Los abogados de oficio del 11-M pedirán que el juicio se aplace

Los abogados de oficio de 21 de los 29 procesados por los atentados del 11-M anunciaron ayer que pedirán un aplazamiento del juicio hasta dentro de dos años, en el caso de que no les proporcionen intérpretes de árabe para comunicarse con sus clientes y minutas adecuadas a su labor, que cifran en 60.000 euros para cada uno. El portavoz, Eduardo García Peña, llegó a comparar la situación de sus clientes con los presos de Guantánamo.

Los letrados de oficio en el caso del 11-M ya se habían quejado hace varios meses de lo exiguo de sus minutas y de falta de medios para desarrollar su labor. En un primer momento solicitaron al secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, copias digitalizadas del sumario, intérpretes de árabe para comunicarse con sus clientes y mucho más dinero que el que les correspondería por aplicación de los baremos del turno de oficio.

A finales de julio, el Ministerio de Justicia, el presidente del Consejo de la Abogacía y el Colegio de Abogados de Madrid llegaron a un acuerdo de retribución económica que suponía triplicar el importe del baremo ordinario del turno de oficio, con un máximo de 20.000 euros, así como la contratación de intérpretes, ya que la copia digitalizada del sumario ya les había sido entregada, tras la conclusión del mismo.

Sin embargo, los letrados convocaron ayer a la prensa para asegurar que no se sienten vinculados por el acuerdo entre el ministerio y los representantes del Colegio de Abogados por considerarlo "tramposo, insuficiente e injusto". Agregan que todavía no disponen de intérpretes y que siguen sin poder comunicarse con aquellos de sus clientes que no hablan castellano.

Respecto a las retribuciones, precisan que el ministerio ha anunciado que triplica el actual baremo con un tope máximo de 20.000 euros. "Una ridiculez multiplicada por tres sigue siendo una ridiculez", afirman y puntualizan que si dedican a sus clientes el tiempo que el volumen y la complejidad del proceso exigen les va a suponer la ruina económica.

Para ilustrar el caso, compararon su situación con la de un médico que tiene que realizar una operación a corazón abierto y sólo dispone de una cuchara.

Los abogados han anunciado que pedirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un aplazamiento del juicio de al menos dos años para poder prepararlo adecuadamente. Ello supondría que todos los acusados tendrían que ser puestos en libertad por haber transcurrido los cuatro años, periodo máximo de prisión preventiva previsto en España.

Los letrados, sin embargo, señalaron que si dispusieran de los 60.000 euros y los medios que solicitan podrían empezar el juicio en marzo o abril del año que viene, fechas que venía barajando la Audiencia Nacional para el inicio del macrojuicio del 11-M.

El secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, criticó ayer a los citados letrados de oficio por considerar que la defensa gratuita es un servicio público que los abogados prestan de forma voluntaria. Aunque está financiado por el Estado, no está sometido a criterios de mercado y es gestionado por los colegios de abogados.

"Los letrados no son empleados del Ministerio de Justicia, sino personas que ejercen la defensa de forma independiente", dijo López Guerra, quien precisó, "por eso, con quien hemos negociado es con el Colegio de Abogados de Madrid y el Consejo de la Abogacía. No es una negociación sindical".

El secretario de Estado afirmó que el derecho de defensa está garantizado y que se han contratado 18 intérpretes de árabe en distintas variedades, a pesar de la complicación que suponía puesto que debían tener nociones jurídicas y superar el requisito de seguridad.

Los letrados han señalado que no se sienten amparados por el Colegio de Abogados, porque tras señalar que el mínimo razonable de minuta eran 60.000 euros ahora ha aceptado un acuerdo que fija una cantidad como máximo tres veces menor. El decano, Luis Martí, declaró ayer que el Colegio de Abogados tiene la responsabilidad institucional de dirigir el servicio del turno de oficio sobre las bases de la voluntariedad y la disponibilidad y "hemos hecho un esfuerzo para que el Ministerio reconozca la excepcionalidad de la situación". "Ahora, todo el mundo tiene que cumplir con su deber", concluyó.