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Un supuesto testaferro de Roca y un abogado declaran de nuevo ante el juez del caso Malaya

Javier Martín-Arroyo

El empresario Óscar Benavente, presunto testaferro del ex asesor de Urbanismo y supuesto cerebro de la red de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, prestó ayer una segunda declaración a petición propia durante cuatro horas ante el magistrado que instruye el caso Malaya, Miguel Ángel Torres. El contenido de la declaración de Benavente no trascendió. El supuesto testaferro fue trasladado a primera hora de la mañana desde la prisión provincial de Málaga, donde regresó en un furgón policial sobre las 16.20.

Benavente está en prisión desde el 1 de abril tras imputarle el juez un delito por fraude a la Hacienda Pública y de blanqueo de dinero. Entre otras tareas, había recibido el encargo de organizar las obras del cortijo marbellí La Caridad, propiedad de Roca y sede la yeguada Marqués de Velilla.

Junto a Benavente declaró ayer ante el magistrado el abogado Francisco Soriano Zurita, detenido en la primera fase de la operación y actualmente en libertad bajo fianza de 90.000 euros. Su comparecencia duró sólo 20 minutos, y en ella Soriano se limitó a corroborar el contenido de su primera declaración. "Sólo puntualizó al juez que se dedicaba al derecho penal y que conocía las actividades de sus compañeros de bufete con el detenido Juan Antonio Roca", desvelaron fuentes judiciales. Soriano Zurita y otros cinco letrados del despacho madrileño Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor fueron detenidos en la primera fase de la operación, ya que el juez mantiene que eran los encargados de estructurar las sociedades del considerado cerebro de la trama de corrupción marbellí.

Mientras, la defensa de la ex alcaldesa, Marisol Yagüe, presentó ayer el cuarto recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga contra el auto del juez instructor en el que dictó prisión incondicional para Yagüe. Su abogado Pablo Luna denunció la prolongada espera de nueve horas que la ex alcaldesa padeció en los calabozos de los juzgados marbellíes el pasado lunes. "Estábamos allí mientras se atendían asuntos de violencia de género, que es muy importante pero es que un juez está en comisión de servicios precisamente por la importancia de estos asuntos", criticó.

Espacios protegidos

Por otra parte, el avance del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que diseña la Junta busca un modelo de ciudad radicalmente diferente del impuesto por el Ayuntamiento durante 15 años. El PGOU contempla cinco grandes zonas calificadas como espacios protegidos con 6.600 hectáreas. Son los cauces de los ríos Real, Verde, Guadalmina, Guadaiza que atraviesan el término municipal marbellí, además de la zona de Sierra Blanca, terrenos que estarán libres de toda construcción y que se destinarán a usos alternativos como cinturones verdes, en una ciudad carente de parques y jardines debido al urbanismo desmedido puesto en práctica por las corporaciones gilistas.

"Son áreas de especial protección que funcionarán como ejes fundamentales para que la ciudad disponga de vías destinadas a usos alternativas al vehículo", definió ayer el delegado de Medio Ambiente en Marbella, Ignacio Trillo, que estudió la disposición de estos espacios en el PGOU con su arquitecto redactor, Manuel González Fustegueras y el director de la Oficina del Plan General, José María Ruiz Povedano.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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