El concejal de Urbanismo de Rota declara como imputado por un delito de prevaricación

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Rota (Cádiz), Antonio Peña, del Partido Popular, declaró ayer en condición de imputado durante dos horas y media ante la titular del Juzgado de Instrucción 2 de la ciudad por un presunto delito de prevaricación. La juez admitió a trámite una querella de la empresa constructora Edesur SL, que apreció irregularidades en el trámite de urbanización seguido por el Ayuntamiento de Rota de una parcela de su propiedad en el termino roteño. El Ayuntamiento compró parte del terreno a un precio diez veces inferior al de mercado.

Según la denuncia, el concejal de Urbanismo de Rota, Antonio Peña (PP), entró, como representante municipal, en la Junta de Compensación creada entre Edesur, propietaria del 45% del solar, y el resto de pequeños propietarios con participación en la finca. Con su entrada en el órgano de gestión, el Ayuntamiento pretendía negociar una parte del suelo como contraprestación por los gastos de urbanización de la finca, que incluía la creación de equipamientos básicos como los de tendido eléctrico, alcantarillado, saneamiento y viales. En la operación, el Ayuntamiento valoraba también el coste de las licencias municipales.

Según los denunciantes, en este momento del proceso, el Ayuntamiento rechazó una oferta de la empresa para hacer frente al gasto mediante el pago con dinero en metálico. En su lugar, el Consistorio estableció un sistema de contraprestación basado en la cesión de una parte del suelo por un valor equivalente al coste de la urbanización.

Una vez dentro de la Junta de Compensación, el Consistorio comprobó que la parcela se encontraba en estado litigioso (sometida a un procedimiento judicial para determinar sus auténticos propietarios), por lo que se subrogó la representación mayoritaria, impidiendo a Edesur el derecho de representación.

De esta manera, según la denuncia, el concejal de Urbanismo roteño, "obtuvo facultad para dictar actos (...) y para defender los intereses de la finca" procediendo, a continuación, a la venta de una parte del terreno, que compró el propio Ayuntamiento a un precio 10 veces inferior al de mercado, según la estimación realizada por un perito judicial.

Para la empresa denunciante, el concejal ha realizado "un acto ilegal" a pesar de tener conocimiento del sentido de su decisión, por lo que interpuso una denuncia por prevaricación en la que asegura que la acción municipal ha supuesto "un grave perjuicio financiero" para Edesur y para el resto de propietarios, que han visto ralentizado el proceso de puesta en valor del terreno con fines inmobiliarios.

En la querella, la sociedad denunciante acusa al edil de actuar de manera "irregular"en los actos administrativos seguidos por el Ayuntamiento como en la Junta de Compensación. Edesur asegura que el Consistorio "se negó en reiteradas ocasiones" a que la parte privada pudiese ser oída en el seno de la Junta de Compensación, "limitando con su conducta la capacidad de defensa" del querellante ante el resto de los propietarios. Con todo, en ningún momento de la querella, la empresa niega la condición de litigiosa de la finca.

En su declaración ante la juez, Antonio Peña, defendió la acción municipal, por tratarse de un proceso que ha sido "avalado por los informes de los técnicos y aprobado por unanimidad de los grupos" en los órganos de decisión del Ayuntamiento. Según Peña, las decisiones fueron sometidas a consulta en las comisiones de gobierno (formada por una alianza entre el partido independiente Roteños Unidos y el Partido Popular) y en el pleno municipal.

Según Peña, con la operación, el Ayuntamiento "ha cumplido" con su compromiso de defensa de los intereses generales de los ciudadanos de Rota, y su actuación ha estado "en todo momento ajustada a derecho y amparada por informes técnicos".

El concejal prestó declaración durante dos horas y media ante la juez porque, según dijo a la salida del juzgado, "los temas urbanísticos son muy complejos y la juez ha querido conocer todos los detalles de la operación desde su origen".

Según Peña, con su actuación judicial, la empresa demandante "puede pretender mejorar su posición ante el Ayuntamiento en la negociación sobre los términos de la urbanización del suelo".

El concejal recordó que, con anterioridad, en el año 2000, la misma empresa presentó una demanda al Ayuntamiento de Rota "por un caso muy similar", que fue resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con un fallo favorable a los intereses del Consistorio.