España muestra su preocupación por el alto riesgo de la operación de paz

Jamás una misión de las Fuerzas Armadas españolas en el exterior ha suscitado tanto apoyo político y tanta preocupación militar. Mientras todos los partidos apoyan, con matices secundarios -como si el Congreso debe aprobarlo en pleno o en comisión-, el envío de tropas a Líbano, los reparos de los mandos militares son patentes. Así se puso ayer de manifiesto en la reunión que el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, mantuvo con la cúpula de su departamento, de la que sólo trascendió un mensaje: "El nivel de riesgo y complejidad de esta operación es considerable".

Sin embargo, lo que más preocupa a los mandos militares -tanto a los españoles como a los de otros países dispuestos a participar- no es la complejidad ni el riesgo, sino la falta de garantías suficientes para asegurar que el sur de Líbano no se convertirá en un avispero para sus soldados.

Lo que hubieran preferido los mandos militares es que una organización con capacidad acreditada, como la OTAN, tomase el mando de la operación. En su memoria está fresca la experiencia de Unprofor, la misión de la ONU en Bosnia-Herzegovina que asistió impotente a matanzas como la de Sbrenica y tuvo que ceder el testigo a la Alianza Atlántica.

Ya que no ha sido posible, habrían querido al menos un mandato claro de Naciones Unidas y una fuerza "robusta", tanto por su cohesión y medios como por las reglas de enfrentamiento.

En lugar de ello, las negociaciones del Consejo de Seguridad de la ONU, plasmadas en la resolución 1701 del 11 de agosto, han llevado a la ampliación de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (FINUL) de 2.000 a 15.000 efectivos. "Es más fácil construir una casa desde los cimientos que reformarla cuando está en ruinas", afirman.

Y nadie duda de que la FINUL no ha sido, hasta ahora, un modelo de éxito. Con 258 muertos (los seis últimos durante la guerra entre Israel y Hezbolá), se trata de la operación con más bajas de la historia de la ONU, por delante de Congo (249), Bosnia (213) y Sierra Leona (193).

El despliegue de los cascos azules, tras la invasión israelí de Líbano en 1978, no impidió continuas violaciones de la línea azul (la frontera provisional entre los dos países), ni una nueva invasión del Ejército judío en 1982 ni, finalmente, el ataque de Hezbolá del 12 julio que desencadenó la guerra de los 33 días.

El resultado, según las mismas fuentes, tampoco favorece la labor de interposición: Hezbolá se considera ganador, y difícilmente aceptará su desarme, e Israel, cuyo orgullo militar ha quedado herido, se reserva el derecho de responder a cualquier agresión.

Representantes militares de una veintena de países discuten en el Departamento de Operaciones de Paz de la ONU en Nueva York las reglas de enfrentamiento; es decir, las condiciones de uso de la fuerza. Los militares quieren una reglas flexibles, que les permitan graduar el recurso a la violencia y no les dejen "con las manos atadas" como en Bosnia, según sus palabras. La clave está en la interpretación de un párrafo de la resolución 1701, que "autoriza a la FINUL a que tome todas las medidas necesarias y que estime que están dentro de sus capacidades para asegurarse de que su zona de operaciones [entre la línea azul y el río Litani] no será utilizada para llevar a cabo acciones hostiles de ningún tipo, a que resista los intentos de impedirle por medios coercitivos cumplir las funciones que le incumben de conformidad con el mandato del Consejo de Seguridad y a que proteja al personal, los servicios, las instalaciones y el equipo de Naciones Unidas, vele por la seguridad y la libertad de circulación del personal de la ONU y los trabajadores humanitarios y que [...] proteja a los civiles que estén bajo amenaza inminente de sufrir violencia física".

La expresión "todas las medidas necesarias" es el eufemismo habitual de la ONU para referirse al uso de la fuerza, pero la resolución 1701 no invoca el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas, único que autoriza dicho empleo. El Consejo de Seguridad expresa "su intención de considerar en una resolución posterior nuevas mejoras del mandato" de FINUL, pero no dice cuándo ni cómo.