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El último Onze de Setembre de Maragall

El Gobierno calcula que Cataluña recibirá 400 millones más en 2007

Los partidos exigen a Solbes unos presupuestos que recojan la inversión fijada en el Estatuto

El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ya ha calculado el coste de la aplicación de la disposición adicional del Estatuto catalán en la que se obliga al Estado a invertir durante siete años en esa comunidad al menos el porcentaje de la participación del PIB catalán en el total, 18,8%. En los Presupuestos de 2007, eso supondrá un aumento de 400 millones de euros en inversiones en infraestructuras, según explicó ayer Ocaña tras reunirse con la CEOE.

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Esta cifra sólo se refiere a las inversiones territorializables y deja fuera las del Fondo de Compensación Interterritorial. Ocaña aseguró que esta partida que aumenta es "relativamente pequeña" dentro de los Presupuestos, cuyo techo de gasto no financiero se sitúa para este año en 142.925 millones de euros.

Ocaña ya ha cerrado para esta semana su ronda negociadora de los Presupuestos con los grupos políticos. La serie se abrirá el miércoles con los aún llamados socios preferentes, Esquerra Republicana e Izquierda Unida-Iniciativa.

Convergència i Unió, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Vasco serán recibidos el jueves. Este orden ha irritado a CiU, que pensaba que la nueva relación abierta con el PSOE después del pacto del Estatuto le permitiría ser la primera en la ronda y así intentar capitalizar cualquier modificación presupuestaria favorable a los intereses de Cataluña.

En cualquier caso, el presidente de CiU, Artur Mas, se limitó ayer a pedir al Gobierno central que "confirme" el pacto alcanzado entre él y el presidente Zapatero según el cual el Estado debe invertir en infraestructuras el 18,8% de su presupuesto durante los próximos siete años en Cataluña.

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Esquerra Republicana también reiteró que la aprobación de los presupuestos no será un camino de rosas para el PSOE. El líder de ERC aseguró que su formación no apoyará unos presupuestos del Estado si éstos no incluyen que la Generalitat tenga competencias en aeropuertos e inmigración. El líder de ERC, Josep Lluís Carod Rovira, ofreció al PSC, ICV y CiU, hacer un frente común para conseguir estos objetivos de autogobierno. Pero se mostró desconfiado y recordó al resto de fuerzas políticas catalanistas que si de veras querían que la Generalitat asumiera el control del aeropuerto de El Prat deberían haberlo logrado durante las negociaciones estatutarias.

Los cálculos del secretario de Estado de Hacienda fueron recibidos por el PP catalán como "la prueba de que los presupuestos se están elaborando en clave electoralista". Lo dijo Josep Piqué para criticar la reunión que la semana pasada mantuvieron representantes del Gobierno catalán con el Gobierno central para garantizar que Cataluña tendrá el incremento previsto en inversiones del Estado para infraestructuras.

A las críticas sobre esta reunión se sumaron todos los partidos excepto el PSC. El primer secretario de los socialistas catalanes, José Montilla, se defendió asegurando que la celebrada la semana pasada fue sólo "una reunión más" de las previstas entre ambos gobiernos y entre el PSC y el PSOE para dejar atado el espinoso punto de las inversiones antes de los comicios del primero de noviembre. "Debemos asegurarnos de que Cataluña cuenta con las inversiones que necesita", recordó.

Para Joan Saura, de Iniciativa per Catalunya, el debate abierto en torno a las inversiones en infraestructuras es poco menos que estéril. "Zapatero debe limitarse a cumplir lo que dice el Estatuto; el aumento de las inversiones en Cataluña no debe ser visto como un premio".

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