Alguien delató a la expedición de Cheik

De la comisaría de policía de Ziguinchor a la oficina del Procurador de la República (equivalente a un fiscal de provincia en Senegal) hay 200 metros. Pero la policía ha montado un fuerte dispositivo de seguridad para hacer el traslado de los prisioneros. En una furgoneta blindada con rejas en sus ventanillas, 27 jóvenes detenidos de madrugada el pasado viernes a la entrada de la capital de Casamance -la región más al sur del país- recorren hacinados ese mínimo trayecto. Comparten el espacio con ocho policías con sus porras y fusiles que los conducen al tribunal.

Ninguno pasa de 24 años, y el menor dice tener 18. Vienen de Dakar, donde pagaron a un pasante (como llaman a los pescadores reconvertidos al negocio de la inmigración) entre 350.000 y 400.000 francos CFA (entre 530 y 610 euros) en una gasolinera de las afueras de esa capital. Al pasar su autobús por el puente de Emile Badiane, la entrada norte de Ziguinchor, una patrulla les paró. Todos fueron a comisaría, donde pasaron el fin de semana como sospechosos de inmigración clandestina.

Los arrestados pueden ser castigados con 10 años de prisión y multas de 7.600 euros

El furgón policial atraviesa la cancela del chalé colonial que sirve de oficina al fiscal. Un agente abre la puerta mientras otro apunta con su rifle y los chavales empiezan a salir. La llegada se produce en medio de una tormenta y los emigrantes son obligados a sentarse en el suelo del porche de la sede del procurador. El jefe de la patrulla los cuenta al menos tres veces antes de dejarlos bajo vigilancia en el edificio judicial. "¡Quedaos todos aquí hasta que os llamen!" les ordena antes de irse.

"Estamos seguros de que alguien nos ha delatado, porque esto no es normal", explica Cheik, estudiante de 19 años, mientras espera su turno para declarar. "Cuando los gendarmes nos pararon nadie confesó que queríamos a ir a España. Les dijimos que íbamos de vacaciones a pasar unos días con unos parientes o a comprar mercancía para vender en Dakar, pero ellos nos detuvieron igualmente", prosigue. "Somos todos senegaleses como ellos, ¿por qué no podríamos venir aquí? Es nuestro país".

Cheik cuenta su plan frustrado mientras los policías bromean con sus compañeros. Dice que decidió intentarlo hace un año y que lo habló con sus padres, que le dieron su apoyo. Ellos, sus cuatro hermanos y otros parientes le regalaron sus teléfonos móviles para que los pudiera vender. Mamadú, su mejor amigo y compañero de instituto, terminó de convencerle. "Me llamó en junio desde España para decir que tenía de todo", relata el chico. "Contó que le habían curado, que le daban cada día tres veces de comer y que, gracias a la Cruz Roja, tenía ropa nueva", le aseguró. "En cuanto salga de aquí voy a buscar trabajo", añadió.

El joven entendió entonces que había llegado el momento de partir. Otro de sus compañeros, que intentó el viaje con él, le reveló el lugar de cita con el pasante. Sin avisar a sus familiares puso en su mano el dinero y subió al autobús en el que después le detuvieron junto a sus 26 compañeros. "La gente decía que Ziguinchor era un buen lugar para partir porque no hay apenas vigilancia", explica Cheik.

La de Cheik es la cuarta expedición a España frustrada. En total, 256 acusados de este delito han pasado por la prisión de Ziguinchor desde junio. Pero desde los cientos de embarcaderos de este estuario tropical donde el cayuco es el mejor medio de transporte, parten barcas cada día sin que las autoridades lo puedan impedir.

La provincia abarca los dos márgenes del río Casamance, que a esta altura de curso, alcanza varios kilómetros de anchura. El laberinto de islas y canales que se encuentra en ambas orillas es perfecto para esconder las piraguas. La marina senegalesa sólo tiene una base en la zona, la de Elinkin, una chabola con un soldado y dos lanchas, que no dan abasto. Basta que los cayucos se adentren en el río para poder escapar, y cientos de senegaleses, gambianos y guineanos, lo saben. Todos esperan en los embarcaderos su oportunidad.

Los chavales pasan uno tras otro al despacho del procurador y, después de unos minutos, vuelven a sentarse al porche. Cuando el fiscal da por terminado el trámite, la furgoneta vuelve a entrar y se los lleva a la cárcel. Son sospechosos de tráfico de inmigrantes y la ley penal senegalesa prevé para ese delito penas de cinco a 10 años de prisión y multas de hasta 7.600 euros que los jóvenes nunca podrán pagar. El juicio, según el fiscal, se celebrará el 21 de septiembre.

"El Ministerio de Justicia nos ordenó en junio endurecer las penas contra los emigrantes", explica el procurador, Salim Mbayo, tras una larga queja sobre su sobrecarga laboral de la mañana. Desde entonces, el fiscal no considera víctimas del tráfico de personas a los que pagan por el viaje, sino autores de la infracción que deben ir a la cárcel. "Pero hasta el momento no hemos tenido mucho éxito", sigue Mbayo. "Tras unos días de prisión provisional, el juez los deja libres con la obligación de no intentarlo de nuevo, pero en cuanto pueden, se vuelven a embarcar".