Gobierno y oposición

Como viene siendo costumbre en los comienzos de septiembre, las ejecutivas del PSOE y del PP se reunieron anteayer con el propósito de pasar revista a las principales cuestiones que vertebrarán el próximo curso político. La pre- campaña ya iniciada para los comicios catalanes del 1 de noviembre y los preparativos para las autonómicas y municipales de mayo de 2007 habían dado ya el día anterior un inconfundible aire preelectoral a las intervenciones domingueras de los máximos dirigentes de ambos partidos, que se disponen a movilizar a sus votantes hasta el final de la legislatura; el presidente del Gobierno contó con la ventaja añadida de anunciar la subida de las pensiones mínimas y el apartado más vistoso del programa legislativo en tramitación (como los proyectos sobre dependencia e igualdad de la mujer) de su tercer año de mandato.

Socialistas y populares coinciden a la hora de establecer el inventario de los problemas pendientes, nacidos durante este verano o procedentes de tiempos anteriores. Ese listado común abre paso, sin embargo, a una discrepancia absoluta, completa y radical sobre el diagnóstico de los conflictos que aguardan respuesta y las recetas que deben ser aplicadas para darles solución o al menos alivio. Es cierto que las pautas genéricas del sistema democrático asignan al Gobierno la responsabilidad de tomar las decisiones y a la oposición la tarea de controlar al Ejecutivo; ahora bien, existen espacios o coyunturas que aconsejan cierta flexibilización temporal de esa rígida división del trabajo cuando resulta imprescindible responder de manera conjunta a desafíos de alcance global y de larga duración que afectan a todos los ciudadanos y que no pueden ser resueltos mediante pócimas mágicas. No se trata de que la oposición entregue un cheque en blanco al Gobierno en tales ocasiones o baje la guardia de la crítica por sus errores; sin embargo, la permanencia histórica de los problemas, la continuidad institucional de los Estados y la alternancia en el poder de los partidos aconseja prudencia a la hora de proponer soluciones irreales que la oposición no podrá aplicar en su día desde el Gobierno.

Ese ámbito donde el control de la mayoría por la minoría debe ser manejado con cautela no sólo incluye la lucha contra el terrorismo y las líneas maestras de la acción exterior; también la gestión estatal de las catástrofes medioambientales propias de la sociedad del riesgo y las estrategias a largo plazo ante movimientos migratorios que implican a la Unión Europea en su conjunto y que tienen sus raíces en la pobreza del continente africano exigen actuaciones sostenidas en el tiempo. Pero los dirigentes populares no parecen dispuestos a desaprovechar las oportunidades que les ha brindado durante las semanas veraniegas una serie encadenada de acontecimientos (desde los incendios en Galicia hasta los miles de inmigrantes africanos llegados a las costas canarias, pasando por las repercusiones del conflicto de Líbano) para continuar haciendo una irresponsable oposición a cara de perro, olvidando que los mecanismos electorales del sistema pluralista les conducirán antes o después a encarar desde el poder problemas similares y dificultades análogas.

Las tres décadas de régimen constitucional han permitido a los dos grandes partidos de ámbito estatal -socialistas y populares- no sólo alcanzar el Gobierno, sino también comprobar las resistencias de la realidad a ser modificada mediante las milagreras fórmulas que sus dirigentes recomendaban mientras estaban en la oposición. El entusiasmo despertado en las bases militantes del PP por las enmiendas a la totalidad presentadas a todas y cada una de las decisiones del Ejecutivo suscita como reacción compensatoria la desconfianza de los sectores moderados que saben distinguir entre el control razonado al poder y los chafarrinones demagógicos de la descalificación caricaturesca. Porque en esa lucha sin cuartel para derribar al Gobierno por cualquier procedimiento el PP no sólo ha pecado de imprudencia: sus disparatadas acusaciones contra los socialistas -en alianza con el diario El Mundo y la radio de los obispos- por haber promovido o encubierto el atentado del 11-M y por pactar en secreto con ETA la rendición del Estado de derecho han roto los códigos de lealtad de la oposición dentro de un sistema democrático.