La Guardia Civil implica a dos ediles del PP en las torturas a detenidos en Torrevieja

La Guardía Civil ha ampliado la acusación en el caso de las supuestas torturas de agentes de la Policía Local de Torrevieja a detenidos a dos concejales del equipo de gobierno local, en manos del PP con mayoría absoluta. Los agentes interrogaron en la tarde de ayer al edil de Sanidad, Hipólito Caro, y al de Seguridad y Tráfico, Pedro Valero. La investigación policial acusa al primero de falsear partes de lesiones a arrestados. La juez tomó ayer declaración a otros dos agentes. Los seis policías locales imputados hasta ahora han sido suspendidos de sus funciones.

El responsable de Sanidad del Ayuntamiento de Torrevieja, Hipólito Caro, acudió ayer al cuartel de la Guardia Civil en compañía de su abogado. Tras la declaración de Caro, la Guardia Civil interrogó al edil de Seguridad, Pedro Valero, que también compareció con abogado. Tras tomarles declaración, la Guardia Civil aprecia que los concejales participaron en los hechos, por lo que acordó su puesta a disposición judicial como imputados.

Hipólito Caro, médico de profesión, compagina el cargo público con su actividad laboral. Hasta hace dos meses, el edil era el responsable de un centro de salud y, recientemente, ha sido designado por la Generalitat valenciana director del Área de Salud 22, que engloba a Torrevieja y seis poblaciones vecinas. Pese a no tener la exclusividad, Caro percibe 2.000 euros mensuales por el cargo. La investigación policial considera que Caro, como director del centro de salud, "amañó" partes de lesiones de arrestados por la Policía Local, entre ellos, un inmigrante centroamericano que resultó herido en su detención por los agentes.

El responsable de la Concejalía de Seguridad Ciudadana, Pedro Valero, goza de dedicación exclusiva, con un sueldo de 2.790 euros al mes. Valero ha habilitado su despacho oficial en las dependencias de la Policía Local.

La juez que dirige la investigación, la magistrada Juana López, tomó ayer declaración, como denunciados, a dos nuevos agentes. En total, son ya seis los policías locales imputados en la causa. El fiscal ha pedido prisión para los seis agentes, pero la juez no lo ha aceptado, los ha dejado en libertad con cargos y los ha suspendido de sus funciones. La juez instructora seguirá en los próximos días interrogando a nuevos agentes, hasta un total de 14.

La espoleta que encendió la alarma se activó el pasado año. En una persecución policial, un delincuente fue abatido a tiros en el municipio murciano de Cieza cuando circulaba en un turismo con otros dos malhechores. Éstos lograron burlar el control policial y huyeron. Sin embargo, los fugados fueron arrestados por agentes de la Policía Local en Torrevieja. En su declaración ante la juez, los apresados denunciaron malos tratos por parte de la Policía Local.

Este episodio, sumado a la existencia de múltiples denuncias anteriores por agresión a otros detenidos, que nunca llegaron a prosperar judicialmente por falta de pruebas, llevó a la juez decana, Juana López, a ordenar la apertura de una investigación. En paralelo, la Dirección General de la Guardia Civil acordó el envió a Torrevieja de un destacamento de Policía Judicial para investigar en exclusiva las supuestas ilegalidades cometidas por la Policía Local.

El último caso de maltrato a un detenido se destapó en junio, cuando un ciudadano guatemalteco sufrió la rotura de tres costillas, hundimiento de los pómulos y la extirpación del bazo a causa, presuntamente, de una paliza.

Hermanos mellizos del jefe

Fuentes judiciales corroboran que dos de los imputados, dos hermanos del jefe de la Policía Local, Alejandro Morer, han protagonizado otros episodios de agresiones a detenidos. Ayer se presentó a las puertas del juzgado un hombre, Manuel Ferrandis, que mostró fotos en las que aparece con signos de violencia, provocados, según él, por la Policía Local de Torrevieja.

Morer presentó ayer su dismisión al alcalde, Pedro Ángel Mateo, que no la aceptó por considerar que el asunto no es de "gravedad". El primer edil [imputado por la Fiscalía Anticorrupción por una millonaria plusvalía en la compraventa de una finca] dijo no entender el "alboroto que se ha montado".

Hoy continúa la toma de declaración a otros tres agentes. Al igual que los ya interrogados, los dos policías acuden ante la juez sin citación formal previa y, por tanto, sin saber si lo hacen como imputados o testigos. Según fuentes judiciales, una vez en el juzgado y antes de comenzar el interrogatorio, la magistrada les lee los delitos que se les imputa.