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Editorial:

A vueltas con el agua

El problema de la escasez de agua, agravado por el desarrollo urbanístico salvaje y la sobreexplotación de los acuíferos, requiere planificación, ahorro y mucha cooperación interterritorial. A esto último parece que hemos renunciado en España, convirtiendo el agua en bandera para la lucha partidista entre comunidades. Estos días, la ministra de Medio Ambiente ha exigido a las comunidades de Valencia y Murcia unas medidas que los ejecutivos correspondientes se han tomado como una agresión.

La cosa viene de lejos; como mínimo, desde la segunda legislatura de Aznar, cuando el PP convirtió el trasvase del Ebro en una apuesta irrenunciable, frente a la resistencia de los gobiernos (y las poblaciones) de Aragón y Cataluña. La fuerza movilizadora de la demanda de "agua para todos" se plasmó en una multitudinaria concentración en Valencia en marzo de 2003 convocada con todo tipo de medios públicos. El uso propagandístico del asunto llegó a producir episodios tan chuscos como la ficticia inauguración de las obras del trasvase en plena campaña electoral de 2004. Tras la victoria de Zapatero y el abandono del trasvase, el PP acogió la alternativa del PSOE para el déficit hídrico de la costa levantina (apuesta por las desaladoras y modernización de los regadíos) como una afrenta y convirtió la demanda de agua en instrumento victimista para fustigar al adversario político. Es un arma coyuntural, cuya efectividad probablemente decline a medida que comiencen a funcionar algunas de las plantas desalinizadoras y las infraestructuras previstas en el Plan Agua.

En ese contexto se ha vuelto al escándalo de estos días, con todo su penoso aspecto de trifulca entre partidos excitados por la perspectiva de las elecciones autonómicas del año próximo. En realidad, Narbona no pide nada extraño ante la dura sequía: un decreto autonómico que establezca limitaciones a los usos no esenciales del agua, similares a las existentes en otras comunidades. Una negativa tan vehemente como la que ha cosechado se explica, sin embargo, porque son tan escasos los recursos hídricos como abundante la demagogia. Pero el mensaje fundamental en estos momentos ante problema tan perentorio está en que todas las comunidades entiendan que existe un bien común superior y que, al igual que con los juegos de los blindajes de los ríos, tiene que darse la primacía del Estado a la hora de adoptar decisiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de agosto de 2006