La concesionaria de la playa de Orihuela sólo cubre la mitad de los servicios y no paga el canon

Los servicios de la playa de Orihuela han caído considerablemente de un verano a otro por los incumplimientos de la nueva concesionaria, que tampoco paga el canon. La oposición denuncia "trato de favor" en la adjudicación de la contrata y los anteriores subarrendatarios acusan al Ayuntamiento, en manos del PP con mayoría absoluta, de dejarlos en el paro. El cambio de la contrata se produjo a raíz de la purga de ediles zaplanistas que realizó el alcalde José Manuel Medina, afin a Francisco Camps. Medina ha dado diez días a la empresa para que justifique el impago.

Los arrendatarios de los chiringuitos acusan al alcalde de "echarlos" al paro

El Ayuntamiento de Orihuela adjudicó los servicios de la playa el pasado 23 de marzo a la mercantil Chiringuitos del Sol, SL, por 720.000 euros, la oferta más alta de todos los grupos que optaban a la adjudicación y prácticamente el doble que la concesionaria anterior, la firma Chiringuitos Costa Blanca, SL. La mercantil ganadora del concurso se había constituido un mes antes con un capital social de 4.000 euros y como justificante de su solvencia presentó un acta notarial que acreditaba ese extremo. Su elevada oferta económica fue uno de los aspectos que decantó la valoración final de los técnicos a su favor. Según el pliego de condiciones, la nueva adjudicataria se comprometía a mantener al menos los servicios anteriores, entre ellos 15 chiringuitos de playa, y a abonar el 50% del canon antes del 2 de agosto.

La renovación de la contrata coincidió con el cambio de concejal delegado de playa, la edil Araceli Vilella, en sustitución del defenestrado José Antonio Aniorte. Éste se alineó con el grupo de ediles zaplanistas represaliados por el alcalde, José Manuel Medina, a raíz de la ruptura de la disciplina de voto en un pleno.

En plena temporada turística, la concesionaria ha incumplido el pliego de condiciones. De esta forma, según denuncian usuarios de la playa y los antiguos subarrendatarios, sólo han abierto al público siete de los 15 chiringuitos y tampoco se han habilitado la totalidad de los aseos y servicios de limpieza de la playa. Pero, además, la mercantil ha incumplido el pago del primer plazo del canon.

La nueva concesionaria también acordó eliminar todas las subcontratas que mantenía la anterior firma, entre ellas la explotación de los 15 bares de playa, salvo una, la de las motos acuáticas. Este servicio fue subarrendado a una firma de familiares del marido de la concejal Araceli Vilella.

Los antiguos subarrendarios, entre ellos el matrimonio formado por Jorge Tormo y Tere Miñano, arremeten contra el Ayuntamiento por el cambio de concesionaria: "No sólo ha bajado la calidad de los servicios prestados, sino que 20 familias se han visto abocadas al paro", dice Tere. "Desde hace más de 12 años, era nuestro medio de vida. Empezamos en esto cuando la playa de Orihuela aún no era muy frecuentada, y ahora que hemos levantado los negocios, el alcalde va y nos echa al paro", añade su marido, Jorge.

La edil del PSPV Fuensanta Durante denuncia un supuesto trato de favor en la adjudicación de los servicios de la playa a la nueva firma. "La adjudicación se hizo por un precio desorbitado sin asegurarse la solvencia económica de la empresa, y máxime cuando un informe de los técnicos municipales avalaba la eficacia de los servicios prestados por la anterior adjudicataria". "Ahora, nos encontramos que en pleno verano el Ayuntamiento se plantea rescindir el contrato a la concesionaria, extremo que implícitamente supone reconocer que se equivocaron a la hora de la adjudicación", explica. Durante también anuncia que el grupo municipal socialista trasladará el caso a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante [Este departamento del ministerio público ha presentado 16 denuncias en los juzgados de Orihuela por otros tantos casos de corrupción derivados de la gestión urbanística y contable en el Consistorio]. Durante resalta que la explotación de los servicios de la playa a una empresa externa conlleva el pago de una tasa por parte del Ayuntamiento a la Dirección General de Costas de 98.000 euros, "dinero que de entrada tendrá que salir de las arcas municipales ante el impago de la concesionaria", precisa.

Por su parte, el alcalde rechazó ayer cualquier relación entre el cambio de concejal en la delegación de la costa y la adjudicación. "El plazo de la anterior contrata venció. Se hizo un concurso y se adjudicó al mejor postor, de acuerdo con los criterios de la mesa de contratación", dijo Medina. "El impago de la concesionaria está en manos de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y a la espera de las explicaciones de la empresa", añadió el primer edil.