El ex edil del PA prófugo de la 'operación Malaya' dice que se entregará en noviembre

El ex concejal del PA en Marbella Carlos Fernández, sobre quien pesa una orden de busca y detención desde el pasado julio por su presunta implicación en el caso Malaya, sobre corrupción urbanística, "está en Marbella y se entregará en noviembre o diciembre", según informaron a Efe fuentes de su defensa. El prófugo está presuntamente implicado en la trama de corrupción municipal e inmobiliaria y su rastro se perdió a finales de junio, por lo que su paradero se ha convertido en uno de los mayores misterios de la operación policial.

Fuentes próximas al ex edil andalucista señalaron ayer a Efe que una de las razones para que Fernández no se haya presentado aún ante la justicia radica en que actualmente padece una "culebrina en la frente", por lo que está recibiendo tratamiento médico y "tiene la cabeza inflamada". Según ha comunicado a su entorno, el ex concejal "está esperando ciertas nulidades que podrían producirse en los próximos meses", antes de presentarse ante el juez Miguel Ángel Torres.

Al iniciarse la segunda fase de la operación policial, Carlos Fernández aseguró por teléfono que estaba en Galicia haciendo el Camino de Santiago pero que regresaba si era requerido por la justicia. Esa fue su última llamada y desde ese día su teléfono móvil no volvió a estar conectado.

Por otra parte, la apertura parcial del sumario de la primera fase de la operación Malaya ha permitido conocer que el empresario Ismael Pérez, que estuvo preso por presunta corrupción en el Ayuntamiento de Marbella antes de destaparse la trama completa, "amenazó" a cargos municipales para que le pagaran lo que le debían y le dieran la grúa o daba información al edil Carlos Fernández a cambio de 150.000 euros. De varias conversaciones telefónicas, según un informe policial, los investigadores deducen "sin género de dudas la existencia de negocios o acuerdos, de dudosa legalidad, con contraprestación económica entre Ismael [Pérez] y el Ayuntamiento de Marbella".

La apertura del sumario ha permitido conocer también que el cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, recibió amenazas de muerte anónimas un mes antes de su detención, según declaró al juez su jefe de seguridad, Jaime Hachuel.