Las luces y las sombras

La posición de la Iglesia institucional española, sobre todo de algunos cardenales y obispos, no tiene precedente comparado con la postura y el comportamiento de las demás iglesias cristianas, incluidas las católicas en el resto de Europa. Quieren seguir teniendo el monopolio de las luces y de la verdad, no sólo en el campo religioso, sino también en el científico, en el educativo, en el cultural y en el político. Esas pretensiones acabaron en Occidente con el Siglo de las Luces. La extensión a todos los campos del principio evangélico "la verdad nos hará libres" es el impulso y la justificación intelectual de esas posiciones. Sin embargo, es un error histórico esa extensión a un mundo antropocéntrico y secularizado donde el hombre es el centro y está centrado en el mundo. Quizá, lo cierto es que se ajusta a esas condiciones culturales que arrancan de la Ilustración y que tienen como centro la libertad y aseguran su implantación como el cauce para construir verdades en la ciencia, en la educación, en la cultura y en la política. Es la libertad, pues, la que nos ayuda a ser más verdaderos.

Naturalmente, estas posturas de la jerarquía, con la aparición de la democracia, del Estado liberal y de los derechos fundamentales, quedan en Occidente un poco en el vacío. No sé si algún eclesiástico añorará la situación de otras religiones monoteístas, donde los jefes religiosos están por encima y controlan a los políticos elegidos por sufragio universal. Si fuese así, aunque no lo confesasen, deberíamos concluir que están infectados de una grave enfermedad de imposición de la ética privada sobre la ética pública.

Quizá, el último ejemplo de ese delirio es la oposición a la asignatura Educación para la ciudadanía por parte de esos sectores católicos, que ha culminado con la afirmación incomprensible del cardenal Rouco de que puede ser contraria a la Constitución, que puede ser inconstitucional.

Son tesis que recuerdan a la reacción antiilustrada del siglo XIX, donde De Bonald y De Maistre, y Juan Donoso Cortés en España, defienden una sociedad teocéntrica basada en el orden divino expresado a través del pensamiento de la Iglesia Católica. Sus tesis son las mismas de los años cuarenta, un poco moderadas y enmascaradas a través no sólo de apelaciones a la verdadera democracia, que ellos representan mejor que nadie, y de afirmaciones sobre su defensa permanente de los derechos humanos con una inocencia histórica que olvida el "Syllabus" y toda la restante doctrina pontificia desde la "Mirari Vos" a la "Libertas". En realidad, siguen muy influidos por el segundo Donoso Cortés del Ensayo sobre el Catolicismo, el Liberalismo y el Socialismo (1851), del Discurso sobre la Dictadura (1849, en el Congreso de los Diputados), de la "Carta al Director de la Revue des Deux Mondes", de su discurso Sobre la situación general de Europa (1851), de la Carta al Cardenal Fornani (1852) o de "Los sucesos de Roma" (El Heraldo, noviembre de 1848), entre otros. Releyendo la excelente edición del Ensayo del profesor Monereo en Comares aparecen muchas ideas que nuestros señores cardenales y obispos repiten hoy: "El orden pasó del mundo religioso al mundo moral y del mundo moral al político. El Dios católico, creador y sustentador de todas las cosas, las sujetó al gobierno de su providencia y las gobernó con sus vicarios. La idea de autoridad es de origen católico" (Ensayo, página 15); o "No hay verdad que la Iglesia no haya proclamado, ni error al que no haya dicho anatema. La libertad en la verdad ha sido para ella santa; y en el error, como el error mismo, abominable: a sus ojos el error nace sin derechos y vive sin derechos" (Ensayo, página 24). Repudiará a la "democracia insensata y feroz, sin Dios y sin ley que oprime a la unidad y conturba al mundo" ("Los sucesos de Roma", Obras completas, Tomo II, página 183). Un examen de las obras que acabamos de reseñar permite encontrar en todas ellas restos de ese pensamiento. Se unen también otras ideas muy arraigadas en la cultura eclesiástica, que no evangélica, como la miseria humana que desprecia al hombre en el mundo o la de los dos reinos, el de los justos y el de los pecadores, que divide e impide el desarrollo de la igual dignidad de todas las personas. La distinción muy arraigada entre jerarquía y fieles, los pastores y el rebaño de que habla Pío X, o el diferente trato a la mujer en el interior de la Iglesia, son también rasgos que impiden la igual dignidad. La idea kantiana de que somos seres de fines, que no podemos ser utilizados como medios y que no tenemos precio se aplica con dificultad a esa cultura. Controlar y monopolizar, negando la autonomía a la ciencia, a la filosofía y a la política, para estos eclesiásticos no son ideas medievales y superadas, sino ideas vivas y actuantes en su tarea.

