Sevilla se opone a la pretensión de Barberá de construir en el puerto

El Gobierno y el Ayuntamiento de Valencia no mueven ficha. Mientras el vicepresidente del Consorcio Valencia 2007 y ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, mostró ayer su negativa más rotunda a la inclusión de viviendas en la futura marina de Valencia, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, incidió en la importancia de no descartar el uso residencial en la zona. La primer edil dio por abierto el concurso de ideas para la posterior elección de un proyecto que será adjudicado antes de las elecciones.

Los representantes del Gobierno decidirán en las zonas que son de su competencia

"No tiene que haber rigidez en ningún tema y nada debe sacralizarse si nos fijamos en todas las marinas hay viviendas", aseguró ayer Barberá. "El terreno portuario no puede ser residencial", sentenció Sevilla. La Ley de Puertos le da la razón al ministro de Administraciones Públicas, ya que prohíbe la posibilidad de dar un uso privado a terrenos de dominio público, salvo si se decide desafectar los mismos.

La última palabra la tiene el Gobierno central, propietario de las dos terceras partes de los 1.350.000 metros cuadrados que deberán convertirse en la nueva marina y su zona de influencia. El proceso ya está en marcha. Barberá dio ayer por abierto el concurso de ideas que deberá dar forma a la actual dársena, a los muelles de Levante y Poniente, a Astilleros y al sector del Grao.

El calendario también está fijado. Se podrán presentar los proyectos hasta el próximo 8 de febrero y se conocerá el diseño ganador el 2 de marzo, antes de las próximas elecciones municipales.

En cuanto al pliego de condiciones, la primer edil señaló que se trata tan sólo de "recomendaciones" y que todo esta aún por definir. Ganar accesibilidad en la zona del Grao y Astilleros, preservar los edificios de valor histórico como la Casa del Reloj, los tinglados y el edificio de Aduanas, y acabar con los obstáculos que impidan la vertebración entre el Puerto y la ciudad son algunas de las sugerencias que deberán respetar las propuestas presentadas. Estas condiciones implican la desaparición de las bases de los equipos que concursan actualmente en la Copa América que se sitúan en el área de los tinglados 3 y 4.

Barberá quiere que en estos 1.350.000 metros cuadrados se instalen equipamientos culturales, empresas vinculadas a las nuevas tecnologías, comercios relacionados con la actividad portuaria y náutica, además de restaurantes y hoteles.

Uno de estos hoteles, según propuso la alcaldesa, se ubicaría junto a la bocana del nuevo canal. En la zona que separa el puerto de la Malvarrosa habría un espacio verde y alrededor del edificio Veles e Vents se instalarían actividades complementarias.

Se tendrían que decidir los usos de los docks y del edificio del antiguo varadero -ya que se pretende construir un nuevo espacio para resguardar las embarcaciones- y buena parte de las actividades desarrolladas en la zona del Astillero se trasladarían al Puerto de Sagunto.

Las viviendas se ubicarían en el sector del Grao, pese a la voluntad de la alcaldesa de no desestimar otras ubicaciones suplementarias. Se trata del único sector del proyecto -está dividido en 14 zonas- que podrá ponerse en marcha antes de la finalización de la competición náutica y cuyo suelo no es de titularidad pública.En realidad, se trata de una obra que se desarrollará a diferentes tiempos ya que se deberá esperar a que caduquen las concesiones de Unión Naval de Levante en el muelle de Poniente (en 2020) y de Contenemar en el de Levante (2018).

El tribunal del Concurso Internacional, que respetará las condiciones de la Unesco y la Unión Internacional de Arquitectos, estará formada por siete miembros: representantes de las tres administraciones, tres urbanistas y un arquitecto. También se creará la figura de coordinador técnico que velará por el cumplimiento de los plazos y la Comisión Técnica. El plan elegido se expondrá en la bienal de arquitectura de Venecia.

Un portavoz gubernamental afirmó haber acordado antes de la celebración de la reunión del Consorcio Valencia 2007 las líneas estratégicas que el Gobierno central debía seguir.

La misma fuente aseguró que cada una de las administraciones con representación en este organismo tiene la última palabra en el ámbito de su competencia en una clara referencia a la disconformidad que monopolizó las declaraciones de Barberá y Sevilla: la posibilidad de construir viviendas en suelo portuario y, por lo tanto, público.