"Las patrulleras no van a detener a los inmigrantes porque el hambre les empuja"
El director de Inmigración del Gobierno vasco, Roberto Marro (Lima, 1959), asegura que el Ejecutivo está dispuesto a ayudar en la crisis humanitaria que se ha desatado en el archipiélago canario con la llegada incesante de cayucos repletos de inmigrantes. Pero advierte de que la derogación de la actual Ley de Extranjería es el verdadero debate de fondo al que se debe enfrentar el Estado. Marro apremia a España y al conjunto de la Unión Europea a tratar sobre la crisis de desarrollo que sufre África. Mientras, ultima el protocolo para garantizar que los inmigrantes que recalen en Euskadi lo hagan en las mejores condiciones.
Pregunta. ¿Cuál es su reflexión sobre lo que está ocurriendo en Canarias?
"Todo lo que pone en marcha el Gobierno central en cuanto a la inmigración se basa en medidas de carácter defensivo"
"El mercado demanda trabajadores, pero hay un ordenamiento jurídico restrictivo que impide a los inmigrantes acceder a esos puestos"
Respuesta. Es una crisis humanitaria en toda regla que tiene dos componentes. Por una parte, responde a la crisis de una política migratoria que se viene desarrollando en la última década que ha establecido un ordenamiento jurídico bastante restrictivo sobre el acceso al territorio español. Al ser inaccesibles las vías legales, se abren las puertas de la irregularidad. Si hubiera un ordenamiento jurídico que partiera de una mayor flexibilidad, ahora el problema no sería tan grave. Por otro lado, existe una crisis debido a las condiciones de vida de cientos de miles de africanos, que se ven obligados a salir de sus países para buscar mayores cotas de bienestar para ellos y sus familias. Esta confluencia de crisis de desarrollo y de políticas migratorias provoca la crisis humanitaria.
P. ¿Euskadi está dispuesta a acoger inmigrantes procedentes de Canarias?
R. Estamos pendientes de formalizar un protocolo con el Gobierno central para establecer la acogida de estos inmigrantes. El Gobierno vasco sí tiene voluntad de acoger inmigrantes, pero queremos primar el protocolo para determinar el número que puede llegar y las condiciones. Se trata de evitar lo que ha ocurrido en otras comunidades, como en Cataluña. Aunque tengamos discrepancias con la política migratoria que desarrolla el Ejecutivo central, el principio de solidaridad es fundamental ante una crisis humanitaria.
P. Esos inmigrantes, ¿serían adultos o menores?
R. Adultos. En el caso de que nos planteen menores, tendremos que coordinarnos con las diputaciones por cuanto ellas tienen la competencia sobre los menores extranjeros no acompañados.
P. ¿Cuántos inmigrantes puede acoger Euskadi sin desbordar su sistema de acogida?
R. Aún no hemos determinado el número.
P. A diferencia de lo que ocurre en otras comunidades, en Euskadi no existen centros de internamiento así que la acogida será diferente.
R. En el País Vasco no hay centros de internamiento para extranjeros. Se trata de centros, que no son penitenciarios, pero donde los inmigrantes tienen restringida su libertad. En Euskadi acogeremos a los inmigrantes a través de los centros de acogimiento sociales.
P. ¿Cree que el Gobierno central está actuando de una manera transparente en esta crisis?
R. Es fundamental que el Estado llame a las comunidades autónomas para diseñar una nueva política migratoria. No sólo se les debe invocar cuando hay una crisis.
P. ¿Confía en las iniciativas que ha puesto en marcha el Ejecutivo central con algunos países africanos para contener la inmigración hacia España?
R. Insisto en que hay que derogar la Ley de Extranjería y ser más flexible con los inmigrantes que llegan. A partir de ahí, todo lo que realiza el Gobierno son medidas defensivas. Es decir, si hay una crisis en Ceuta se pone una valla más alta; si vienen en pateras se ponen más patrulleras. Mientras no se establezcan verdaderas políticas de desarrollo para África y para el tercer mundo en general, estas crisis humanitarias van a seguir. Las patrulleras no van a detener a los inmigrantes porque el hambre les empuja a salir de sus países y siempre buscarán alternativas.
P. Y mientras se producen estas crisis de inmigración, siguen publicándose estudios del déficit de mano de obra que existe para algunos puestos.
R. El mercado demanda trabajadores, pero hay un ordenamiento jurídico restrictivo que no permite que trabajadores extranjeros puedan acceder a esos puestos. Esto sólo favorece a la economía sumergida, a la explotación de los trabajadores y al mantenimiento de sectores económicos que son viables gracias a la mano de obra desestructurada.
P. Estos días se ha utilizado la inmigración como arma arrojadiza entre algunos partidos.
R. Sería fundamental lograr los mayores consensos. En sus ocho años de gobierno, el PP propició un millón de personas en situación de irregularidad. Esa es otra crisis humanitaria.
P. ¿Qué le parece que algunos partidos quieran poner requisitos como el conocimiento del idioma para que los inmigrantes puedan votar?
R. Apoyamos el derecho al voto para los inmigrantes de larga duración porque son vecinos, ciudadanos que viven y trabajan y pagan sus impuestos. Tienen derecho a expresarse y a formar parte de la comunidad política. El voto es un factor fudamental para la integración social. Poner requisitos en cuanto a conocimiento del idioma o cultura sería una restricción al derecho de voto por cuanto a muchos nacionales no se les pide lo mismo. Hay muchos catalanes que no saben catalán y no se les impide votar.
