El Gobierno aumenta la nómina de asesores un 42%, hasta alcanzar las 115 personas

El Gobierno elevó el año pasado el número de asesores a su servicio en 34 personas, lo que supuso un aumento con respecto a 2004 de un 42% en estos puestos de libre designación que no tiene obligación de publicar en el Boletín Oficial. La retribución media de estos cargos se situó en 65.000 euros anuales, mientras que en 2004 había sido de 56.795, lo que supone una subida de sus salarios de un 14,4%. Los departamentos más prolíficos en estas contrataciones fueron el de Vivienda (EB), los de Justicia y Ordenación del Territorio (EA), y los de Transportes y Sanidad (PNV).

La Administración vasca no deja de crecer y de encarecerse, pese a la reiteración en los programas de gobierno de las buenas intenciones en el sentido de reducir la dimensión de los aparatos burocráticos y simplificar las estructuras administrativas. Éste era, concretamente, uno de los 47 objetivos que la actual vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, estableció cuando dirigía a finales de los noventa la OMA (Oficina para la Modernización de la Administración), a las órdenes del hoy lehendakari, que entonces ocupaba su puesto.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por el propio Ejecutivo de Ibarretxe, el número de asesores al servicio de los distintos departamentos del Gobierno tripartito (PNV, Eusko Alkartasuna y Ezker Batua) creció muy significativamente en el último ejercicio, según revela la comparación entre las cifras de 2004 y las de 2005. Este crecimiento del personal de confianza que pueden contratar libremente los consejeros y sus segundos en los departamentos acompaña también al experimentado en sus escalones políticos, ya que la nómina de altos cargos en los rangos de viceconsejeros y directores tampoco ha dejado de progresar.

La convivencia dentro del Ejecutivo de tres partidos partisos distintos, cada uno con sus propias necesidades, puede guardar una estrecha relación con esta tendencia expansiva. De hecho, son departamentos gestionados por los dos partidos menores del Gobierno los que más han inflado la presencia de asesores: Vivienda y Servicios sociales, gestionada por Ezker Batua, duplicó casi su cifra de asesores el año pasado (pasó de de 8 asesores a 15, mientras los de Justicia, Empleo y Seguridad Social, y Medio Ambiente u Ordenación del Territorio, en manos de Eusko Alkartasuna, incrementaron su nómina de 7 a 12 asesores y de 4 a 7 respectivamente, aumentos que suponen hasta un 88% respecto al año anterior.

Con todo, fue un departamento del PNV, el de Transportes y Obras Públicas, el que con el cambio de consejera (Nuria López de Gereñu sustituyó a Álvaro Amann en el nuevo Gabinete de Ibarretxe) dobló su número de asesores, pasando de los 5 que había en la consejería la anterior legislatura a los 10 actuales. También el responsable de Sanidad, el peneuvista Gabriel Inclán, elevó en un 75% este personal, que ha pasado de cuatro a siete personas. El resto de los departamento observaron crecimientos en torno al 40% y sólo Presidencia, Vicepresidencia y Hacienda (estos dos últimos departamentos gestionados por la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia) han seguido una política de contenciónm manteniendo prácticamente su situación anterior.

En su conjunto, el Ejecutivo pasó el pasado año de tener 81 asesores a contar con 115 personas de confianza y libre designación de los departamentos. Al no ocupar un puesto contemplado ya en la estructura orgánica del Gobierno, no existe obligación legal de publicitar la contratación de los afectados en el Boletín Oficial del País Vasco. Ese crecimiento del 42% en la cifra de asesores, cuando se estudia el gasto en sus retribuciones supone un 10% más que el año anterior. Todo ello tan sólo en los 13 departamentos del Gobierno, incluidos Presidencia y Vicepresidencia, es decir, sin contar con los asesores de empresas, sociedades o fundaciones públicas.

La observación de los datos proporcionados por el Gobierno arroja también una llamativa profusión de salarios diferentes: hasta 88 retribuciones distintas, frente a las 17 de un año antes, según un estudio realizado por el Grupo Socialista en el Parlamento, que ha interpelado a la vicelehendakari para que ofrezca explicaciones sobre la inexistencia de una regulación suficiente del estatus de este personal al servicio de la Administración pública.

El salario medio de 81 asesores es de 65.000 euros anuales, pero las retribuciones varían grandemente: entre los 30.000 euros que cobran dos de ellos hasta los más de 100.000 que perciben otros tres. En conjunto, un aumento del 14,4% sobre el año anterior.

Retribuciones dispares

La mayor parte de los asesores doblan cuanto menos el salario de los menos favorecidos entre ellos: 35 perciben entre 60.000 y 65.000 euros y otros 19 están por encima de esas cantidades. Casi ninguno cobra lo mismo que sus homólogos del mismo u otro departamento. La relación ofrecida por el Gobierno registra incluso el caso de una persona contratada como asesor de prensa que cobró 42.930 euros por dos meses de trabajo, entre finales de junio y finales de agosto de 2005.

Por su parte, entre los asistentes y administrativos de personal de apoyo, había seis escalas distintas en 2004, con una media de 32.000 euros. En 2005 existen 30 retribuciones distintas para 35 personas, la mayoría de ellas con salarios entre 35.000 y 40.000 euros. El aumento en estas categorías ha sido menor, de un 5,9%, ya que el sueldo medio del año pasado era de 34.400 euros anuales.

La interpelación del PSE a la vicelehendakari deja abierta la puerta a una posterior moción que sería debatida en pleno. A juicio de la diputada socialista que la presentó la semana pasada, Joana Madrigal, la regulación legal existente sobre los asesores gubernamentales es totalmente insuficiente. Ésta se atiene a un acuerdo de Consejo de Gobierno adoptado el 26 de julio de 2002, que no fue publicado en su momento ni figura en las bases de datos que contienen las referencias de acuerdos que se publicitan tras las reuniones semanales de los martes.

Madrigal defiende la necesidad de que el Gobierno establezca una RPT (Relación de Puestos de Trabajo) de personal de confianza y quiere que el Ejecutivo termine regulando a través de una ley, y no de un mero acuerdo del Consejo de Gobierno, la existencia y el estatus de los asesores del Ejecutivo.

Se soslayarían así, a su juicio, los problemas derivados de la debilidad de la normativa actual, precisamente debida a su rango. Este hecho, unido a la "falta de transparecencia", propician el "caos organizativo y derrochador en que se halla inmerso el Gobierno", a juicio de la parlamentaria Joana Madrigal.