero ilegal. El papel de Hacienda en ambos casos se ha limitado a servir de auxilio judicial a unas investigaciones iniciadas por la policía. Sin embargo, técnicos de Hacienda de Málaga y Murcia habían llegado a vislumbrar, entre 2001 y 2005, detalles suficientes como para impulsar una investigación a fondo. Hasta cinco informes dieron con apellidos y empresas de la trama de Roca. Al menos tres de los informes solicitaban una "actuación conjunta y coordinada" de la Agencia Tributaria que no se produjo. A este respecto, un portavoz señaló que la Agencia Tributaria no hace comentarios sobre sus investigaciones.

Uno de los informes, que data del año 2001, ponía en entredicho la actividad del despacho de abogados Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor en Madrid, el mismo sobre el que giró parte de la trama de Juan Antonio Roca, considerado como el presunto cabeza de la red de corrupción urbanística en Marbella. En ése y otros informes, que llegan hasta octubre de 2005, se daba cuenta de la sospechosa actividad de empresarios y testaferros, caso de Carlos Sánchez y Óscar Benavente, que están entre los 62 imputados por el juez. Carlos Sánchez sigue en prisión y Benavente salió hace un par de semanas.

Los informes daban cuenta de otros testaferros y detallaban las sospechas sobre algo más de 30 empresas, algunas de ellas como Marqués de Velilla S.L., relacionada posteriormente con el patrimonio de Roca. Salían a relucir sociedades domiciliadas en Gibraltar y Panamá. Y se citaba la posible existencia de delitos. Los informes fueron remitidos a la central en Madrid de la Agencia Tributaria.

Sin embargo, la actuación "conjunta y coordinada" que solicitaban los técnicos de Hacienda no se produjo y la inspección fiscal no pudo llegar más lejos. Fue cuando la policía destapó su investigación y salió a la luz la trama marbellí, cuando estos funcionarios se dieron cuenta de que, años atrás, estuvieron cerca del objetivo y se preguntan cómo fue posible que Hacienda no hubiera podido llegar más lejos.

Algo parecido sucedió con la operación Ballena Blanca: existía desde hace años una investigación fiscal sin cerrar sobre el bufete de Fernando Del Valle. Esa investigación no avanzó. Los datos de Hacienda terminaron incorporándose con posterioridad a la investigación iniciada por la policía.

Se da la circunstancia de que la fiscalía especializada en delitos económicos solicitó en el año 2003 a la Agencia Tributaria, por orden del entonces fiscal jefe, Carlos Jiménez Villarejo, información patrimonial sobre Juan Antonio Roca, dado que se habían publicado varias informaciones periodísticas acerca de su extraordinario enriquecimiento. Aquella investigación fiscal dio resultado negativo: Hacienda no encontró un patrimonio significativo alrededor de Roca y su mujer y cifró sus ingresos en los honorarios que percibía como gerente de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella. (Ver El PAÍS de 7 de abril).

El caso de Málaga

Todo ello pone de manifiesto la pasividad y las graves deficiencias que sufre la inspección fiscal a la hora de descubrir grandes tramas de corrupción. Pero estas deficiencias son más elocuentes, según fuentes consultadas, en una provincia tan sensible como Málaga, donde sólo ocho inspectores deben ocuparse de la vigilancia de 2.048 empresas que facturan entre 1,8 y seis millones de euros al año.

Los problemas internos en la delegación de Hacienda en Málaga se remontan a 1995 cuando se descubre una trama de facturas falsas en las que están implicados dos inspectores de la provincia. Posteriormente, ya en 2003, otros dos inspectores, ambos en cargos relevantes, solicitaron la excedencia para dedicarse al asesoramiento en un despacho privado. Uno de ellos tuvo entre sus responsabilidades la inspección de alguna de las sociedades municipales del Ayuntamiento de Marbella. Ambos ex funcionarios fueron detenidos en noviembre de 2003 por intentar sobornar a un inspector de Hacienda de Málaga con ocasión de la investigación sobre una empresa marbellí.

Cese del delegado

Los conflictos en torno a la delegación de Hacienda en Málaga vivieron otro episodio cuando comenzó la investigación policial que dio lugar a la operación Ballena Blanca. En aquellos momentos, un jefe de inspección trató de imponer sus criterios, motivo que ocasionó un conflicto con los agentes policiales, problema que tuvo que saldar el juez de instrucción, Miguel Ángel Torres, quien dictó un oficio apartando a dicho inspector de la investigación y dando por sentado que ésta corría a cuenta de la Policía Nacional.

El pasado 28 de julio, el BOE publicaba el cese del delegado de la Agencia Tributaria en Málaga, que ocupaba el cargo desde 1999. Un portavoz de Hacienda sostiene que su destitución es un acto rutinario y que, en la misma fecha, se han producido otros ceses en otras delegaciones. Otras fuentes consideran que su marcha puede tener alguna relación con una investigación interna efectuada unos meses antes.

Aunque Hacienda rechaza que se haya producido una auditoria interna en Málaga, otras fuentes señalan que pocas fechas después de salir a la luz la operación Malaya, "varios inspectores de servicios adscritos al departamento de auditoria interna" estuvieron entrevistándose con funcionarios de la delegación. Estos funcionarios realizaron un informe de asesoramiento que no tiene carácter vinculante.

Las fuentes consultadas reconocen que detectaron anomalías. Una de ellas, por ejemplo, fue la de observar que no se había hecho una inspección complementaria sobre los patrimonios de Julián Muñoz, alcalde de Marbella tras Jesús Gil, y su esposa Maite Zaldívar. Posteriormente, y ya durante el mes de julio, se produjo una inspección de servicios rutinaria de la delegación de Málaga.Son estas dos visitas de inspección interna en un periodo de cuatro meses lo que ha hecho suponer que tenga una relación con el cese del delegado de Hacienda en Málaga.