Cien cuentas embargadas, 83 euros bloqueados

"Lo siento, no tenemos nada a su nombre", le respondió una funcionaria de Correos de San Martín de la Vega, localidad situada a 22 kilómetros de Madrid, a Ahmad Mardini, de 55 años, cuando el pasado mes de noviembre este sirio nacionalizado español exhibió su DNI y un número de nueve cifras con el que esperaba cobrar 600 euros que le acababa de enviar su hermano desde Kempfeld (Hamburgo). Mardini telefoneó a su familiar y éste le remitió por fax la fotocopia del recibo, la prueba de que había enviado el dinero.

El sirio regresó a Correos con el documento, pero la empleada insistió en que no había transferencias para él. "Vuelve a retirar tu dinero porque esta gente dice que aquí no está", le dijo Mardini a su hermano. Ninguno de los dos imaginó que el apellido familiar había caído en la inmensa telaraña de listas de sospechosos-terroristas cuyos nombres circulan en los ordenadores de bancos y operadores financieros de todo el planeta. Unas listas con numerosos errores y a veces con datos parciales e incompletos, según una investigación de EL PAÍS.

Miles de musulmanes no pueden enviar dinero porque su nombre coincide con el de un terrorista

"Muchas veces la información [de las listas] es parcial e insuficiente", admite un funcionario

Javier Rupérez, director del Comité Antiterrorista de la ONU, apoya el uso de las listas

Hay más de 12 'listas negras', y la calidad y métodos de inclusión y exclusión está siendo cuestionada

Bancos y cajas de ahorro reciben quejas de clientes porque las listas son imprecisas y contienen errores

Cuando el hermano de Mardini, cirujano de profesión, regresó a la sucursal de Western Union y protestó porque los 600 euros no habían llegado a España, un empleado le confesó "confidencialmente" que la causa era el atentado del 11-S en EE UU: "Su hermano está en una lista y no podemos enviarle ese dinero. El ordenador no lo permite. Tiene que conseguir que le saquen de la lista". "¿De qué lista?", respondió el médico.

Ahmad Mardini, natural de Damasco, casado con María, una zamorana, y padre de tres hijos, lleva 36 años en España. Ha sido informático, camionero, auxiliar de enfermería y repartidor. Todo marchaba bien en su familia hasta que fue detenido por error en la primera gran redada contra miembros de Al Qaeda, en noviembre de 2001. Cinco años antes había traspasado su tienda de decomisos en el barrio madrileño de Lavapiés a Osama Darra y Mohamed Needl, dos ex muyahidin que prestaban apoyo financiero a la yihad y que han sido condenados por la Audiencia Nacional.

Mardini estuvo entonces incomunicado durante cinco días en una celda del cuartel policial de Canillas, en Madrid. Le filmaron en vídeo, tomaron fotografías y huellas dactilares y pasó un reconocimiento médico. Durante los cinco días que permite la Ley Antiterrorista ni María ni sus hijos tuvieron noticias sobre su paradero. Cuando el juez Baltasar Garzón le dejó en libertad, descubrió que había perdido su trabajo como repartidor de Coca-Cola. "Me dijeron que me seguirían pagando, pero que no volviera". Mardini contempló atónito cómo aquel vídeo y su fotografía, sonriendo a la cámara, salían en los informativos de varias televisiones junto a las de presuntos terroristas. Para colmo, su cuenta en Caja Madrid permaneció bloqueada por orden judicial. "Una pesadilla, un infierno personal y familiar que me ha costado mucho superar", dice ahora el sirio en su casa de 80 metros en San Martín de la Vega, mientras fuma junto a su esposa en una pipa de agua.

Ahmad Mardini no fue imputado ni procesado en la causa que se abrió contra la mayoría de los detenidos de aquella operación policial que llevó a prisión en 2001 a los hombres de Imad Eddin Barakat, Abu Dahdah, el jefe de Al Qaeda en España condenado a 12 años de cárcel. Pero su nombre, apellidos, fecha de nacimiento y dirección aparecen en una denominada Lista de Control enviada a los bancos y operadores financieros por el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Una lista en la que figuran otras nueve personas detenidas en aquella redada de islamistas, entre ellos Darra y Needl, los ex muyahidin a los que Mardini traspasó su tienda.

El caso de Mardini no es una excepción. La práctica totalidad de las cuentas corrientes embargadas en España desde el 11-S de 2001 a personas incluidas en las listas internacionales de terroristas elaboradas por la ONU y la Unión Europea lo han sido por error, según fuentes próximas a la Dirección General del Tesoro. "Hemos tenido que desbloquear la inmensa mayoría de las cuentas congeladas. O eran nombres parecidos o casos de homonimia, como el de una persona que vivía en Sevilla. Las listas se están puliendo y mejorando. Muchas veces la información que contienen es parcial e insuficiente", reconoce un funcionario del Tesoro.

El Ministerio de Economía ha declinado facilitar a este periódico datos sobre los errores cometidos o las cantidades embargadas con el argumento de que se trata de información "confidencial", pero los datos que ofrecen otras fuentes demuestran que el sistema de las listas internacionales provoca centenares de embargos erróneos en toda Europa.

