Al sur del Sáhara

LA ARRIBADA ESTE VERANO a las costas de Canarias de miles de africanos y la muerte -resulta imposible fijar a ciencia cierta el número de víctimas- de los desgraciados navegantes que no consiguieron concluir el viaje han conmovido hondamente a la opinión, pero también han suscitado alarmas y temores sobre las notables dimensiones alcanzadas por la inmigración irregular en toda España. El éxito de las negociaciones con el Reino de Marruecos para vigilar las fronteras de Ceuta y Melilla y para cerrar a las pateras las aguas del Estrecho ha contribuido indirectamente al desplazamiento hacia el archipiélago canario de las expediciones de inmigrantes irregulares procedentes del sur del Sáhara, con el aumento de los riesgos derivados de la inseguridad de una larga travesía atlántica. En cualquier caso, la entrada por mar a la Península y a las islas de los inmigrantes ilegales constituye un modesto porcentaje de la cifra total estimada: el ingreso masivo se produce a través de los aeropuertos y de las fronteras terrestres.

La llegada masiva a Canarias de cayucos procedentes de África sitúa en el primer plano del debate político entre los partidos las cuestiones relacionadas con la inmigración irregular

El aluvión de noticias que abrieron este verano los telediarios y los espacios informativos de la prensa con las patéticas imágenes de la arribada africana a Canarias ha disparado la preocupación ciudadana por la inmigración a los primeros lugares de los sondeos. La respuesta del Gobierno y de la oposición a esa creciente inquietud ciudadana ha sido tan rápida como pragmática: la búsqueda de los instrumentos adecuados para embridar esas desbordadas emociones al servicio de la lucha electoral. El presidente del PP presentó el martes a la Junta Directiva popular una batería de medidas que se compromete a llevar a la práctica si alcanza el poder: la prohibición por ley de las regulaciones masivas de los inmigrantes que estén viviendo en España sin cumplir los requisitos exigidos, la necesidad del permiso de residencia para la inscripción en el padrón municipal y la concentración de todas las competencias sobre la materia en el Ministerio del Interior. El Gobierno ha contestado a través de su vicepresidenta con el anuncio de que expulsará antes o después a todos los inmigrantes irregulares y con la oferta al PP de un pacto de Estado para reformar la Ley de Extranjería.

Es dudoso que los populares accedan a suavizar el hostigamiento al Gobierno en un tema tan remunerador en términos de votos, máxime cuando las perspectivas de una reducción a corto plazo de la presión migratoria parecen débiles. Los márgenes de actuación del Gobierno son estrechos: hay demasiadas variables que escapan en buena medida a su control, tanto si se refieren a la fijación por la Unión Europea de una política eficaz en la materia como si afectan a los acuerdos diplomáticos con países que acepten la repatriación de sus nacionales y estén dispuestos a cumplir sus compromisos. Por lo demás, ¿cuáles serían los costes económicos de la repatriación de todos los inmigrados irregulares -seguramente, cientos de miles- a sus lugares de origen y cómo podría llevarse a cabo con pleno respeto a la ley? ¿Y qué hacer con quienes ocultan su lugar de nacimiento o no son admitidos por sus países?

En un mundo sometido a los impulsos de la globalización, las diferencias de renta entre las regiones pobres y Europa han puesto en marcha un proceso migratorio difícilmente reversible. Si la modernización durante la década de los noventa hizo de España un país de acogida, la economía sumergida con bajos salarios y duras condiciones de trabajo sigue operando como imán de atracción para la mano de obra no cualificada: ése fue el origen último de las regularizaciones llevadas a cabo por los gobiernos del PP (479.000) y del PSOE (570.000). La proximidad a la costa africana, los lazos culturales con Latinoamérica y el turismo masivo convierten a España en una de las principales puertas de entrada para la inmigración irregular en la Unión Europea. Pero tanto la letra y los valores de la Constitución como los pactos internacionales sobre derechos humanos prohíben las soluciones simplistas, crueles e irreales que la mentalidad autoritaria suele concebir para expulsar a los extranjeros instalados sin los papeles en regla o para impedirles la entrada a cualquier precio.