Por eso no pueden admitir que la enseñanza de un Estado democrático pueda transmitir los valores de libertad, de igualdad, de pluralismo y de justicia que están en el artículo primero de la Constitución. Tampoco otros complementarios como la tolerancia, la solidaridad y la seguridad. Ni las reglas y los procedimientos que aseguran la convivencia desde el Estado de Derecho. Los valores son monopolio de la Iglesia y de su enseñanza religiosa. De nuevo De Bonald, De Maistre o Donoso Cortés suministran los razonamientos. Ninguna de las verdades históricas, de las conquistas intelectuales, médicas o científicas, les conmueven. Con su inocencia histórica se niegan a reconocer que desde el siglo XVIII han perdido el monopolio educativo y la enseñanza en valores. Sus valores son válidos para los creyentes y no se admite que haya valores secularizados para todos los ciudadanos, creyentes y no creyentes.

La crítica y la progresiva sustitución de la educación clásica criticada ya en siglos anteriores por Rabelais o Montaigne, especialmente por su concepción pesimista sobre las capacidades del niño, no es aceptable para ellos. Es ya la tesis de la miseria humana desde la infancia. Las posiciones de Condillac, D'Alambert, Rousseau, Filangieri o Condorcet modificaron el escenario. Aparecerá la idea de la educación universal como derecho y como deber desde el desarrollo democrático de la sociedad. La Chalotais, en su Essai sur l'Education Nationale de 1763, planteará la responsabilidad del Estado en la educación nacional. Se propugnará la unificación de los programas, se diseñarán las diversas etapas educativas según las edades de los niños y se impulsarán las lenguas nacionales para sustituir al latín. Condorcet defenderá la igualdad de sexos y de oportunidades educativas para las mujeres, pero será un diagnóstico aún solitario.

En España, Carlos III asumirá las posiciones ilustradas y creará los Reales Estudios de San Isidro en Madrid, proclamando a la enseñanza primaria y secundaria como servicio público. El Conde de Floridablanca creará el Real Seminario patriótico vascongado, que Menéndez Pelayo considerará la primera escuela laica en España. Otros autores, como Jovellanos, Cabarrús o Meléndez Valdés, defienden una enseñanza laica, común para todos los ciudadanos y en diversas etapas desde la primaria a la superior. El Emilio español, el Eusebio, una novela pedagógica del ex jesuita Pedro Montegón, difundirá la nueva pedagogía y sostendrá que la moral puede enseñarse prescindiendo de la religión.

Esta corriente en España se consolidará en el siglo XIX con la obligación pública de una enseñanza única y gratuita bajo la supervisión del Estado. La enseñanza laica, pública y gratuita se generalizará en Francia a partir de la Tercera República, y en Italia a partir de 1870, después de la unidad. En Inglaterra empezó la intervención del Estado con la Ley Gladstone de 1870, y la gratuidad se estableció en 1891. En todos los países en que avanza en el siglo XIX y se completa en el siglo XX la educación nacional obligatoria, gratuita y laica, la escuela se reconvierte en un núcleo de igualdad social y de liberación intelectual, dos objetivos centrales del mundo moderno.

En esa línea, la Constitución de 1978 establece el derecho a la educación, pero permite la enseñanza privada e incluso la puede subvencionar si cumple el objetivo general de la educación, señalado en el artículo 27.2: "La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales".

La enseñanza privada, concertada o no, está sometida a estas reglas, aunque además podrá explicitar su carácter propio. Desconocer esta obligación general y esta competencia plena de los poderes públicos en materia educativa es un signo más de la desmesura de la verdad que nos hace libres. Ya dijeron los obispos en 1988 que ellos eran depositarios de verdades que están por encima de las coyunturales mayorías, con el peso de la superioridad de la teología sobre el pensamiento.

Así, se atreven a decir que la Educación para la ciudadanía es incluso inconstitucional. Desgraciadamente para ellos la sociedad no les va a seguir en ese intento teocrático de control. Es una forma más de rechazo real a la modernidad.

Gregorio Peces-Barba Martínez es catedrático de Filosofía del Derecho y rector de la Universidad Carlos III de Madrid.