Barcelona, nueva puerta de entrada de la cocaína

Galicia está perdiendo peso en el tráfico internacional de cocaína por vía marítima, debido a la incesante presión policial sobre las grandes redes del narcotráfico gallego. Tomando como referencia el volumen de lo incautado en toda España, el tráfico por las costas gallegas descendió a la mitad en 2004. En cambio, el puerto de Barcelona se ha convertido en la principal vía de entrada de la cocaína, oculta en contenedores de mercancías, según diversas fuentes policiales. No es de extrañar que las redes de traficantes intenten corromper a los encargados de impedir la entrada de droga por el recinto portuario barcelonés (guardias civiles y aduaneros).

El pasado 4 de julio, los jefes de la VII Zona de la Guardia Civil (Cataluña) dirigieron a la juez de Martorell (Barcelona) un escrito en que detallaban los indicios existentes contra cinco guardias civiles, un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y un policía local a los que se relaciona con una banda de narcos. Ésta fue la supuesta autora del robo, en enero de 2005, de más de 400 kilos de cocaína de un contenedor que estaba en el puerto sometido a vigilancia por la Guardia Civil, tras ser ésta alertada por la DEA (agencia antidroga norteamericana).

Los encargados del caso rastrearán los bienes de los agentes sospechosos de trabajar para la banda

Investigados cinco guardias y dos policías sobre la sustracción de 400 kilos de droga

La relación entre 'narcos' y funcionarios era "estrechísima y de absoluta camaradería"

Los cinco guardias civiles de Barcelona que supuestamente trabajaban para una red de narcos siguen en activo y aún no han sido sometidos a medidas disciplinarias porque éstas son difíciles de imponer cuando los afectados están incursos en otro proceso penal. Es decir, tiene prevalencia la autoridad judicial sobre la administrativa. La juez de Martorell encargada de la investigación sólo ha tomado declaración a uno de ellos.

En la investigación del instituto armado también se señala a un inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía y a un policía municipal, que tampoco han sido citados aún por el juzgado. La banda, además, estaba ya captando para sus fines a mossos d'esquadra.

Hay una grabación telefónica en la que Javier S., Trapero, el supuesto jefe de la red criminal, tranquiliza a uno de sus compinches, David B, quien se lamenta de que el inspector jefe Ántonio S. vaya a dejar la policía. "¿Y ahora qué va pasar?", se queja David B. A lo que el líder de la banda replica: "Nada, no te preocupes. Mientras haya policías que tengan hipotecas...". O dicho más claramente: son sobornables.

Los mandos de la VII Zona de la Guardia Civil afirman en el escrito dirigido a la juez: "Debido a la gravedad que supone que miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan formar parte de un grupo organizado dedicado al tráfico de drogas y blanqueo de capitales (...) se solicita de su señoría que sean citados en calidad de imputados los agentes que se han indicado para prestar declaración respecto a los hechos investigados y con los cuales se les vincula". Pero ha pasado más de un mes y tan sólo ha sido interrogado en el juzgado uno de los guardias civiles.

El descubrimiento de esta trama se produjo en enero del año pasado, cuando el Área de Delincuencia Organizada de la Guardia Civil de Cataluña pidió a la juez autorización para pinchar los teléfonos de Daniel R. T., El Bolo, de 35 años y otros hombres supuestamente metidos en negocios turbios. La juez accedió a la petición el 20 de enero de 2005.

Pero la sorpresa saltó la madrugada del 24 de enero de 2005, apenas 96 horas después del inicio de los pinchazos telefónicos. Ese día, 12 hombres saquearon el contenedor frigorífico MWCU-614017-6, que estaba intervenido y custodiado por la Guardia Civil desde el 16 de diciembre de 2004 "por sospecharse fundadamente que contenía una gran cantidad de cocaína camuflada entre su carga" (varias toneladas de gambas congeladas), según el escrito enviado a la juez. Las sospechas eran "fundadas" porque la DEA norteamericana había detectado, desde que fue embarcado en Venezuela, que ese contenedor llevaba algo más que gambas congeladas.

