Elche derriba un total de 20 edificaciones ilegales y 60 esperan una sentencia

Los transeúntes que pasan por algunas zonas del municipio de Elche se extrañan al ver en la verja de entrada a un chalé o de una nave industrial un cartel del Ayuntamiento que dice Obra sense llicencia. Infracció urbanística. Se trata de una medida de la concejalía de Disciplina Urbanística que coloca este cartel en aquellas construcciones a las que se abre un expediente por infracción "como medida, pensamos que muy efectiva, sobre todo a la hora de que terceras personas puedan interesarse por la compra de esa propiedad, para que sepan en qué situación se encuentra", afirmó José Manuel Sánchez, concejal de esta área. Desde que comenzó la legislatura se creó este nuevo departamento "porque decidimos tomarnos muy en serio el cumplimiento de la ley sobre el suelo", dijo Sánchez. En este tiempo se han demolido una veintena de edificaciones, muchas de ellas viviendas y algunas naves industriales. En lo que llevamos de año se han abierto 145 expedientes y hay 60 casos en el TSJ a la espera de que se autorice la demolición. El ayuntamiento ha derribado 4 construcciones y los mismos interesados un total de 16.

Contrasta la intensa actividad que desarrolla la Concejalía de Disciplina Urbanística en Elche con otros ayuntamientos, explicó Sánchez, donde todavía se existe cierta permisividad con la idea extendida de que se puede construir sin tener los metros suficientes o sin permiso y luego si te pillan con hacer frente a la multa es suficiente. "En Elche por lo menos lo hemos parado, especialmente algunas urbanizaciones ilegales que eran casos sangrantes", aseguró el concejal. Se refiere a una urbanización promovida por unos empresarios belgas que se construyó en la Sierra del Molar en suelo no urbanizable en el perímetro de protección del parque natural de las salinas de Elche y Santa Pola. Construyeron más de una decena de viviendas unifamiliares que vendieron a extranjeros, principalmente ciudadanos del Reino Unido. El Ayuntamiento llevó el caso a los tribunales y tras varias sentencias y recursos se han derribado ya un buen número de casas y los propietarios han tenido que hacer frente a una fianza de 300.000 euros para eludir la cárcel. Están acusados de estafa por la venta de estos chalés "a ciudadanos que no sólo no comprendían el español" dice un auto del juez, "sino que además eran pensionistas". Esta urbanización ilegal y otra en la pedanía de Valverde se tomaron como casos prioritarios para luchar contra la ilegalidad urbanística.

El procedimiento es largo y complejo desde el punto de vista administrativo y judicial ya que tras la incoación del expediente hay unos plazos y la posibilidad de presentar alegaciones y recursos antes de llegar a la resolución de derribo. Una vez acaba la vía administrativa si el propietario no está de acuerdo se llega a los tribunales donde el proceso es todavía más largo. De momento en todos los casos se ha dado la razón al Ayuntamiento de Elche.