No fue una huelga

Por primera vez en bastante tiempo, fue el Gobierno el que ayer se quedó solo frente a toda la oposición en los debates que siguieron a las comparecencias de los titulares de Interior y Fomento sobre los incidentes que paralizaron el aeropuerto barcelonés de El Prat el pasado día 28. Rubalcaba no acabó de convencer a la oposición de que no había alternativa a la actitud pasiva mantenida por las fuerzas de Seguridad antes de decidirse a intervenir, ni Magdalena Álvarez de la imposibilidad de prever un conflicto como el que se planteó con la no renovación a Iberia de la concesión de los servicios aeroportuarios en tierra.

Rubalcaba calificó de oportuna, proporcionada y prudente la actitud de las fuerzas de Seguridad (243 guardias civiles y 132 policías nacionales) frente a los 400 trabajadores que ocuparon las pistas, cruzaron vehículos y realizaron otras maniobras obstruccionistas. Su argumento de fondo fue que no se trataba sólo de desalojar a los amotinados (cosa que la Guardia Civil podía haber hecho desde primera hora), sino de hacerlo de forma que permitiera la reincorporación inmediata a sus puestos, necesaria para que el aeropuerto volviera a estar operativo. Un desalojo violento habría impedido o dificultado, según ese argumento, el necesario acuerdo laboral, e implicado riesgos de seguridad considerables, dada la excitación de los trabajadores y la peligrosidad intrínseca de actuar en un aeropuerto.

Son razones a tener en cuenta, pero también debe considerarse el riesgo de no actuar. De hecho, la intervención policial se produjo, según el delegado del Gobierno, cuando, 11 horas después del inicio de la protesta, un grupo de "ciudadanos indignados rompió una puerta e invadió las pistas"; un enfrentamiento entre viajeros amotinados y ocupantes sí que habría sido peligroso; y como a la larga se comprobó, la única forma de evitar esa situación era que fuera la policía -unos profesionales-, y no la gente indignada, quien cargara contra los que habían actuado ilegalmente. Algunos de éstos declararon que no depusieron su actitud porque esperaban la actuación policial para hacerlo.

Es una medida acertada el compromiso del Gobierno, anunciado por la ministra de Fomento, de asumir el pago adelantado de las indemnizaciones a que tengan derecho los damnificados, y que en su momento reclamará a Iberia, contra la que se abre expediente sancionador como empresa a la que pertenecían los trabajadores causantes del incidente: un plante salvaje y no una huelga.