Una nueva ley obligará a identificar a 16 millones de usuarios anónimos de móviles

Una nueva ley obligará a las compañías telefónicas a conservar durante un año los datos de las comunicaciones de sus clientes. Además, las tiendas que venden tarjetas prepago deberán identificar a los compradores en un libro de registro. Los 16 millones de móviles anónimos que hay ahora también deberán identificarse. Así figura en el proyecto legal que ha redactado el Gobierno para combatir la delincuencia y el terrorismo a través de un control de las comunicaciones telefónicas. Se trata del anteproyecto de ley de conservación de datos relativos a las comunicaciones electrónicas y a las redes públicas de comunicación, cuyo texto han elaborado Justicia e Interior.

La investigación sobre las comunicaciones fue una de las claves para la rápida detención de parte de los responsables del mayor atentado en la historia de España el 11-M de 2004. Para perpetrar la matanza en los trenes, los terroristas usaron teléfonos móviles para activar las bombas compuestas por dinamita del tipo Goma 2 ECO.

El Gobierno español impulsó en el seno de la Unión Europea la aprobación de una directiva comunitaria que regulara el control de las comunicaciones. El pasado febrero, el Consejo de Ministros de la UE aprobó la directiva y dio un plazo de 18 meses a los países miembros para trasladarla a sus legislaciones.

Ahora, la ley vigente obliga a las compañías a conservar los datos durante un máximo de un año. A partir de la aprobación de la normativa que ha elaborado el Gobierno, el plazo mínimo será de 12 meses y, en casos excepcionales, se podrá ampliar hasta los dos años. Las compañías telefónicas guardan ahora los datos por razones comerciales y de facturación por un plazo medio de tres meses.

Los datos que deberán ser conservados son los de tránsito, no el contenido de las conversaciones. Esos datos permiten conocer el origen y el destino de la llamada, la duración de la misma y el lugar exacto desde la que se realiza.

Las compañías telefónicas consideran que no hay complicaciones técnicas para cumplir con la ley, pero que deberán gastar unos veinte millones de euros más para llevar a efecto lo que establece la normativa.