El Gobierno sugiere a la UE que E.ON se quedará con más activos de Endesa

El Gobierno dejó ayer claro que está abierto a introducir cambios en las desinversiones forzosas de activos de Endesa impuestas al gigante alemán E.ON si quiere comprar la primera eléctrica española. Según consta en un documento oficial enviado a Bruselas, el Ministerio de Industria analizará la "proporcionalidad" de las condiciones que obligan a E.ON a olvidarse de Ascó I y de la gestión de centrales nucleares, del negocio de Canarias y Baleares y de las centrales de carbón. El Ejecutivo defiende por razones de "garantía de seguridad de suministro" que se fijaran condiciones al grupo alemán, pero se compromete a que éstas se ajustarán al Derecho comunitario. Bruselas responderá "lo más pronto posible".

El presidente de E.ON, Wulf Bernotat, admitió públicamente a mediados del pasado agosto que, de las 19 condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a su oferta sobre Endesa, lo que más le "molestaba" era la obligación de desprenderse de activos. Ya entonces, Bernotat dejó caer que esperaba que las cosas no quedaran así cuando el ministerio de Industria valorara el recurso de alzada interpuesto por E.ON contra dichas condiciones.

Las exigencias del regulador español fueron consideradas en un dictamen preliminar como "ilegales" por la Comisión Europea, que vio en ellas una protección de Endesa frente a compradores exteriores. Es decir, una limitación del libre movimiento de capitales.

Garantizar el suministro

Como respuesta a los requerimientos de Bruselas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero le envió ayer un prolijo informe de 39 páginas en el que realiza toda clase de equilibrios. Por una parte, justifica que el regulador haya establecido condiciones a la oferta de E.ON, alegando "razones de garantía de la seguridad de suministro e interés general". Pero, por otra parte, vista la reticencia de Bruselas, el texto afirma que Industria puede proceder a "modificaciones" y "ajustes" en las condiciones, en línea con lo que avanzó el vicepresidente económico, Pedro Solbes.

Solbes, ayer, fijó entre finales de este mes y principios de octubre el tiempo que se tomará Industria para responder los recursos de alzada que le han presentado tanto E.ON como Endesa. Las eventuales modificaciones se realizarán "en línea con las alegaciones de las empresas, en especial la adquiriente". E.ON y Endesa, con un argumentario muy similar, rechazan que el cambio de dueño de la compañía española culmine con el troceo de parte de sus activos, equivalentes a un 32% de su potencia instalada.

El Gobierno dice en el texto que, como la CNE, ve "riesgos" en la "filialización" de Endesa para que se cumplan los intereses generales legítimos de España en materia de seguridad de suministro y de elección de las fuentes de suministro. Pero el Ejecutivo sugiere que explorará "otras medidas" que logren este mismo fin si las desinversiones se revelan desproporcionadas.

El documento -oficialmente, Bruselas se limitó a confirmar que lo había recibido y a decidir al respecto "lo más pronto posible"- augura cambios en la condición que obliga a E.ON a no primar los intereses propios de la sociedad matriz cuando adopte decisiones estratégicas.

El requisito que sí se mantiene es el que obliga a E.ON a tener que echarse atrás en su operación si en los próximos 10 años otra empresa se hace con más del 50% del capital de la compañía alemana. Esta condición fue la réplica a la condición impuesta por el Gobierno alemán a E.ON cuando aprobó la compra de la gasista Ruhrgas

En función de la valoración de los recursos de alzada de E.ON y Endesa que realice Industria, de rebote se deja la puerta abierta a que las condiciones puedan ya no ser imprescindibles y a que incumplirlas conduzca a la revocación de la venta de Endesa en un año.

La flexibilización de las condiciones de la CNE es el pilar del pacto esbozado por los Gobiernos español y alemán para resolver la batalla que libran por Endesa E.ON y Gas Natural.

A este respecto, el presidente del grupo alemán sacó pecho sobre cómo se le ha allanado el camino en su incursión en España en la cena que el pasado martes reunió en Bruselas a presidentes y consejeros delegados de buena parte de los pesos pesados energéticos de Europa, como Enel, EDF o las españolas Endesa e Iberdrola, según fuentes conocedoras de la cena. Los asistentes discreparon sobre las asimetrías que ofrecen los distintos países europeos, pero sí coincidieron en pedir mayor liberalización y la supresión de las tarifas oficiales.