España es un buen ejemplo. Los 36.000 euros congelados a 97 personas, en su mayoría musulmanes, entre 2001 y 2006 han tenido que ser desembargados ya que sus propietarios no tenían nada que ver con el terrorismo yihadista. Se trataba de personas con nombres y apellidos idénticos o similares a las que figuran en la maraña de listas almacenadas en los ordenadores de los bancos y operadores financieros. Hoy, el balance del dinero requisado por este sistema a terroristas de Al Qaeda en España asciende a 83,75 euros embargados en 2004. La mayoría de las cuentas bloqueadas estaban vacías.

Aunque no han trascendido, las quejas de los afectados ante los bancos, cajas de ahorro y operadores financieros son constantes desde que se comenzaron a aplicar las listas en España. "Tenemos muchas incidencias porque las listas no son precisas y tienen errores. Hay muchas coincidencias entre personas inocentes con nombres árabes y los terroristas", reconocen fuentes de la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA). Protestas similares se están dando en otros países de Europa, en especial en el Reino Unido, el país que más embarga, según asegura una fuente diplomática.

El embargo de cuentas bancarias a presuntos terroristas es un instrumento anglosajón que se aplica desde antes de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) se ha extendido desde el 11-S por todo el mundo, incluida la UE. Pero la maraña de listas, al menos 12, es cada vez más compleja y la decisión de incluir o excluir a los sospechosos depende de distintos criterios, organismos y autoridades.

EE UU cuenta con numerosas listas entre las que destacan la del Departamento de Estado (Specially Designated Global Terrorist, SDGT), 20 folios de presuntos terroristas, y la de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), que depende del Departamento del Tesoro norteamericano y tiene unos 653 folios con más de 5.000 nombres de sospechosos, en su mayoría yihadistas y traficantes de droga mexicanos y colombianos. En la OFAC trabajan 120 funcionarios que velan por "proteger la seguridad de nuestro país".

Las normas de la OFAC son muy estrictas y la primera recuerda a las empresas de servicios monetarios que es "ilegal" facilitar la transferencia de dinero a cualquiera de las personas de su lista "sin importar el monto de la transacción". "El 11-S, el 11-M en su país y el 7-J en Londres costaron cantidades ridículas", recuerdan fuentes de esa oficina. La segunda norma pide a los operadores financieros que recolecten toda la información del remitente y beneficiario "antes de que el primero abandone la oficina". Esta información es clave para evitar los "positivos falsos" que detecta el programa informático de interdicción instalado en los bancos y compañías, un sistema que avisa de las transacciones cuestionables que se deben revisar.

La OFAC explica a los operadores financieros las medidas que deben tomar para evitar errores de identificación, pero pese a las cautelas los fallos son frecuentes. En EE UU también hay listas del Departamento de Comercio, la CIA, Países no Cooperativos, Lista Consolidada Canadiense, Participantes Inhabilitados por el Banco Mundial y Archivo de Oficiales bloqueados, entre otras. Cada una de ellas tiene su "guardián" al que el operador financiero debe llamar de inmediato si alguna de las miles de personas fichadas como terroristas asoma la nariz por su oficina. El sirio Mardini cayó, probablemente, en una de estas listas.

En Europa, además de la elaborada por el Reino Unido y el Banco de Inglaterra, están vigentes dos grandes listas, ambas a iniciativa de la ONU, y en todas se han embargado cuentas corrientes por error a centenares de personas, en su mayoría musulmanes, según reconocen algunos de sus responsables. En 1999, tres años antes del 11-S, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas elaboró la denominada lista de Al Qaeda y los talibanes, que sigue vigente y agrupa en la actualidad a 142 ex miembros del Gobierno talibán y 212 personas asociadas a Osama Bin Laden y sus satélites.

A falta de una definición de terrorismo de aceptación universal esa lista es una nómina de personas y grupos a los que la comunidad internacional considera terroristas. El embargo de los bienes y la prohibición de viajar a los que figuran en esa lista obliga a actuar a los Estados miembros. Desde su creación, 34 Estados han congelado activos por valor de 93,4 millones de dólares, según el último informe del Comité de Vigilancia y Sanciones que preside el embajador argentino César Mayoral.

¿Cómo, y sobre qué criterios un país puede incluir a una persona en esta lista de la ONU? "El principal criterio es ilustrar al Comité sobre un claro vínculo o lazo de esa persona con Al Qaeda y sus grupos asociados. Si algo falta en la solicitud, el Comité pide al Estado solicitante que suministre mayor información y clarificación", responde Diego Malpede, funcionario de este organismo con sede en Nueva York. Para estar en la lista no hace falta que medie una condena o inculpación penal. "Los retrasos en la aplicación de las sanciones sólo sirven para que los partidarios de Al Qaeda tengan ocasión de eludirlas", dicen los informes internos del Comité.

