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La situación en el País Vasco

Todos los partidos, salvo el PP, respaldan al Gobierno frente a las amenazas de ETA

Acebes reclama la ruptura del diálogo y el Gobierno vasco niega legitimidad a la banda

Todos los partidos democráticos españoles, salvo el PP, así como los Gobiernos vasco y navarro rechazaron ayer la amenaza de ETA de que "responderá", se supone que volviendo a atentar, en el caso de que "las autoridades españolas continúen sin cumplir sus compromisos de alto el fuego" y se mantenga "la represión". El Ejecutivo central eludió pronunciarse oficialmente sobre el comunicado y por parte del PSOE sólo salió a la palestra Alfonso Perales, secretario de Relaciones Institucionales. "La paz no tiene ni tendrá nunca precio político", dijo. El PP insistió en que el comunicado confirma que el proceso "no era de paz, sino de chantaje", e instó a José Luis Rodríguez Zapatero a romper el diálogo con la banda.

El diagnóstico y la advertencia de ETA son claros: "Las autoridades españolas continúan sin cumplir sus compromisos de alto al fuego. El mantenimiento de esa situación de represión es incompatible con el desarrollo de un proceso de negociación para la solución del conflicto. Queremos advertir de que si los ataques siguen ETA responderá".

La primera reacción procedió del Gobierno vasco, quien replicó que ETA no tiene "ningún derecho" a frustrar las esperanzas de paz, porque "no es nadie para negar el derecho de este pueblo a decidir en paz y libertad". Además, aseguró que corresponde a los representantes de los ciudadanos encauzar el camino hacia la normalización política y la paz. El lehendakari Juan José Ibarretxe eludió ayer pronunciarse directamente sobre el comunicado, pero sí aprovechó un encuentro con niños saharauis y palestinos que veranean en Euskadi con familias vascas para destacar: "Euskadi tiene que resolver sus problemas por medio de la democracia y no de la guerra".

Aún por la mañana, el socialista Perales leyó una declaración en la que insistió en que la paz "no tiene ni tendrá precio político alguno. ETA lo sabe y no debe olvidarlo", y recordó: "La política en democracia tiene unas reglas muy claras y quien quiera participar en ella ya sabe lo que tiene que hacer, cumplir esas reglas". Perales señaló que "existe una firme voluntad del Gobierno de seguir trabajando hasta el fin del terrorismo".

Para el coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, "la única respuesta democrática" al comunicado es advertir a ETA de que "no se le admite ningún chantaje" y que no tiene "pito que tocar" en el proceso de diálogo entre partidos porque "las cuestiones políticas no le competen". En esa línea, Iñigo Urkullu, portavoz de la Ejecutiva del PNV, opinó que el comunicado "suena a la liturgia habitual de ETA" para su gente y apuntó que "está mezclando pacificación y normalización", en contra de Batasuna. La escisión de ésta, Aralar, subrayó que la advertencia etarra "constituye una verdadera amenaza que desde el punto de vista democrático no es tolerable".

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, aseguró que "ETA puede cantar misa", porque "quien ha de marcar el paso" del proceso es el Gobierno. El presidente de ERC, Josep Lluís Carod-Rovira, reclamó al Gobierno y a ETA "gestos de distensión" para que el proceso de paz no se estanque, como el fin de la "kale borroka, el acercamiento de los presos y, a medio plazo, la legalización de Batasuna".

Ángel Acebes, secretario general del PP, declaró que ETA ha dejado claro que "el proceso no era de paz sino de chantaje" y que no sólo "no va a entregar las armas", sino que "volverá a atentar" si no se paga "el precio político". Por ello, insistió en que el Gobierno debe dejar claro "que ya está bien y que va a imponerse la ley, el Estado de derecho y el Pacto Antiterrorista". Además, emplazó al Ejecutivo a contar sus acuerdos con ETA y desde cuándo los tiene.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de agosto de 2006