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Columna
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Esto es lo que importa y esto lo que significa

Soledad Gallego-Díaz

Es posible que el principal problema con la educación en España no sea el fracaso escolar, ni el muy lamentable hecho de que sólo el 66% de los jóvenes con 25 años haya hecho el bachillerato, o la formación profesional equivalente, cuando la media de la OCDE es, nada menos, que del 81%. Quizá lo más importante, o al menos el primer problema, es que, pese a todo, a los españoles no nos preocupa ni lo más mínimo la educación. O para ser más exactos, nos preocupa muy poco: en el último barómetro del CIS se la considera como el problema número 12 en una lista de 30 y, sobre todo, a enorme distancia de los 11 primeros. El paro, la inmigración, la vivienda o la inseguridad ciudadana, por ejemplo, puntúan entre el 46% y el 26%, mientras que la educación sólo llega a un escuálido 3,3%. Incluso la situación de la clase política y de los partidos, con un asombroso 10%, nos parece más preocupante que la educación. Quizá, en los países en los que existe un 81% de jóvenes con bachillerato empezaron por tener un 60% de ciudadanos que creían que la educación era un asunto mucho más importante que los problemas de su clase política.

Algunos creen que esa falta de preocupación es consecuencia de la incapacidad de los medios de comunicación para llevar a los ciudadanos información basada en el antiguo criterio: esto es lo que importa y esto es lo que significa. Otros creen que la culpa es de las autoridades públicas, estatales y autonómicas, muy dispuestas a decir en etapa electoral que la educación es una de sus auténticas prioridades, pero luego muy poco proclives a subrayar la gravedad de la situación o a movilizar realmente a los ciudadanos, explicándoles por qué deben sentirse inquietos. (¿Alguien recuerda al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haciendo pedagogía en el Congreso o en la televisión pública al respecto? ¿Alguien recuerda que lo hiciera, al menos, quien fue ministra de Educación durante los dos últimos años?).

En lo que todo el mundo coincide es en que si los barómetros del CIS mostraran, de repente, un índice de preocupación similar, por ejemplo, al que suscita la vivienda (un 26,6%), los ministros y la oposición se lanzarían inmediatamente a atraerse a los ciudadanos con nuevas y brillantes propuestas. Basta con comprobar el arrebato que les ha entrado a los dos a la vista de los sondeos sobre la inmigración irregular. (A propósito, ¿alguien tiene datos en este país sobre cuántos inmigrantes no comunitarios han entrado en España de forma legal, es decir con un contrato de trabajo? ¿Es posible que, en realidad, en España no haya prácticamente más inmigrantes que los que entran de manera clandestina, porque nadie regula un flujo razonable de inmigrantes regulares?).

Volviendo al tema prioritario, lo que resulta más extraño es que la falta de preocupación de los españoles por la educación sea perfectamente compatible con el hecho de que un 45,4% se sienta, al mismo tiempo, poco o nada satisfecho con el funcionamiento actual del sistema educativo. Son datos del avance sobre política fiscal hecho público precisamente ayer, jueves, por el CIS. ¿Cómo se combinan estas dos cifras?

Es posible, piensan algunos expertos, que la contradicción se deba a dos problemas: en España no nos sentimos preocupados por la educación porque no la percibimos como un servicio público y creemos que podremos resolver el problema de nuestros propios hijos acudiendo a colegios privados. Es un gran error porque la falta de bachilleres se origina tanto en las escuelas públicas como en las concertadas y sólo un pequeño grupo, económica o culturalmente muy potente, puede acudir a centro elitistas, con buenos porcentajes de éxito. Por eso las encuestas también demuestran que la mayoría considera que el sistema educativo es malo. Sacar la educación del espacio público, del ya tan banalizado debate público de este país, ha sido, quizás, nuestro primer problema y el principal responsable de nuestros inquietantes y pobres resultados. El segundo problema puede ser que los Gobiernos de este país se sienten muy poco responsables de lo que pasa en la educación, simplemente porque no es su responsabilidad: fue transferida, hace ya muchos años, a los Gobiernos de las comunidades autónomas, aunque parece que los ciudadanos todavía no nos hemos dado suficiente cuenta. solg@elpais.es

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