Pese a que la lista lleva activa ocho años la calidad de la información que contiene y los métodos de inclusión y exclusión de nombres están en cuestión. Más de 50 Estados han solicitado "la necesidad de asegurar el debido proceso y la transparencia en los procedimientos que usa el Comité" para su elaboración. "Cuando España fue miembro del Comité (2003 y 2004) compartió con los Estados miembros su deseo de mejorar la calidad de los nombres en la lista consolidada", asegura Malpede, que declina facilitar los nombres que aporta España a esta lista y las reclamaciones que ha hecho, porque es información "confidencial".

El debate sigue abierto y Dinamarca, en su condición de miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, ha pedido un ombudsman (defensor) al que se puedan dirigir los afectados, ya que los Estados reciben centenares de reclamaciones individuales, según señalan distintas fuentes. Gracias a la iniciativa de Alemania, Suecia y Suiza el Instituto Watson de Estudios Internacionales de la Brown University ha elaborado recomendaciones para la inclusión y exclusión de nombres. "Las listas de EE UU, la UE y la ONU son bastante arbitrarias porque se incluye a personas sin consultarles previamente y sin darles la posibilidad de argumentar en su descargo. No pueden recurrir", dice Alejandro Teitelbaum, colaborador del Centro Europe Tiers Monde, con sede en Ginebra.

Juan Antonio Yáñez, copresidente del grupo que negocia la propuesta de Kofi Annan para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo, destaca que está en discusión cómo mantener al día esta lista y cómo asegurar que responda a lo que se requiere. "Se están revisando los procedimientos de control. Hay quejas y reclamaciones por la introducción y eliminación de nombres. Hay que asegurarse de que los datos respondan a la realidad, aunque nunca se podrá evitar del todo que se produzcan errores. Y si los hay tenemos que lograr que se corrijan rápidamente".

Los jefes de los servicios de seguridad e inteligencia de siete Estados árabes y de Pakistán han solicitado a los responsables de esta lista que se reconsidere su contenido de forma periódica.

Una resolución de la ONU obligó a los países de la UE a crear su propia lista en diciembre de 2001, tres meses después del 11-S. La decisión de incluir a una persona en esta lista corresponde a cada Estado, pero se debe adoptar por unanimidad del Consejo. No se exige sentencia firme para incluir a una persona o a un grupo en la lista, sólo que exista alguna actuación judicial aunque esté sin concluir. "España ha sido puesta como ejemplo por los más garantistas. Sólo incluimos a personas o grupos condenados en sentencia firme", dice un funcionario destinado en Bruselas.

Ángel Losada, director general de Asuntos Internacionales de Terrorismo, señala que hay un debate en la UE sobre los métodos de inclusión que todavía no se ha resuelto: "Algunos países, como Holanda, apoyan la necesidad de ampliar estos supuestos a otro tipo de decisiones administrativas, policiales o de inteligencia. Tiene la ventaja de cara a la eficacia preventiva, pero el riesgo de la pérdida de garantías. Bajaría el nivel de credibilidad de la lista". Tanto el Gobierno del PP como el del PSOE han apoyado la inclusión de personas que hayan sido condenadas en firme.

Se han presentado 17 recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE por personas o grupos que cuestionan su inclusión en las listas de la ONU y la UE y en los dos casos fallados, aunque todavía sin sentencia firme, la petición de los recurrentes ha sido desestimada. El Tribunal de Estrasburgo avaló que Segi y las Gestoras Pro Amnistía, ambas ligadas a ETA, sigan en la lista.

También ha habido juicios en Turquía, Italia, Pakistán y EE UU. En ningún caso los recurrentes son personas a las que se les ha embargado sus cuentas por error, sino otras que niegan su pertenencia a grupos terroristas y denuncian la vulneración de sus derechos fundamentales.

Javier Rupérez, director del Comité Antiterrorista de la ONU, apoya el uso de las listas. "Es un buen instrumento siempre que se administren bien. Hay que ser preciso en su elaboración porque se han producido errores y no había un procedimiento para sacar a las personas de la lista. Eso ya está previsto y en general están siendo positivas".

José María Aznar, ex presidente del Gobierno, propuso la creación de una lista única. "Sería de la ONU y tendría toda la autoridad y legitimidad, pero existe el problema de que en el mundo hay diferentes sensibilidades sobre el terrorismo. ¿Cómo vamos a hacer una sola lista si no sabemos qué es el terrorismo? Ese problema debería desaparecer, aunque soy el primero en ver las dificultades", esgrime Rupérez.

Losada destaca la importancia de que las listas sean creíbles. "Si no se corrigen los errores la presión a los operadores financieros será muy grande. Las listas se deben mantener y no se deben basar sólo en su eficacia congeladora, sino en el valor político de aislamiento de los que aparecen en ellas. Que los terroristas no puedan transitar por el sistema económico global", aduce.

Nueve meses después de descubrir que figura en una de esas listas negras el sirio Mardini ignora qué organismo la redactó y cómo y por qué se le incluyó. "¿A quién puedo acudir? Desde hace meses el dinero que me envía mi hermano desde Alemania lo hace a nombre de mi mujer para evitar problemas. Sigo siendo sospechoso de terrorismo. ¿No es una locura?", se lamenta.