Lamarca se interesa por la situación de los polizones

El ararteko, Iñigo Lamarca, aseguró ayer que "no descarta" una posible actuación "de carácter informal" por parte de la institución que encabeza en el caso de los tres polizones que se encuentran en dependencias fronterizas en el Puerto de Santurtzi. Lamarca recalcó que el asunto es competencia de Inmigración, por lo que el Ararteko no puede abrir un expediente de queja o hacer una inspección. Sin embargo, matizó que, aunque aún no se ha tomado ninguna decisión, su institución sí puede realizar "gestiones informales con las instituciones competentes" en cualquier materia, lo que de hecho hace. Citó como ejemplo el área de Prisiones.

La situación de los tres polizones no había variado ayer desde que el jueves por la tarde fuesen trasladados a dependencias fronterizas portuarias tras una medida cautelarísima adoptada por el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid, a la espera de que se resuelva su petición de entrada en España por razones humanitarias.

La Subdelegación del Gobierno en Vizcaya afirmó ayer que no va a interponer "ningún tipo de medida judicial" contra este auto del juzgado y que se va a inhibir legalmente. El presidente en Euskadi de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Javier Galparsoro, mostró su "perplejidad" ante estas declaraciones y aseguró que la Subdelegación del Gobierno "no tiene competencia alguna" para recurrir la decisión judicial, al no ser parte en el recurso presentado por la letrada de los polizones frente a la resolución de denegación de asilo dictada por el Ministerio del Interior. Galparsoro agradeció también la posible intervención del Ararteko, así como las llamadas de apoyo y muestras de solidaridad que están recibiendo.

El ararteko se refirió a los polizones durante la presentación de las nuevas oficinas de atención al público de la institución en Bilbao, en la calle San Vicente, 8 (Edificio Albia). El Defensor del Pueblo vasco dispone de sedes en cada uno de los territorios desde 1996. El traslado a una nueva ubicación en la capital vizcaína se debe a que el local anterior se había quedado pequeño. La nueva sede permite el acceso a personas con discapacidad, lo que no sucedía en la antigua, y que Lamarca considera "una condición inexcusable desde el punto de vista ético" de la institución.