El Gobierno vasco insiste a los hosteleros para que aíslen las zonas de fumadores

El Gobierno vasco insistió ayer a los hosteleros para que aíslen las zonas de fumadores en aquellos bares y restaurantes de más de 100 metros cuadrados donde esté permitido fumar. La advertencia llega tres días antes de que entre en vigor el artículo de la Ley antitabaco que así lo exige. Todos los establecimientos que no hayan separado físicamente la zona de fumadores de la de no fumadores pasarán a convertirse en espacios libres de humo, según la ley. Sin embargo, la mayoría de los hosteleros vascos no va a realizar obras amparándose en la ambigüedad de la norma estatal.

El presidente de la Asociación de Empresarios Hosteleros de Vizcaya y secretario general de la Federación de Hostelería del País Vasco, Ángel Gago, puntualiza que la ley no habla en ningún caso de compartimentos estancos. Y se aferra a esta circunstancia para recomendar a sus asociados que realicen una "compartimentación por señalización". Es decir, que en lugar de meterse en costosas obras, que en algunos casos serían reformas estructurales de los locales, se limiten a diferenciar la zona de fumadores por medio de carteles, mamparas o biombos. "La normativa estatal debe ser desarrollada a nivel autonómico en la mayoría de los artículos y mientras llega ese desarrollo sería muy arriesgado meterse en grandes obras de incierto futuro y que pueden hipotecar los negocios", indica.

Ese "incierto futuro" al que se refiere Gago guarda relación con las declaraciones realizadas por algunos miembros del Gobierno central augurando un endurecimiento de la ley e incluso la prohibición total de fumar en cualquier local de hostelería a corto o medio plazo, sea cual sea su superficie y haya o no habilitado zonas para fumadores. "No nos declaramos en rebeldía ni nada parecido, pero no sería aceptable por parte de la Federación de Hostelería del País Vasco una normativa que obligara a hacer obras estructurales en los establecimientos sin que exista un compromiso institucional de que tal exigencia no va a ser modificada en un plazo prudencial", señala Gago. Ese plazo, consideran los hosteleros, nunca debería ser inferior a 10 años para que las obras no caigan en saco roto.

La dirección de Drogodependencias, dependiente del Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales y responsable de la aplicación de la norma, es consciente de las reticencias y de los problemas que plantea la normativa para los hosteleros, pero ayer les advirtió de que la Ley es clara en cuanto a la necesidad de que los establecimientos compartimenten las zonas de fumadores.

Diferentes interpretaciones

Y aunque no habla de zonas estancas, que es el auténtico caballo de batalla, sí aclara que esa compartimentación debe garantizar "la no existencia" de humo en las zonas reservadas a los no fumadores, algo complicado si la separación se hace a través de biombos o mamparas.

Para Gago, el "impreciso texto legal" está dando origen a diferentes interpretaciones en las comunidades autónomas, por lo que "nuestra interpretación (la de los hosteleros vascos) no cabe que la hagamos con más rigor que el que se está utilizando en diferentes ámbitos geográficos". Fue la ministra de Sanidad, Elena Salgado, quien en unas declaraciones anunció que la separación debe ser estanca. "Eso es lo que dijo ella, pero el Parlamento, que fue el que aprobó la ley, no habla de estanqueidad", replica Gago. En el País Vasco, alrededor de 900 locales (el 6% de los bares y restaurantes de la comunidad) están afectados por la ley antitabaco.

Además de esta polémica, la aplicación de la ley se enfrenta a otra polémica: qué institución impone las sanciones por infracciones relacionadas con el consumo de tabaco en lugares donde esté prohibido. Desde la aprobación de la Ley, en enero pasado, Gobierno y ayuntamientos se han ido pasando la pelota. Ayer, de nuevo la dirección de Drogodependencias puntualizó que este cometido corresponde a los ayuntamientos. Pero los municipios se escudan en la falta de desarrollo autonómico de algunos artículos de la Ley estatal para obviar esta obligación. La mayoría de las denuncias presentadas hasta ahora han sido derivadas a los consistorios correspondientes, que no saben qué hacer con ellas ni cómo darles salida.

La labor de inspección, vital para que se cumpla la Ley, recae en todos los poderes públicos con relación a sus competencias en materia educativa, cultural, de seguridad ciudadana, comercial, sanitaria y de servicios sociales.