Cómo entra septiembre

Si por un Sur desarbolado por un urbanismo de saqueo, tuviera vecindad una folclórica de tronío, quizá los alcaldes de Alicante, Orihuela y Torrevieja serían más populares de lo que son, con los tomates, trinitrotolueno y corazones que se gastan ciertos programas televisivos. El testigo de las presuntas corrupciones inmobiliarias ha pasado de Fabra a algunos compadres del PP, ante la pasividad de un presidente autonómico, de apariencia pasmada y sin iniciativas políticas. Los escándalos se suceden vertiginosamente hasta culminar en estruendo. Si julio empezó con la tragedia del metro de Valencia, agosto nos deja al alcalde de Alicante, Díaz Alperi, y a dos ediles, imputados por la Fiscalía Anticorrupción por presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz, el del disparatado plan Rabassa; nos deja bajo sospecha de tortura a policías locales y a dos concejales de Torrevieja; y las declaraciones del primer edil de Orihuela, José Manuel Medina, imputado por "ilegalidades urbanísticas y contables", que admitió que usa bienes de promotores que han sido beneficiados de acuerdo con la Fiscalía; un reconocimiento explícito que para Joan Antoni Oltra, portavoz adjunto de EU-Verds-La Entesa, lo inhabilita como cargo público. Se ha tocado fondo, y colectivos cívicos, como la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, han denunciado la podredumbre urbanística en el País Valenciano, y anuncian actuaciones en defensa de los intereses generales. Toda la oposición ha pedido la dimisión de los supuestos corruptos: desde la dirección del PSOE, que advirtió a Mariano Rajoy que no se hiciera cómplice, hasta el secretario de la ejecutiva local, Roque Moreno, y Manuel de Barros, portavoz municipal socialista de Alicante; desde la coordinadora de EUPV, Gloria Marcos, que lamenta los nexos del poder municipal con un empresario, lo que "recuerda a las vividas en Marbella y Seseña", hasta el coordinador de esta formación en Alicante, José Antonio Fernández Cabello; además de Morera, dirigente del Bloc que repudió la rapaz marbellización; y José Luis Valdés, de Vecinos por Alicante, quien intentará ejercer la acusación popular contra los ediles alicantinos imputados. Presunción de inocencia, sí, pero también, para estos supuestos constitucionalistas, el deber de defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Tanta incompetencia acredita la moción de censura, que los socialistas presentarán contra el presidente de la Generalitat, según anunciaba ayer este diario. Si la corrupción aún tiene enmienda, cómo le entra septiembre.