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El Tribunal de Cuentas detecta en la gestión de la Zona Franca de Cádiz nuevas irregularidades

El informe eleva a 36 millones el agujero económico por Quality Food y Miami Free Zone

El Tribunal de Cuentas ha detectado nuevas irregularidades en la gestión de la Zona Franca de Cádiz. El informe del máximo órganos fiscalizador del Estado, centrado en esta ocasión en los años (2001-2004) que la Zona Franca estuvo dirigida por Miguel Osuna (PP) confirma fallos y anomalías en la compra de la empresa Quality Food y en el contrato que el recinto fiscal gaditano suscribió con Miami Free Zone para crear un portal informático que nunca llegó a existir. Según el informe, estas operaciones ocasionaron a Zona Franca unos gastos no recuperables de 36 millones de euros.

El informe del Tribunal de Cuentas refuerza las querellas que presentaron el año pasado los actuales gestores de la Zona Franca y la Abogacía del Estado contra los ex delegados Manuel Rodríguez de Castro y Miguel Osuna (PP) como presuntos autores de varios delitos de apropiación indebida, malversación de fondos públicos, prevaricación, fraude y cobros ilegales.

El informe, que todavía no es definitivo, enumera un listado de supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato millonario a Miami Free Zone y Telvent Interactiva. Según el Tribunal, la Zona Franca pagó 6,8 millones de euros por material informático que sólo cuesta 1,8 millones. Esto es, los gestores del PP aprobaron pagar 5 millones de euros de sobreprecio a una empresa con cuyos propietarios estaba asociado Manuel Rodríguez de Castro. Éste adjudicó el contrato en un proceso plagado de irregularidades y autorizó los primeros pagos después de cesar en el cargo tras verse obligado a dimitir por numerosas denuncias sobre su gestión. Miguel Osuna abonó los últimos pagos pese a que tuvo constancia, a través de un informe, de las numerosas irregularidades de este contrato. Asimismo, el Tribunal de Cuentas advierte de que buena parte de estos pagos los abonó la Zona Franca con ayudas de varios ministerios que obtuvo en convocatorias públicas, cuyos requisitos pudo incumplir.

Respecto a Quality Food, una empresa de alimentación que adquirió a finales de 2003, el Tribunal indica que la Zona Franca pagó un precio muy superior al valor de esta sociedad en una operación en la que detecta "notables irregularidades". Especial acento pone el Tribunal de Cuentas en los préstamos y avales que la Zona Franca concedió a Quality Food sin que los autorizara el comité ejecutivo del consorcio fiscal gaditano, "ni tuvieran garantías de control y de devolución", como finalmente así ha sido, según ha denunciado en reiteradas ocasiones el delegado actual de la Zona Franca, el socialista José de Mier. En total, las pérdidas de este organismo por comprar Quality Food ascienden a casi 31 millones de euros, según el informe.

Como consecuencia de los primeros resultados de su análisis, centrado entonces en el periodo que dirigió Rodríguez de Castro (1996-2000), el Tribunal de Cuentas embargó los bienes de este ex delegado del recinto fiscal por el impago de casi 600.000 euros de gastos injustificados en viajes, regalos, restaurantes y hoteles.

El PP se escudó ayer en que el informe no tiene aún carácter definitivo. "Todavía hay tiempo para alegaciones y, además, el documento tendrá que pasar por un debate en la comisión mixta Congreso-Senado", manifestó la alcaldesa de Cádiz y presidenta de Zona Franca, Teófila Martínez. Según el consejero del PP en el recinto fiscal, Ignacio Romaní, las conclusiones del Tribunal de Cuentas variarán considerablemente cuando se agreguen las informaciones que, a su juicio, no se han tenido en cuenta, entre ellas, por ejemplo, los estatutos de sociedades del consorcio.

Alegaciones del PP

Romaní acusó ayer al portavoz socialista en Cádiz, Rafael Román, de haber obstaculizado la entrega de esta documentación: "Ya ha demostrado que no tiene escrúpulos ni los ha tenido nunca, y que va a utilizar cualquier arma, en este caso, la falta de información al Tribunal de Cuentas".

El portavoz socialista negó estas acusaciones. Para Román, la similitud en las conclusiones de este órgano con las apuntadas por la Abogacía del Estado demuestra la independencia de las valoraciones. "Es un informe terrible porque certifica que en los ocho años del PP, tanto con Rodríguez de Castro como con Osuna, la gestión de la Zona Franca ha sido catastrófica, muy lesiva para los intereses públicos", explicó. Román exigió que pidan perdón no sólo los anteriores delegados del PP, sino también la alcaldesa gaditana, a quien achaca "la responsabilidad política, como presidenta del consorcio".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 1 de septiembre de 2006