El Ejecutivo cree que el proceso no está en riesgo pese al comunicado

El Gobierno evitó ayer dramatizar el contenido del último comunicado de ETA y lo situó en el terreno de las "dificultades propias del proceso". Para ello, La Moncloa eludió el pronunciamiento público y lo delegó en el partido, aunque no descarta que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, haga hoy alguna alusión en el mitin que celebrará en Las Palmas.

El Ejecutivo estima que la situación de "crisis" que ETA atribuye al proceso, en su comunicado, se centra en el reto de la legalización de Batasuna. Prueba de ello es que ETA responsabiliza del "bloqueo" del proceso no sólo al PSOE sino también al PNV. Y es que tanto Zapatero, en su declaración institucional del 30 de junio, como el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, han dicho que es a Batasuna a quien corresponde tomar la iniciativa de la legalización antes de participar en la mesa de partidos.

ETA ha unido su voz a la de los portavoces de Batasuna que, en julio y agosto, han echado un pulso para lograr su legalización de facto sin pasar por la ventanilla de la Ley de Partidos. ETA habla, incluso, de "incumplimientos" de compromisos adquiridos por el Gobierno antes del alto el fuego, en posible referencia a dicha legalización de hecho.

Esta posibilidad se perdió cuando el juez Fernando Grande-Marlaska dictó un auto, en enero, en el que suspendió por dos años más a Batasuna. Los socialistas han transmitido a Batasuna, en público y privado, que el poder judicial es independiente del ejecutivo en un Estado de derecho y que, por tanto, tras el auto de Grande-Marlaska, la única salida para su legalización es acogerse a la Ley de Partidos.

Legalización de Batasuna

El gesto del líder del PSE, Patxi López, de aceptar como interlocutor a Batasuna y a su portavoz, Arnaldo Otegi, en una reunión pública tenía, entre otros objetivos, alentar la legalización de Batasuna por el único procedimiento hoy posible.

El Gobierno mantenía ayer la misma posición que Zapatero expresó el 30 de junio cuando dijo que Batasuna debía cumplir la Ley de Partidos y nadie en Batasuna puso objeciones entonces. De hecho, la dirección de Batasuna parecía dispuesta en junio a presentar nueva marca y nuevos estatutos en el registro de partidos como medio para alcanzar la legalidad y participar en el juego político democrático.

Todo apunta a que se ha encontrado con resistencias en un sector de sus bases que rechaza pasar por la ventanilla de la Ley de Partidos. "Es Batasuna quien ha cambiado y es, por tanto, quien tiene que dar explicaciones", señalaban ayer fuentes gubernamentales. El Gobierno confía en que Batasuna cumpla la Ley de Partidos y está convencido que este pulso no pone en peligro un proceso de fin de la violencia que ha arraigado en la sociedad vasca.