De la Vega reprocha al Gobierno canario su actitud con la inmigración

El curso parlamentario se abrió ayer con la primera sesión de control al Gobierno. El líder de la oposición, Mariano Rajoy, eligió "las actuaciones" del Ejecutivo "durante este verano" para acusarlo de "incompetencia e ineficacia". La sorpresa de la tarde saltó cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, lanzó al Gobierno canario duros reproches sobre su actitud respecto al problema de la inmigración.

Rajoy habló de inmigración y de los incendios en Galicia para acusar al Gobierno, pero fue después cuando el portavoz de Coalición Canaria, Paulino Rivero, planteó una pregunta a la vicepresidenta primera y volvió a exigirle "acciones concretas", porque Canarias, dijo, "es una olla a presión".

María Teresa Fernández de la Vega respondió que la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y la Unión Europea están luchando contra la inmigración ilegal que llega a Canarias, y desgranó medidas y cifras concretas de esa actuación; pero, para terminar, la vicepresidenta se dirigió a Rivero para recordarle que "su Gobierno es el decimoquinto, de 17 comunidades autónomas que menos invierte" en ayuda al África subsahariana, y le espetó a continuación que el Gobierno canario "es el único que no ha firmado el plan de acogida de inmigrantes para Canarias".

Fernández de la Vega se apresuró a salvar el comportamiento de los ciudadanos de las islas: "Esa actitud", le dijo al portavoz de CC, "contrasta con la de los ciudadanos canarios, que aguantan con responsabilidad y sensatez esta situación", y alzando el tono concluyó: "Obras son amores y no buenas razones, señor Rivero", en lo que pareció una clara manifestación de hartazgo, por parte del Gobierno central, ante las exigencias de las autoridades canarias y las quejas del Grupo de CC, que apoya en Madrid al Gobierno autónomo de las islas.

Ley heredera de la transición

La tarde parlamentaria se abrió con una pregunta del líder de IU, Gaspar Llamazares, sobre la Ley de la Memoria Histórica. Quería saber por qué el proyecto se limita "a la reparación moral y económica de las víctimas".

Zapatero respondió que es una ley "heredera de la transición, a la que, por cierto, el partido comunista contribuyó de manera decisiva, y es heredera de los valores democráticos y constitucionales".

El presidente se adelantó a la exigencia que le formuló más tarde Llamazares de "anular todas las sentencias" que dictaron los tribunales de excepción franquistas, y explicó que el reconocimiento "del sufrimiento y del olvido se hace en los términos constitucionalmente adecuados, no a través de una revisión jurídica que supondría una ruptura del ordenamiento constitucional, del ordenamiento jurídico". El presidente del Gobierno insistió en que "es una ley heredera del espíritu de la concordia, es una ley para la paz" para todas las familias y todas las personas "que aún no han podido disfrutar de ella".

Luego, las preguntas del secretario general el PP, Ángel Acebes, y del portavoz parlamentario, Eduardo Zaplana, a Fernández de la Vega tensaron el ambiente. Zaplana habló de la provisionalidad de los ministros que se han ido y de los que se anuncia su marcha para otras tareas. La vicepresidenta respondió que en democracia la actuación de un ministro es siempre "transitoria".