El juez permite a Astillero remar en La Concha si paga 20.000 euros

La trainera cántabra de Astillero deberá depositar una fianza de 20.000 euros para poder participar en San Sebastián el próximo 31 de agosto en la regata eliminatoria de la Bandera de La Concha, la principal prueba de la temporada de remo. El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la capital guipuzcoana dejó ayer sin efecto la resolución adoptada el pasado 18 de agosto por el alcalde donostiarra, Odón Elorza, en su condición del presidente del Centro de Atracción y Turismo (CAT). El primer edil decidió no invitar al club cántabro a la competición tras haber sido sancionado por el Gobierno vasco por negarse a pasar a un control antidopaje en septiembre del año pasado.

El juez adoptó esa medida cautelar tras reunir ayer a ambas partes y escuchar sus argumentaciones. En su escrito, dispone que se permita a Astillero participar en la regata clasificatoria mientras se resuelve el recurso que el club interpuso ante el Tribunal Superior de Justicia contra la sanción del Gobierno, que les ha prohibido remar durante dos años en Euskadi.

De no adoptar dicha medida cautelar, explica el juez, se hubiese causado un perjuicio a la tripulación cántabra "de imposible reparación" si finalmente prospera su recurso ante el Superior tras la disputa de la prueba. El máximo tribunal vasco decidió el pasado 10 de agosto suspender cautelarmente la sanción impuesta por el Ejecutivo autónomo a 14 remeros del club y a su entrenador, José Manuel Francisco, aunque ratificó que deben pagar una multa de 99.141 euros.

El CAT habla hoy

En cambio, el juez considera que los daños a terceros no serían irreparables si el recurso es desestimado, porque en esa hipótesis la embarcación sería descalificada y obligada a devolver el premio económico que pudiese obtener en la regata. Por esta razón, y atendiendo a los 18.000 euros de premio en metálico que se entregan al vencedor de la Bandera, el juez resolvió ayer exigir a Astillero que abone una fianza de 20.000 euros.

Con esta resolución judicial, Astillero logra su objetivo de bogar en San Sebastián y salva todas las trabas que ha encontrado durante los últimos meses para remar en Euskadi tras negarse, en septiembre del año pasado en Hondarribia, a pasar un control antidopaje ante personal acreditado del Gobierno. Los tripulantes de Astillero rechazaron someterse al control al entender que se trataba de "un interrogatorio".

El Departamento de Cultura les sancionó porque "las infracciones de dopaje no sólo se reducen al consumo y utilización de sustancias o métodos prohibidos, sino que incluyen actividades como la colaboración o promoción de estas sustancias".

El CAT aplazó hasta hoy, cuando presentará en público la disputa de la Bandera, hacer cualquier comentario sobre la decisión judicial.