France Telecom advirtió a la Generalitat de que Al-pi sólo puede sobrevivir dentro del propio grupo

El Gobierno catalán y France Telecom (FT) llevan un año en liza por el futuro de Al-pi, el operador de telecomunicaciones para empresas del que son propietarios y que atraviesa por una delicada situación económica. La compañía francesa, que controla el 75% de las acciones, advirtió el pasado mes de octubre a su socio catalán de que Al-pi sólo puede sobrevivir integrada dentro de France Telecom, para lo que pretende comprar la participación pública, del 25%. El Gobierno catalán corrobora que su operador tiene dificultades, pero ha pedido "tiempo" para decidirse a vender.

La Generalitat se muestra muy cauta sobre este espinoso asunto, sobre todo en víspera de las elecciones autonómicas, y hace tiempo que culpa a France Telecom de la mala marcha del operador.

"Al-pi tiene 50 millones de deuda con France Telecom España, 33 millones de cash pooling [cuentas centralizadas] que no puede reembolsar y 17 millones de impago de facturas. La situación es crítica y demanda una solución inmediata, ya que France Telecom España no puede seguir financiando la compañía". El presidente ejecutivo de la empresa en España, Antonio Anguita, hizo este diagnóstico sobre Al-pi en una carta remitida al presidente catalán, Pasqual Maragall. Anguita planteó la necesidad de comprar la parte pública del operador. "La única alternativa real pasa por integrar los activos de Al-pi en un ámbito de actuación mayor a través de su integración en un grupo de telecomunicaciones global como France Telecom", señaló.

La Generalitat no discute la más que delicada situación de Al-pi, pero responsabiliza de ello en buena parte a FT. El ex primer consejero Josep Bargalló se dirigió en marzo a Gervais Pellisier, nuevo responsable de la multinacional en España, para reprocharle la actuación de la empresa. "No vemos por parte de France Telecom la menor intención de sacar a Al-pi de esta situación. Por el contrario, se llevan a cabo acciones que además de no cumplir con el espíritu de los pactos de privatización, empeoran aún más su situación".

Este es el escenario tras un año de informes y correspondencia cruzada entre la Generalitat y France Telecom para tratar de ponerse de acuerdo sobre Al-pi, un operador para empresas surgido de la privatización en 1999 de Catalana de Comunicaciones. A la crisis de esta empresa sólo faltaba añadir las particulares reorganizaciones de sus socios: la salida de ERC -que controlaba el área de telecomunicaciones- del Gobierno catalán y la compra de Amena por FT, convertido así en un gigante europeo de las telecomunicaciones.

Un informe del Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI) de noviembre describe los compromisos incumplidos por France Telecom en lo referente a inversiones y creación de puestos de trabajo, entre otros. También destaca el desfase entre los resultados previstos en el plan de negocios y la realidad: "La facturación está estancada sobre los 50 millones de euros, muy lejos de los 130 millones previstos para 2005, y las pérdidas acumuladas entre 2000 y 2004 suman 92,2 millones, en lugar de los 41 millones de beneficio previstos".

La Generalitat también reprochó a su socio francés que, además de incumplir compromisos, haya llevado a cabo unas actuaciones que han perjudicado a Al-pi: asegura que la filial Wanadoo compitió con Al-pi en el mercado catalán y que FT prohibió al operador el desarrollo de la red necesaria para la provisión del ADSL, entre otros. La Generalitat sostiene que el impacto económico de estas actuaciones sumó 41 millones entre 2003 y 2005.

No parecen las circunstancias más propicias para que France Telecom lograse convencer a la Generalitat para que vendiese su parte. La oferta de FT cristalizó en una propuesta de acuerdo que nunca se firmó y que planteaba el pago de 20 millones de euros menos el 25% de la deuda de la compañía. Además, el precio se recortaría en 8,8 millones si Al-pi no se adjudica el contrato de voz y datos de la Generalitat -el contrato con el Centro de Telecomunicaciones representa el 34% de los ingresos de Al-pi.

El CTTI tachó de "inaceptable" la oferta de France Telecom y Bargalló le propuso en marzo la venta del 100% a un tercero señalado por la Generalitat de Cataluña y "a un precio razonable".

Daños y perjuicios

De hecho, la última voluntad de ERC respecto de Al-pi fue reclamar "daños y perjuicios" a France Telecom. El entonces director gerente del centro, Jordi Bosch, llevaba dos años intentando convencer al Consejo de Administración de que existían al menos hasta una decena de proyectos que podían engordar el negocio del operador, uno de los cuales era entrar en el sector residencial.

En un último informe dirigido al nuevo consejero de Universidades, Investigación y Sociedad de la Información, Manuel Balcells, Bosch admitió que "el objetivo de vender las acciones es el único viable", pero exigió que las condiciones permitiesen "que el CTTI recupere los activos aportados en su día a Al-pi" para impulsar un proyecto que sea viable y coherente con los intereses públicos en el ámbito de las telecomunicaciones en Cataluña.

Los propietarios de Al-pi llevan un año cruzándose informes y cartas para definir el futuro de la empresa. Tanto los gestores del operador como sus accionistas han declinado hacer comentario alguno sobre este proceso a requerimiento de este diario.