El Consell sale en defensa de Alperi y critica a la Fiscalía por afear a los gestores del PP

El Consell, a través de su vicepresidente, Víctor Campos, hizo ayer una cerrada defensa de la gestión del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, denunciado, junto a otros dos ediles de su equipo de gobierno, por el Fiscal anticorrupción por supuesto trato de favor en la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor Enrique Ortiz. Campos no sólo avaló la gestión de Alperi, sino que criticó a la Fiscalía por "afear" la gestión al munícipe. Los delitos que aprecia el fiscal en su denuncia contemplan penas de hasta 8 años de cárcel y 20 de inhabilitación.

Víctor Campos es el primer alto cargo público que se pronuncia tras la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción contra Alperi por supuesto trato de favor al empresario Enrique Ortiz que el ministerio público remitió al juzgado el pasado lunes. Hasta ahora, ni Alperi, ni su lugarteniente, la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, ambos alineados con el sector campista del PP valenciano han hecho ninguna declaración. Tampoco se han pronunciado los portavoces del sector afín al ex presidente del Consell, Eduardo Zaplana, que se oponen a que Alperi repita como candidato. El máximo valedor del zaplanismo en Alicante, el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, también ha optado por el silencio.

El vicepresidente del Consell, en declaraciones a la agencia Europa Press, aseguró que tras conversar con el alcalde "está absolutamente tranquilo y convencido de que todo lo que se ha hecho ha sido de forma totalmente legal, y no tiene ningún tipo de preocupación por ninguna cuestión".

Campos lamentó la actitud de la Fiscalía desde que José Luis Rodríguez Zapatero accedió al Gobierno de España ya que en este tiempo, dijo, ha mostrado "una gran actividad a la hora de buscar cuestiones que puedan intentar afear la gestión de responsables del PP" y señaló que resulta "extraña" o "por lo menos, curiosa" esta actuación. El vicepresidente del Gobierno valenciano, criticó la actitud del los socialistas respecto a Díaz Alperi, en su opinión, "una actitud carroñera a la hora de condenar públicamente al alcalde de Alicante". Campos acusó a lo socialistas de haber montado un juicio paralelo y prematuro contra el alcalde de Alicante: "Los socialistas han valorado estas cuestiones casi poniendo la sentencia", dijo.

El número dos del Ejecutivo que preside Francisco Camps rechazó también que se diga que el primer edil "ya es corrupto, ya es culpable y ya se tiene que ir", tal y como han pedido los partidos de la oposición y diversos colectivos cívicos.

Campos esgrimió también el derecho a la presunción de inocencia que ampara a Alperi y al resto de denunciados. "Dónde está la presunción de inocencia, dónde está la posibilidad de defenderse y de explicar las cosas por parte de los demás", se preguntó Campos.

Para Campos, al PSPV estos temas "le interesan poco" y afirmó que esta formación política "sólo busca el rédito electoral". Consideró que los socialistas son "personas que están demostrando muy poca responsabilidad política y, desde luego, una desvergüenza difícil de calificar". El vicepresidente censuró a los dirigentes socialistas por aplicar un doble rasero a la hora de hablar de los casos de corrupción del PP y los que afectan a los cargos socialistas.

El ministerio público aprecia cinco delitos en su denuncia por el supuesto trato de favor en la adjudicación de los tres aparcamientos al promotor Ortiz: prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y apropiación indebida. Los denunciados son el alcalde; la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo; el concejal de Tráfico, Luis Concepción; el jefe del departamento técnico de Tráfico y Planificación Viaria del Consistorio, Antonio Escobedo Moya; y el representante legal de la empresa Ortiz e Hijos Contratista de Obras, SA, que preside Enrique Ortiz.

Los supuestos hechos delictivos que incluye la denuncia contemplan penas de hasta ocho años de cárcel y 20 años de inhabilitación. La pena mayor está prevista para el delito de prevaricación en el que pudo incurrir el alcalde y los ediles Castedo y Concepción al aprobar en la junta de gobierno la propuesta de modificación del contrato inicial de la adjudicación. La modificación incluye un aumento del presupuesto superior al 20% en relación con la adjudicación inicial, extremo que requería un dictamen previo del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana. La junta de gobierno dio luz verde al proyecto sin ese requisito.

A parte de esa ilegalidad, el fiscal también resalta que los técnicos de Urbanismo rechazaron inicialmente la modificación del contrato. Entonces, Alperi trasladó el expediente al negociado de tráfico, donde uno de los técnicos sí avaló el proyecto, aunque según el fiscal, falseando el presupuesto de ejecución de la contrata. Para el fiscal, el quebranto económico para el Ayuntamiento de la modificación del contrato asciende a 2.268.060, 28 euros.