El PSOE pide que se investigue el caso del funcionario detenido

El PSOE del Ayuntamiento de Madrid quiere más explicaciones sobre la detención de un funcionario municipal acusado de exigir dinero al dueño de un pub a cambio de una licencia. Los socialistas reclaman una investigación, mientras que el equipo de gobierno, del PP, afirma que el caso está en manos del juzgado y que el Ayuntamiento "no tiene absolutamente nada que ver" con este presunto e irregular comportamiento.

El Grupo Municipal Socialista exigió ayer al Ayuntamiento de Madrid que abra, "con la mayor diligencia", una investigación para conocer si el funcionario del departamento de Medio Ambiente detenido por pedir dinero por la concesión de una licencia ha cometido más actuaciones fraudulentas en el ejercicio de su tarea de supervisión de locales públicos. Este inspector de Medio Ambiente del Ayuntamiento, cuyas iniciales son A. S., pidió dinero al dueño de un pub discoteca de Madrid por realizar los preceptivos informes favorables que certificaran que había realizado reformas en su local para concederle una licencia de ampliación del aforo. (Véase EL PAÍS de ayer).

El PSOE quiere conocer ahora "con detalle" todos los expedientes tramitados por este funcionario, con el fin de saber si en todos los casos se ha cumplido la ley o se han producido comportamientos similares al denunciado por el dueño de este pub.

El concejal socialista responsable del Área de Seguridad, Óscar Iglesias, reclamó que se aclare si los locales inspeccionados por el funcionario ahora detenido cumplen las garantías legales o si, como en el caso que se ha conocido gracias a las cintas que grabó el propietario del pub, hubo informes falsos y se han podido cometer otros delitos.

El coordinador general de la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios a la Ciudad, Ignacio López Galiacho, respondió que el Ayuntamiento de Madrid no tiene "absolutamente nada que ver" con las tropelías cometidas por un funcionario de ese departamento, que fue detenido por pedir dinero a cambio de la concesión de una licencia.

López-Galiacho indicó a Europa Press que "hay que dejar bien claro que se trata de un comportamiento presuntamente delictivo por parte de un funcionario en el ejercicio de sus funciones, algo que está completamente fuera de cualquier responsabilidad del Ayuntamiento".

Juzgado de instrucción

"El caso está en manos del juzgado de instrucción y cuando solicite nuestra colaboración la tendrá, por supuesto", afirmó el coordinador general de Medio Ambiente, quien explicó que "en ningún caso es oportuno" crear una comisión de investigación como solicitó el portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista, Óscar Iglesias.

Según López-Galiacho, "será el funcionario quien deberá responder ante la justicia de las actuaciones que ha cometido". Finalmente, el responsable municipal señaló que "da la sensación de que Iglesias, en su afán por judicializar el Ayuntamiento, quiere crear una comisión de investigación en cuanto puede, pero en este caso no tiene sentido porque el Gobierno municipal no tiene absolutamente nada que ver con lo realizado por el funcionario".

Según fuentes del caso, todo comenzó cuando el dueño del pub Ártica solicitó al Ayuntamiento una licencia para ampliar el aforo del establecimiento. Tras solicitar formalmente la licencia, a finales de julio recibió la visita en su local de un inspector municipal.

Según los investigadores del caso, el inspector le dijo que para obtener la licencia era necesario acometer una costosa reforma. Pero nada más decirle eso, le indicó que podía evitar tener que hacer la reforma si él emitía un informe haciendo constar falsamente que las obras se habían realizado.

A cambio, el funcionario municipal recibiría una compensación económica. El dueño del pub denunció los hechos a la policía, que detuvo al inspector municipal tras grabar diversas conversaciones. Éste se niega a declarar sobre la acusación.