Llegada de inmigrantes a Canarias

¿Cuántos inmigrantes puede acoger la sociedad española? Últimamente parece ser que la respuesta a esta pregunta depende exclusivamente de la magnitud de las infraestructuras de acogida con que cuentan las distintas comunidades autónomas. Se olvida así que la pregunta parte de un supuesto relativamente falso, y es que, si se observa la inmigración desde una perspectiva general, los inmigrantes no suponen tanto un gasto social como una contribución al crecimiento de la economía local. Así lo demuestran las cifras recientemente entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas.

Esto hace que deba considerarse la capacidad de recepción a partir de la relación entre el crecimiento que los inmigrantes aportan y el gasto que suscitan. Ahora bien, si centramos la mirada en el caso particular del arribo masivo de inmigrantes subsaharianos a las islas Canarias, y su posterior distribución por las distintas comunidades, parece que prima el gasto social que suscitan sobre su aporte a la producción; por lo menos, en las primeras etapas de su trayectoria. Si asumimos este supuesto como cierto, la pregunta inicial cobra cierta validez y la respuesta que tiene surge de una ecuación muy simple en el papel, pero muy compleja fuera de él: mayor será la capacidad de una sociedad para absorber inmigrantes en condiciones precarias, mientras mayor sea su voluntad de sacrificar parte de sus ingresos en función de aliviar las necesidades del otro. Al contrario, menor será esta capacidad de absorción cuanto menos dispuesta esté la sociedad a utilizar su propia riqueza para atenuar el sufrimiento ajeno.

Dicho de otro modo, el número de inmigrantes en condiciones precarias que puede absorber una sociedad está en relación inversa al nivel de tolerancia que esa sociedad tiene para soportar el dolor y la pobreza del otro. Como vemos, en el caso particular de la llegada de inmigrantes subsaharianos a Canarias, la respuesta a la pregunta inicial requiere resolver un dilema ético más que económico. No es un problema de cantidad de recursos, sino del uso que se da a esos recursos. Para resolver este dilema es necesario que la sociedad española se defina en este sentido.