Ezker Batua llevará a un juzgado la recalificación de terrenos en Mondragón tras la inhibición de la Fiscalía

Ezker Batua de Mondragón continuará con su denuncia contra el convenio urbanístico que contempla la construcción de más de 400 viviendas en terrenos de la empresa Gelma, a la que se ha permitido la operación a cambio de no abandonar el municipio y mantener sus casi 200 puestos de trabajo. El caso fue archivado el pasado 22 de agosto por la Fiscalía de la Audiencia de Guipúzcoa al estimar que no existen indicios del delito de prevaricación por parte del alcalde, Ignacio Lakunza (PNV) y el propietario de la promotora Obenerreka y de Gelma, Javier Guibert. Ezker Batua, que asegura que la Gelma obtendrá unas plusvalías de casi 60 millones y sólo aportará 11 millones para inversiones en el municipio, manifestó que "respeta pero no comparte" la decisión de la Fiscalía y llevará el caso a un juzgado. Reprocha al fiscal que no haya "realizado ninguna investigación para conocer si este convenio, que puede vulnerar el derecho administrativo, se firmó por tráfico de influencias, cohecho o trato de favor", aseguró ayer el edil de EB Ander Rodríguez.

Rodríguez consideró llamativo que el fiscal haya archivado el caso sin tomar declaración a la ex concejal del PNV, Inés Aldai, que fue la persona que denunció el presunto trato de favor en el convenio y, posteriormente, se pasó al grupo mixto. El edil de Ezker Batua admitió que faltan "datos incontestables" para que la fiscalía investigue la operación, pero agregó que sólo la existencia de cohecho o tráfico de influencias puede explicar "por qué se favorece sistemáticamente a las empresas Gelma y Obenerreka por parte del Ayuntamiento".

Cuando la ex edil del PNV denunció el caso, toda la oposición se pronunció contra del convenio urbanístico, que entonces suponía la aportación por la empresa de dos millones de euros. Las negociaciones entre los partidos llevaron a formalizar un nuevo convenio, por el que la promotora pagará 11 millones en inversiones para la localidad. EB fue el único grupo que se opuso y puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía. "Es nuestra obligación moral articular todo tipo de medidas, incluida la jurídica, ante cualquier sombra de corrupción en la práctica urbanística", dijo ayer Ander Rodríguez.