¿Quién gestionará el nuevo Estatuto?

Las próximas elecciones al Parlament de Cataluña están situadas en un contexto complicado, y, además, todo apunta a que van a encontrar a la ciudadanía del país más bien en una alarmante baja forma política. Han sido tres años de incidentes notables en la vida política catalana, de muchas expectativas relativamente frustradas, de excesivo ruido. Y a pesar de la buena noticia de haber aprobado un nuevo texto estatutario, el propio precedente del referéndum que culminó su largo itinerario nos señala que no podemos ser muy optimistas en cuanto al grado de movilización esperable en estas pocas semanas previas a la jornada electoral. Pero, a pesar de todo, necesitamos ser conscientes de lo que nos jugamos en las elecciones del 1 de noviembre. El pacto Zapatero-Mas si bien logró desencallar el Estatuto en su fase final, abrió nuevas incertidumbres sobre cómo se iba a concretar la implementación del mismo. Y en estas últimas semanas la sensación es que el largo viaje habrá servido para muy poco si el que acaba conduciendo el tren no tiene demasiadas ganas de avanzar todo lo que sería posible y deseable. Todos sabemos que los impactos de cualquier nuevo texto legislativo dependen en buena parte de cómo, con qué ritmo y con qué entusiasmo se va a gestionar su puesta en práctica. Si eso es cierto casi siempre, en el caso del nuevo Estatuto es aún más significativo. Los ajustes de última hora, los bloqueos procedentes de la alta burocracia estatal, la introducción de nuevas ambigüedades en algunos artículos significativos, las mismas reticencias que algunos grupos expresaron en la aprobación de partes del texto, nos hacen pensar que en las elecciones del 1 de noviembre nos jugamos algo más que otorgar capacidad de gobierno a un partido u otro.

Conviene tener presente, por ejemplo, que las reticencias del Partido Popular y de Convergència i Unió con relación al apartado del nuevo Estatuto dedicado a los derechos fueron muy claras. En este tema, cuyo desarrollo en uno u otro sentido depende enormemente de la voluntad política de los gobernantes de turno, estamos pues claramente a expensas de quien gane las próximas elecciones. Recordemos que en el Estatuto figura una larga lista de derechos dedicados a la familia, los menores, la gente mayor y las mujeres. Se argumenta a favor del derecho a morir con dignidad, se reafirma el derecho a la asistencia sanitaria gratuita en los servicios de responsabilidad pública, y se recoge el derecho a recibir una renta garantizada de ciudadanía para las personas sin recursos económicos. Y todo ello asumiendo que la responsabilidad de los poderes públicos no tiene por qué conducir al monopolio público de los servicios, ya que se hace una mención especial al papel de las organizaciones del tercer sector en el ámbito de los derechos sociales. En el texto se concretan aspectos muy actuales y polémicos en los ámbitos del trabajo, de la vivienda y de los derechos y deberes medioambientales. Se recoge el derecho de los ciudadanos de Cataluña a promover consultas populares en un ámbito, el de participación ciudadana, en el que, si bien hemos avanzado, aún tenemos tanto por hacer. Y cuando se mencionan los principios rectores o de orientación de las políticas públicas a promover por el nuevo Gobierno que surja de las elecciones del primero de noviembre, el texto estatutario es notablemente innovador, aunque esta parte tenga menor fuerza jurídica. Se habla de emancipación de los jóvenes, de protección de los discapacitados, de solidaridad intergeneracional, de igualdad en la unión de parejas sea cual sea su orientación sexual, de transversalidad en la introducción de la perspectiva de género en las políticas, de la necesidad de reconocer y tener en cuenta el trabajo de cuidado y atención en el ámbito doméstico, de políticas comunitarias y del fomento de las relaciones interculturales. Y hay una mención especial, que yo destacaría de manera muy relevante, a la necesidad de impulsar la economía social, renovando así y reforzando esa tradición cooperativa y popular tan arraigada en Cataluña y que deberíamos apuntalar política y económicamente.

La pregunta es: ¿un Gobierno presidido por Artur Mas, o un Gobierno en el que la fuerza de convergentes y socialcristianos sea determinante va a tomarse en serio la implementación de esta parte del Estatuto? ¿Es coherente, por ejemplo, defender ese texto estatuario y querer implantar el sistema de cheque escolar o de cheque por servicios sociales? ¿Es creíble que la coalición que gobernó más de 20 años en Cataluña haya cambiado tanto para que ahora se lancen entusiasmados a defender un programa de cohesión social y de igualdad como el que, al menos yo, entiendo que plantea una lectura progresista del texto estatutario? Es evidente que CiU tiene todo el derecho a gobernar con este Estatuto. Lo que quiero argumentar es que sus prioridades van a ser distintas de las que pueda tener un Gobierno que se siente cómplice e inspirador de esa parte para mi sustancial del nuevo Estatuto.

Todos estamos un poco o un mucho cansados de una forma de hacer política en la que sólo son protagonistas los mismos actores. Hablan entre ellos, gesticulan, bromean y se lanzan guiños que sólo parecen importar a los insiders, a los que saben. La tentación a dejarles jugar solos es muy grande. Hay mucho despecho y sensación de hastío o de inutilidad con relación a la política institucional y partidista entre aquellos con los que cotidianamente me relaciono. Pero la búsqueda de nuevas formas de hacer política, de expresar alternativas sobre cómo organizar la vida colectiva de este país no debería dejar de lado esa tan significativa parcela de la política que sigue siendo la dinámica institucional. En el nuevo Estatuto no hay duda de que laten elementos centrales de defensa de calidad de vida de las gentes de este país. Y la defensa de una lectura u otra, el poner el énfasis en una parte u otra del programa político que esboza el nuevo orden legislativo dependerá sobremanera de las fuerzas políticas que gobiernen en la próxima legislatura. Si bien es cierto que la política no acaba en las instituciones, es asimismo cierto que en las instituciones se sigue administrando y decidiendo de manera significativa.

Joan Subirats es catedrático de Ciencia Política de la UAB.