Policías contra los accidentes en el tajo

Si un obrero está en un andamio sin, por ejemplo, el casco o el cinturón de seguridad y lo ve alguno de los casi 7.000 policías municipales que hay en Madrid, a su empresario puede salirle caro. Jueces, fiscales, sindicatos y el Ayuntamiento de Madrid pusieron ayer en marcha una experiencia pionera en España cuyo objetivo, por un lado, es frenar la alta tasa de siniestralidad laboral y, por otro, acabar con la impunidad que flagela a este tipo de delitos.

Desde ayer, la Policía Municipal de Madrid, revestida de autoridad judicial, vigilará los tajos de la capital. Y comunicará al instante a la fiscalía y a la inspección de Trabajo los incumplimientos de la normativa laboral.

Muchos accidentes laborales no se investigaban hasta ahora porque ni al juez ni al fiscal les llegaban noticias de ellos a través del procedimiento habitual: el atestado policial. Los jueces no abrían diligencias porque el accidentado moría en la ambulancia o en el hospital y no siempre recibían información de ello. O simplemente estos datos pasaban inadvertidos porque, según la Fiscalía de Madrid, se trataba de un simple parte médico del hospital en el que no se especificaba al juez el origen de las heridas.

Los funcionarios recabarán pruebas y actuarán como policía judicial

Ayuntamiento, jueces y fiscales ponen en marcha una iniciativa pionera en España

Ahora, será difícil que un siniestro laboral pase inadvertido para jueces y fiscales:

se ha encomendado a la Policía Municipal de Madrid elaborar un minucioso atestado por cada siniestro que ocurra en la capital.

¿Cómo se enterarán los agentes del accidente? Los servicios sanitarios del Ayuntamiento de Madrid, los que acuden en primer lugar al tajo para retirar al herido o heridos, avisarán sobre la marcha a una brigada de Policía Municipal creada a propósito para este menester. Los agentes comunicarán el hecho al fiscal de guardia de Madrid y éste los comisionará, en calidad de policía judicial, para que se desplacen al instante a la obra y levanten el atestado. Los agentes irán provistos de cámaras de vídeo para grabar el lugar del accidente y recabarán pruebas con vistas al juicio.

Al margen de los retrasos judiciales (y las causas laborales son las grandes víctimas de estas demoras), parte de la impunidad de estos asuntos se debe a la escasez de pruebas que suelen llegar al juicio.

Algunas veces, los inspectores, saturados de trabajo, acuden al lugar del accidente cuando el empresario ya ha ocultado las pruebas de cargo o bien se ha deshecho de los testigos de lo ocurrido. "Muchas veces", explica el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix, "los testigos son trabajadores sin documentación sometidos a explotación". La llegada inmediata de los investigadores de la Policía Municipal permitirá interrogar sobre la marcha a los testigos del suceso. "Y éstos si colaboran, incluso podrían beneficiarse de un trato de favor a la hora de regularizar su situación por ayudar al esclarecimiento del delito", añade Moix.

La presencia en el tajo de los agentes será, pues, inmediata. Lo que tarden servicios como el 112 o el del SUMMA en avisarles. En los juzgados de la plaza de Castilla ya hay un destacamento de la Policía Municipal (junto con otro de la nacional) a disposición de los jueces y que desarrolla tareas de policía judicial. Se trata de 60 hombres al mando del inspector Pablo Enrique Rodríguez, a los que se sumará otro contingente de apoyo en temas de siniestralidad laboral.

Poner en marcha esta iniciativa, ideada por el teniente fiscal y coordinador de delitos laborales de Madrid, Pedro Martínez, no ha sido fácil. La fiscalía, el juez decano, José Luis González Armengol, la inspección de Trabajo y el Ayuntamiento de Madrid vienen trabajando en ella desde hace muchos meses. Ayer fue materializada mediante un convenio en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pusieron su firma en el convenio el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón; el fiscal jefe y el juez decano. Y se adhirieron a él las principales centrales sindicales, CC OO, UGT y CSI-CSIF y CTPM.

Tanto el fiscal jefe como el alcalde de Madrid coincidieron en definir el convenio como un instrumento eficaz para atajar la enorme tasa de siniestralidad que sufre Madrid, con accidentes mortales casi a diario. El alcalde se felicitó porque se cuenten con los efectivos de la Policía Municipal para este cometido y que se les revista al efecto de la condición de policía judicial. Ruiz-Gallardón agradeció "al Poder Judicial y a la fiscalía su determinación en la defensa de los intereses de los trabajadores de Madrid".

El decano González Armengol precisó que el objetivo del convenio es "que desde el primer momento del accidente, los investigadores dispongan de los medios técnicos y materiales suficientes para que la instrucción judicial llegue a buen puerto". El fiscal jefe señaló que la tasa de accidentados y fallecimientos en Madrid "es inaceptable" y destacó el esfuerzo que se va a hacer desde la fiscalía para erradicar esta lacra y, en su caso, conseguir "sentencias condenatorias".

Un fiscal, Ángel Muñoz, se dedicará en exclusiva a coordinar los atestados de la policía en materia de siniestralidad laboral.

Los firmantes del convenio echaron en falta en el acto a la Comunidad de Madrid, que supeditó la firma del convenio a que se invitase a la Federación de Municipios. Exigencia que, según fuentes jurídicas, fue planteada "muy a última hora" por el departamento que preside el consejero de la Mujer y Empleo de la Comunidad, Juan José Güemes. Fuentes sindicales aseguraron que, detrás de la ausencia de Güemes, "hay un asunto de protagonismo en la firma del convenio frente a Ruiz-Gallardón". Ahora, la idea es extender esta iniciativa a toda España.