Un letrado y un testaferro de Roca declaran por el 'caso Marbella'

El empresario Óscar Benavente, presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca declaró ayer por segunda vez a petición propia. Benavente compareció durante cuatro horas ante el juez que instruye la Operación Malaya, Miguel Ángel Torres. El empresario fue trasladado al juzgado a primera hora de la mañana desde la prisión provincial de Málaga. Regresó al penal en un furgón policial sobre las 16.20.

Óscar Benavente lleva más de cuatro meses en prisión imputado por los delitos de fraude a la Hacienda Pública y por blanqueo de dinero. Entre otras tareas, recibió el encargo de supervisar las obras del cortijo marbellí La Caridad, propiedad de Roca, y donde se guardaba la yeguada Marqués de Velilla.

También declaró ayer el abogado Francisco Soriano Zurita, detenido en la primera fase de la Operación Malaya, y en libertad tras pagar una fianza de 90.000 euros. Su comparecencia duró sólo 20 minutos. Soriano corroboró su primera intervención ante el juez y puntualizó que se dedica al Derecho Penal y que conocía las actividades de sus compañeros de despacho con el detenido Juan Antonio Roca, según fuentes judiciales. El juez mantiene que Soriano Zurita y otros cinco abogados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano eran los encargados de estructurar las sociedades del considerado cerebro de la trama de corrupción marbellí.

La defensa de Yagüe

La defensa de la ex alcaldesa Marisol Yagüe presentó ayer el cuarto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga contra el auto del juez instructor en el que dictó prisión incondicional para la ex responsable municipal. Su abogado, Pablo Luna, denunció la "prolongada espera" de nueve horas que Yagüe padeció en los calabozos de los juzgados marbellíes el pasado lunes.

"Estábamos allí mientras se atendían asuntos de violencia de género, que son muy importante, pero un juez está en comisión de servicio precisamente por la relevancia de estos asuntos", señaló.

Por otro lado, el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que la Junta de Andalucía diseña en Marbella definirá un modelo de ciudad radicalmente diferente del impuesto por el GIL durante 15 años. Contempla cinco zonas calificadas como espacios protegidos, que suman 6.600 hectáreas. Son los cauces de los ríos Real, Verde, Guadalmina y Guadaiza que atraviesan el término municipal marbellí, además de la zona conocida como Sierra Blanca. No se podrá construir. Los terrenos reservados tendrán usos alternativos en una ciudad con escasos parques y jardines.

El cambio de hábitos será una tarea complicada en un lugar sin acceso al tren y donde prima el uso del vehículo. Las zonas reservadas supondrán nuevos pulmones y puntos en los que se impondrá el uso recreativo de bicicletas.