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Reportaje:

Policías castigados por cuestionar al jefe

Los mandos policiales de Torrevieja, imputados por las torturas, imponen a los críticos cambios discrecionales de servicios

"Al no entrar en su juego, por ejemplo inflar atestados calificando como robo con violencia lo que es un simple hurto, pasas a ser un marginado", asevera un agente de la Policía Local de Torrevieja que prefiere mantener el anonimato. Las revelaciones del agente y de otros compañeros del cuerpo dejan al desnudo el trato de la cúpula policial que dirige el intendente Alejandro Morer: castigos arbitrarios (el más común, las solitarias e inútiles guardias en los retenes periféricos) a quienes cuestionan sus métodos. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha rechazado esas prácticas por "desviación de poder". "Pese a la sentencia, siguen las discriminaciones", resalta el policía. Otros tres agentes se han rebelado contra esa situación y han presentado denuncias por acoso laboral.

"Yo sigo trabajando en un retén periférico aislado de los compañeros"
Las diferencias entre el jefe y los policías se acentuaron a raíz de la muerte de un agente

La crisis interna de la Policía Local de Torrevieja por las supuestas discriminaciones del intendente jefe al colectivo que no le es incondicional (una veintena de policías, veteranos de carrera y delegados sindicales incorporados al cuerpo en los últimos años procedentes de otras poblaciones) ha aflorado en plena investigación judicial por supuestas torturas de agentes arrestados en uno de los municipios con mayores índices de delincuencia del litoral mediterráneo.

Dos magistradas instruyen, en paralelo y amparadas en el secreto del sumario, la investigación. En sendos sumarios hay imputados ya 14 agentes y dos concejales del PP, Pedro Valero, responsable de Seguridad, e Hipólito Caro, de Sanidad. Torrevieja (90.000 habitantes) lideró hasta 2003 la lista de índices de criminalidad en la Comunidad Valenciana. En esa fecha, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) abrió 23.000 diligencias penales. Desde entonces, la estadística ha decrecido: entre 2003 y 2005 se ha registrado un descenso del 23% en el número de delitos (de 9.856 a 7.906) según datos del Ministerio del Interior.

Alejandro Morer llegó a la jefatura de la Policía Local de Torrevieja en 1989, justo un año más tarde de que Pedro Ángel Hernández Mateo, del PP, accediera a la alcaldía. Entonces, el cuerpo contaba con apenas una veintena de agentes. Casi 20 años después, la plantilla la integran 170 policías. "La policía de Torrevieja era entonces endogámica, el hijo de, el hermano de...", dice el policía. "La llegada de otros agentes de carrera de otras poblaciones y con otra mentalidad, más prestos a defender la legalidad en cada actuación y más reivindicativos, no ha sido asumida por los mandos", argumenta. Las diferencias entre el jefe Morer y los agentes críticos se acentuaron en enero de 2004 a raíz de la muerte de un agente interino durante la persecución de unos delincuentes. El grupo denunció la "ilegalidad" en la que se hallaba el fallecido agente interino. La respuesta de Morer fue enviar a los críticos a patrullar las rotondas de los accesos a la población, a solitarios servicios por la calle, a interminables guardias en uno de los tres retenes periféricos (los Balcones, la Siesta, y la Mata), o someterlos a cambios arbitrarios de turnos y apartarlos del pastel de las horas extra. "Los contestatarios, los que no estábamos de acuerdo con la manera de cerrar el caso de la muerte del agente Marcos, y con muchas de las actitudes, a nuestro juicio, fuera del ordenamiento jurídico, comenzamos a ser sistemáticamente marginados", comenta el agente. "A mí se me redujo el sueldo, al eliminarme los complementos, se me impuso un turno partido, además de los castigos no cuantificables de orden moral, entre ellos retirarte el saludo o no contar contigo para servicios importantes".

La supuesta marginación de Morer a los agentes que cuestionan sus métodos fue denunciada por cuatro policías ante el TSJ. En concreto recurrieron un decreto de la alcaldía mediante el cual fueron apartados de sus funciones habituales. En mayo de 2005, el tribunal falló a su favor y ordenó que fueran reintegrados en sus primitivos puestos. Además, la sentencia advirtió: "Pone de manifiesto (el decreto de la alcaldía) la concurrencia del vicio de desviación de poder, al constatarse, sobre base probatoria inequívoca, el ejercicio de una potestad administrativa con fin distinto al fijado en el ordenamiento jurídico".

"Pese a ganar en el TSJ, la marginación no cesa", dice el agente. "Yo sigo trabajando toda la semana en un retén periférico [un local con un teléfono y ordenador] aislado de los compañeros", afirma. "El retén se ubica en un chalé con grandes muros, en el que no entra nadie, como mucho la mujer de la limpieza", explica. Otro servicio ilegal, según el agente, es identificar a las prostitutas en las rotondas: "Me niego, pero cuando pido un día de asuntos propios no me lo autorizan".

En el lado opuesto a los críticos se sitúan los interinos (un tercio de la plantilla), cuyo papel es "ver, oír y callar, porque en las oposiciones estarán presentes los jefes", puntualiza otro policía. "Los malos tratos no los he visto. Pero no me extraña, viendo que son personas habitualmente capaces de cruzar la línea de la legalidad".

Foco de grupos mafiosos

La laberíntica trama urbanística del municipio -urbanismo horizontal con más 100.000 casas en 90 aglomeraciones, con una media de población de 120.000 residentes, que en verano llegan hasta el medio millón, y accesos inextricables incluso para la policía- ha convertido al municipio en el cobijo perfecto para las redes organizadas (grupos mafiosos del Este), cuyos cruentos ajustes de cuentas han sembrado las calles de cadáveres. El trasiego de extranjeros ha ampliado el espectro delictivo de la población hasta las bandas callejeras, integradas por jóvenes inmigrantes suramericanos. En 2005, la Guardia Civil detuvo a 36 jóvenes miembros de dos bandas enfrentadas, los Latin King y los Black Lions.

El aumento de la inseguridad ciudadana ha abocado a los vecinos a organizar patrullas ciudadanas, especialmente para combatir los asaltos a los chalés de las urbanizaciones.

Para hacer frente a ese panorama delictivo, el municipio cuenta con los 170 agentes de la Policía Local (30 en 1988) y 160 de la Guardia Civil, sin incluir policía judicial, Seprona y patrulla fiscal, (17 en 1988). El cuadro de efectivos policiales se completará con una nueva comisaría. El Gobierno ya ha firmado un convenio con el Consistorio para la cesión del solar donde se levantarán las futuras dependencias policiales.

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