El caso maltés, ejemplo del reparto de extranjeros

La redistribución entre países europeos de sin papeles que escapan de sus países en busca de una vida mejor es una de las ideas que se barajan en estos días entre el abanico de medidas que podrían contribuir a combatir la crisis migratoria que atraviesa Canarias. La idea cuenta con un precedente en Europa, el caso de decenas de inmigrantes clandestinos que llegaron a las costas de Malta, y que acabaron acogidos como refugiados políticos en Holanda.

Malta, que en lo que va de año ha visto llegar a 1.445 indocumentados a sus costas, y que se ha enfrentado a varias crisis similares a la que atraviesa ahora España durante los últimos años, pidió en 2004 socorro a la Unión Europea para la gestión de la avalancha migratoria procedente sobre todo de África. A través del programa europeo Argo, destinado a la cooperación administrativa en materia de asilo e inmigración, Holanda se ofreció a encargarse del proceso de recepción de los demandantes de asilo y a su acogida, una vez que había quedado claro que se trataba de refugiados políticos.

En total, 33 refugiados fueron finalmente aceptados en tierras holandesas en diciembre de 2005 y menos de una docena en Alemania e Irlanda, en virtud de acuerdos bilaterales de Malta con esos países, y en un proceso en el que también participó el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, según explican fuentes oficiales maltesas.

Canarias, complicado

Repetir la experiencia de Malta en Canarias sería complicado, según explican en la Comisión Europea, ya que "los ilegales que llegan a Canarias no son necesariamente demandantes de asilo; no necesitan protección internacional", en palabras del portavoz europeo de Justicia, Libertad y Seguridad, Friso Roscam.

Para aspirar al estatuto de refugiado político, los demandantes tienen que cumplir las condiciones que establece el artículo 1 de la Convención de Naciones Unidas, que establece que la persona tenga "fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse a la protección de tal país".

"Las autoridades españolas primero tienen que dilucidar si los que llegan son refugiados políticos, un proceso que lleva tiempo. No creo que en la actualidad haya ningún país europeo dispuesto a hacerse cargo del proceso de selección de refugiados de cientos de personas llegadas a España", añade Roscam.

De entre los miles de inmigrantes que llegan a Canarias, un reducido número, en torno al 1%, solicitan asilo, según las cifras que maneja la Comisión Europea.