La altura del pozo

Carlos Luis Álvarez acababa de llegar a Abc y el director del periódico, Luis Calvo, le llamó a su despacho. Primero quiso confirmar si, como le habían dicho, el nuevo redactor quería ser escritor. Enseguida le encomendó una tarea acorde con esas aspiraciones: la de corregir las informaciones de sucesos que preparaba el veterano Carlos Carpentier. Aquella tarde recibió un fajo de cuartillas escritas a mano y leyó en la que servía de título: Muere al caer a un pozo de siete metros de altura. "Carlitos", se atrevió a señalar Carlos Luis, "querrás decir de profundidad". Pero Carpentier se reiteró al instante aduciendo que él siempre escribía desde el punto de vista del muerto.

Y es que en el periodismo, como en la historia, la perspectiva, el ángulo de visión, resulta fundamental. Lo estamos comprobando cada día al sintonizar las frecuencias de la radio y en este alud de conmemoraciones al cumplirse los 70 años de la Guerra Civil. Pero además conviene tenerlo muy presente ahora que andamos a vueltas con El Pocero, ese cíclope de La Mancha que, dispuesto a luchar contra los elementos, está levantando más de 13.000 viviendas en medio de la nada de Seseña. Claro que para ello ha contado con las bendiciones precisas de una corporación municipal cuyos ediles en el número necesario han pasado, sin romperlo ni mancharlo, a formar parte de la nómina del nuevo prócer de la construcción.

Como siempre "unos cardan la lana y otros llevan la fama". Y la fama de El Pocero se ha visto favorecida por el nivel de pregnancia del alias con el que se le conoce. Pero su caso guarda grandes analogías con otros que se encuentran en diferentes situaciones procesales. Véase la Operación Malaya en Marbella, la Operación Ballena Blanca, la transubstanciación de Terra Mítica en el Benidorm de Eduardo Zaplana o el amurallamiento de la costa mediterránea de Gibraltar al Cabo de Creus, escándalo de primera página en el diario Le Monde. La primera cuestión que surge es por qué ninguno de los partidos políticos, siempre tan propensos a la denuncia del rival, le pone el cascabel al gato. Y la respuesta más elemental es porque todos ellos son beneficiarios del reparto.

Por eso, ha sido del máximo interés y al mismo tiempo ha permanecido en la más absoluta opacidad el curso celebrado el pasado agosto en la sede del palacio de La Magdalena de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo con el título El urbanismo, factor de corrupción bajo la dirección de José Antonio Martín Pallín, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Sostiene el director del curso que el urbanismo es algo demasiado importante como para dejarlo en manos de los ayuntamientos, y subraya que la dispersión de las normativas autonómicas provoca el descontrol de los planes urbanísticos. Para el magistrado, existe un deslumbramiento entre los vecinos de cada municipio respecto a los beneficios que puede producir para la localidad la urbanización desenfrenada y falta una reflexión acerca del pavoroso panorama que resulta después.

El urbanismo, apunta Martín Pallín, ha dejado de responder a criterios de desarrollo racional y sólo atiende a finalidades puramente especulativas que, aplicadas a una materia tan esencial y de primera necesidad como la vivienda, llevan necesariamente a la comisión de delitos. En su opinión, los delitos urbanísticos dada su gravedad deberían ser sancionados con penas mayores que las ahora previstas. Pero, sobre todo, reclama más medios judiciales para combatir estos abusos. Por último, queda su interpelación a los políticos para que decidan si la prioridad es la "microdelincuencia" o si el peligro mayor es la "macrodelincuencia" instalada en el área de la construcción.

Desde el fondo del pozo, como las víctimas de la información de sucesos de Carlos Carpentier, podemos calibrar la altura que nos separa del brocal donde está la luz y el aire libre. Mientras, al iniciarse el periodo de sesiones del Congreso de los Diputados, sigue sin atisbarse para cuándo queda el proyecto pendiente de la Ley de Financiación de Partidos al que correspondería establecer la transparencia de los ingresos y fijar la limitación de los gastos. ¿Ayudaría esa ley a contener los despilfarros que luego cubren los promotores afines? La solución, en el próximo número.