Una decisión que quema

La Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico emprenderá en septiembre una ronda de contactos con el Ayuntamiento de Cádiz y con colectivos ciudadanos para buscar soluciones al importante impacto medioambiental que supone la concentración de barbacoas que anualmente se celebra en las playas gaditanas tras el Trofeo Carranza. Esta administración ya ha amagado con prohibir el evento en dos ocasiones este verano. La primera, en mayo, cuando emitió una normativa por la cual se prohibía en el litoral gaditano cualquier actividad ajena a los usos habituales de la playa. Poco después, matizó la norma: quedaban excluidos los eventos "tradicionales".

Hace sólo diez días, un técnico de Costas anunció sanciones para quienes encendieran fuegos fuera de la playa Victoria, donde comenzó esta costumbre. Sin embargo, el jefe de Costas en Cádiz, Federico Fernández, rectificó inmediatamente. La limitación a una playa se convertía sólo en "un deseo de futuro". Ahora, Costas plantea "consensuar con el resto de administraciones y entidades" medidas paliativas, pero ha descartado por completo la idea inicial de prohibir la concentración. "Hay quien ha sugerido permitir la fiesta pero pedir a la gente que traiga la comida de su casa, ya que los restos de carbón vegetal son los más difíciles de eliminar; convertir la noche en un ejemplo de reciclaje o tratar de batir un récord en disminución de volumen de basura", propone Fernández. Este año, los más de 160.000 asistentes han generado 140 toneladas de residuos. Una impactante cifra que, sin embargo, supone un 15% menos de la basura recogida en 2005, cuando acudieron a las barbacoas 250.000 personas.

El Ayuntamiento tampoco quiere abanderar ninguna campaña contra la fiesta e insiste, año tras año, en la eficacia de los dispositivos especiales de limpieza, pese a que ecologistas y expertos insisten en que estos trabajos no evitan que contaminación de la playa persista durante días. El Consistorio hace campañas en los medios de comunicación, coloca carteles informativos en la entrada de la playa, pero se desmarca cada vez que huele alguna medida impopular. "El Ayuntamiento no tiene nada que ver con esto, este equipo de gobierno no ha prohibido nada, han sido los socialistas", repitió en varias ocasiones el teniente de alcalde y responsable de Playas Enrique García Agulló cuando Costas anunció que acotaría el espacio.

De hecho, ni los ecologistas, los más fervientes opositores a las barbacoas, se atreven a pedir la prohibición. "Con las dimensiones que han adquirido, sería una batalla perdida", reconoce Lola Illescas, portavoz de Ecologistas en Acción. Sin embargo, exigen a las administraciones medidas para minimizar el daño medioambiental y, a los participantes, "más colaboración".

También en otras zonas del litoral andaluz se producen concentraciones masivas en las playas en determinadas fechas, aunque los ayuntamientos no han dudado en regular los usos. En Málaga, las barbacoas están reguladas de forma precisa por una ordenanza municipal que entró en vigor en julio de 2004, informa Pilar Álvarez. Sólo se permiten en la noche de San Juan, el 24 de junio, en la del pregón de Feria y en la procesión de la Virgen del Carmen, el 16 de julio, "en aquellas playas a las que afecte". El texto prohíbe cocinar en la playa de 8.00 a 10.00 y a menos de seis metros desde la línea de pleamar. Sólo se puede cocinar en las parrillas dispuestas por el Ayuntamiento sin usar "artilugios" propios.

La cuestión se complica para celebrar una moraga en un punto de la costa malagueña sin instalaciones municipales. Los organizadores deberán enviar una semana antes de la fiesta un escrito al Ayuntamiento con el DNI del responsable, la fecha y hora de la celebración, la ubicación y el número aproximado de asistentes.

En Almería, el área de Salud y Consumo se vio obligada a "recordar" a comienzos de agosto que las barbacoas no están permitidas en los arenales, informa María José López Díaz. Ante las quejas de los bañistas debido a la proliferación de barbacoas en las distintas playas urbanas, se han instalado carteles recordando que no están permitidas y que existe una "vigilancia especial" de la Policía Local. La concejal delegada, María Muñiz, explicó que las playas urbanas "soportan una fuerte presión de uso y la obligación de las instituciones, especialmente de la Dirección General de Costas, que es el organismo encargado de tutelar estos espacios tan frágiles, es atender al interés general para que la actuación de unos pocos no pueda evitar el disfrute de la mayoría en un espacio público, lo que nos obliga a establecer ciertas restricciones".