Morales se compromete con el Gobierno a buscar soluciones a la crisis con Repsol

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reiteró el pasado fin de semana al Gobierno español su "compromiso político" para buscar soluciones a la crisis con Repsol YPF. El conflicto se agravó el viernes pasado con la detención de un directivo de la compañía en el país andino tras la que la petrolera ha anunciado acciones legales si continúa la "persecución" judicial. La vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega habló con Evo Morales de este incidente y le trasladó que quizá se produjo algún "malentendido" respecto al contrato de 2002 que lo originó. Mientras, el presidente de la empresa estatal boliviana YPFB, Jorge Alvarado, criticado por un supuesto caso de corrupción, renunció anoche al puesto.

Fernández de la Vega mantuvo contactos también durante el fin de semana con el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera, el encargado de negociar con las petroleras tras el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, quien estudia viajar a Madrid en octubre en busca de una solución al conflicto con Repsol YPF. Las autoridades bolivianas le transmitieron su interés en que la petrolera hispano-argentina siga en el país y se reafirmaron en los acuerdos alcanzados durante la visita de la vicepresidenta a Bolivia a principios de mes.

Una portavoz de la vicepresidenta explicó que Fernández de la Vega trasladó a sus interlocutores bolivianos que, por lo que Repsol YPF ha explicado, el contrato que originó la detención del auditor Saúl Encinas Miranda había cumplido todos los requisitos, de modo que apuntó a la posibilidad de un "malentendido".

La investigación del contrato entre Petrobras y Andina, filial de Repsol, partió de la denuncia presentada por el representante del Estado boliviano en Andina, Gabriel Camacho, y por el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz. Según éstos, hay indicios de "estafa agravada" al pueblo boliviano, ya que las empresas pactaron unos precios de venta de gas a Brasil más bajos, que supusieron un perjuicio de 150 millones de euros a las arcas públicas.

Inusual arresto

El auditor Miranda fue llamado a declarar y detenido después, pese a que en la fecha del contrato no trabajaba para Andina. El juez así lo reconoció, pero lo mantiene en un inusual arresto domiciliario que le permite acudir a su puesto de trabajo.

También el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, conversó con el presidente Morales, el ministro de Asuntos Exteriores de Bolivia y "con otros ministros". Moratinos explicó en Santander que los dirigentes bolivianos le dieron "el compromiso político para encontrar una solución a través del diálogo". Y añadió que, precisamente, el Gobierno siempre ha apoyado ese diálogo para encontrar una solución "que defienda la relación bilateral con Bolivia, pero también los intereses de la empresa española y sobre todo de una tan importante como Repsol", informa Virginia Collera.

Pero esta actitud optimista del Gobierno no convence al PP. El secretario ejecutivo de Economía y Empleo del partido, Miguel Arias Cañete, afirmó que la política exterior española está cosechando un "fracaso estrepitoso" a la hora de defender a las empresas españolas en Bolivia. Desde que se decretó la nacionalización el 1 de mayo pasado, el presidente, "José Luis Rodríguez Zapatero, la vicepresidenta De la Vega y el ministro de Exteriores, Moratinos, vienen anunciado diálogo con el Gobierno nacionalizador y señalando que las conversaciones van por buen camino", constató el portavoz del PP.

Sin embargo, la realidad es "muy diferente". "El escaso peso internacional de España está conduciendo a que el único recurso de las empresas amenazadas con nacionalizaciones, incautaciones o impuestos revolucionarios, sea acudir a tribunales internacionales, ante el fracaso de las tímidas e ineficaces medidas de apoyo de su propio Gobierno", criticó el ex ministro de Agricultura. "Nuestro Gobierno da claras muestras de su distanciamiento del liberalismo económico y de su propensión a intervenir en la economía, aun a costa de enfrentarse con la Comisión Europea".

En cambio, el líder de IU, Gaspar Llamazares, aconsejó a Repsol YPF que "negocie con los representantes del pueblo" boliviano, ya que la estrategia de la confrontación judicial no es la más adecuada.

Por su parte, el Gobierno de Bolivia espera tener definido, hoy martes, el calendario de negociaciones de los nuevos contratos con las empresas petroleras, informó a la prensa el ministro de Hidrocarburos, Andrés Soliz, antes de dirigirse a una reunión del Gobierno.

Nuevo presidente en YPFB

Poco después. Morales anunció la salida de Jorge Alvarado como presidente de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), acusado de firmar un contrato irregular para la exportación de crudo a Brasil que no llegó a ejecutarse. Pero Morales le volvió a defender: "Si no hay daños al Estado, no hay corrupción", dijo anoche. Juan Carlos Ortiz ha sido nombrado presidente interino.

Por otra parte, Soliz evitó referirse a la advertencia de Repsol de recurrir a la justicia si sigue la injustificada persecución a sus ejecutivos, pero aseguró: "Lo último que sé es del deseo de reanudar las negociaciones de los nuevos contratos" establecidas en la nueva Ley de Hidrocarburos y el decreto de nacionalización.

Soliz reiteró que el Ejecutivo no tiene intenciones de interferir en la investigación solicitada a la Fiscalía del Distrito de Santa Cruz para esclarecer el contrato entre Andina y Petrobras. El presidente de la empresa brasileña en Bolivia, José Fernando Freitas, aseguró en un programa de televisión que en el mencionado contrato no se ha cometido delito alguno. Anunció que Petrobras va a demostrar la falta de sustento de las acusaciones, que afectan a dos de sus ejecutivos, y colaborará con la justicia boliviana para aclarar la situación.

Los problemas de Repsol en el país andino no pasaron factura ayer a sus acciones, que subieron un 0,44% en Bolsa, hasta los 22,64 euros.