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Editorial:

Corrientes de pobreza

Las migraciones se mueven por causa de las diferencias extremas de riqueza entre los países, y la brecha entre los ricos y los más pobres ha aumentado hasta el delirio en las últimas décadas. Según el informe El estado de la población mundial que acaba de publicar la ONU, en los últimos 50 años se han duplicado los movimientos migratorios, que afectan a 191 millones de personas. Para confirmar la tesis de las diferencias trágicas de bienestar, resulta que tres de cada cuatro inmigrantes están viviendo en sólo 28 países de destino; y el décimo país con mayor número de extranjeros es España, cuya opinión pública sufre el debate constante entre el Gobierno y el PP sobre la presunta existencia del efecto llamada y las dificultades para articular políticas razonables de control de la inmigración.

El informe de la ONU describe y recopila, pero ni aclara ni sorprende. Resulta llamativo el peso creciente de las mujeres en los movimientos migratorios -son ya más de 95 millones-, y produce consternación el tráfico sexual persistente, que afecta cada año a unas 800.000 mujeres. Pero, como motivo principal de reflexión, resalta el hecho de que existen en el mundo entre 30 y 40 millones de emigrantes en situación irregular, es decir, que malviven sin derechos en los países de destino. Ante esta evidencia y ante la seguridad de que la gran marcha de desfavorecidos seguirá presionando sobre las fronteras del Primer Mundo, las cuestiones inmediatas, como ha demostrado el ejemplo de España, consisten en decidir qué políticas de regulación se aplicarán en cada país o zona económica, y en determinar si los inmigrantes deben acceder a los derechos mínimos, el sanitario por ejemplo, o permanecer en la miseria de los sin patria.

Hoy no existe otro tratamiento que el reconocimiento periódico de los extranjeros que trabajen y aporten riqueza a la sociedad en la que viven, con papeles o sin ellos. Un informe de Caixa Catalunya calculaba recientemente que la inmigración ha aportado seis décimas anuales al crecimiento del PIB per cápita español entre 1995 y 2005. El control racional de la inmigración sólo puede conseguirse a medio plazo con planes continuados y sustanciales de inversión en las zonas con mayor emigración, la coordinación de políticas de inmigración en todos los países de la UE y la presión sobre los países de origen para que eviten las huidas de su población. Desgraciadamente, ninguna de las tres iniciativas está en marcha.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de septiembre de 2006