En el puerto de Barcelona -que despacha anualmente unos dos millones de contenedores de mercancías- había ese día decenas de miles de contenedores. Pero los 12 ladrones supieron con precisión el número y la ubicación del contenedor de la cocaína porque un guardia civil les había facilitado todos los datos. Así que los delincuentes se apoderaron de 400 de los 1.500 kilos de droga que iban destinados a otra organización de narcotraficantes.

Los delincuentes actuaron con total impunidad: localizaron el contenedor, forzaron el candado ... y cargaron la cocaína en una furgoneta y dos coches. ¡En una zona vigilada y de acceso restringido! ¿Cómo fue posible? Porque contaban con la complicidad de guardias civiles. Así lo pudieron comprobar los investigadores, cuando horas después del robo oyeron las grabaciones telefónicas y escucharon cómo el supuesto jefe de la banda, Javier S. R., Trapero, de 38 años, tranquilizaba a sus nerviosos compinches asegurándoles que no iba a sorprenderles ninguna patrulla policial.

La investigación de la Guardia Civil no ha logrado identificar a los agentes que prestaron la "colaboración necesaria" para el robo de la cocaína, pero las escuchas telefónicas y el seguimiento de los sospechosos permite a los investigadores apuntar, según el informe enviado a la juez, a los siguientes:

-El guardia civil Antonio S. M., de 53 años, Tete, que es el único que ha prestado declaración en el juzgado, aunque fue puesto en libertad.

-El subteniente Fernando G. V., de 53 años, que durante años estuvo destinado el la Sección Fiscal y Antidrogas (SIFA) de la VII Zona.

-El guardia José S. F., de 40 años, destinado desde hace varios años en el puerto de Barcelona, al que se le se considera "íntimamente ligado" a Diego S. S., de 63 años, un hombre clave en la trama porque conoce muy bien los entresijos portuarios.

-El guardia civil Miguel Ángel H. F., de 36 años, del que se dice que "mantiene una relación de confianza y absoluta camaradería" con varios de los investigados, a los que conoce desde que en 1997 los detuvo por narcotráfico.

-El guardia civil Fernando A. V., de 53 años, antiguo compañero de Antonio S. M. en el Grupo de Información de Tráfico de Cataluña. Hay menos indicios contra él, pero en una conversación mantenida el 23 de noviembre pasado con Javier S., supuesto cabecilla de los narcos, se oye cómo le alerta de que tiene el teléfono pinchado.

Además, los encargados del caso señalan como presuntamente relacionados con esta banda a Antonio J. R., de 51 años, inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, que hace unos meses pidió el pase a la segunda actividad (prejubilación); y al ex brigada de la Guardia Civil Roberto P. C., de 45 años, que trabaja hoy de policía local en un pueblo barcelonés.

La relación de estos agentes con la banda de narcotraficantes es "estrechísima, de gran confianza y absoluta camaradería", según consta en el informe del pasado 4 de julio, en el que se detallan las conversaciones telefónicas entre unos y otros, así como las reuniones y comidas que celebraban con cierta asiduidad. Además, los guardias civiles y policías supuestamente alertaban a sus amigos si éstos estaban siendo seguidos o vigilados por otros servicios policiales.

El guardia Antonio S. M., que tenía aparentemente una conducta de "subordinación" al presunto jefe de la banda, fue quien puso a éste en contacto con los Mossos D'Esquadra. Hay que tener en cuenta que la policía autonómica catalana se ha incorporado recientemente a las tareas de investigación y que a los delincuentes les interesaba tener infiltrados en este nuevo cuerpo. Los delincuentes se convirtieron así en "confidentes de los Mossos d'Esquadra, con lo que ello puede suponer de nivel de amparo por algunos miembros de esta policía", argumenta la Guardia Civil en su informe a la juez.

"A lo largo de la investigación se ha constado la estrechísima relación entre varias de las personas investigadas (y algunas posteriormente detenidas) y miembros de los Cuerpos de Seguridad de forma que, amparados aquellos en un estatus de confidente, encuentran una clara colaboración de algunos componentes de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía para llevar a cabo con gran impunidad sus actividades delictivas", señala el informe.

"Y, lo que es peor, habiendo conseguido corromper a estos policías para que, integrados en el grupo, aporten determinadas informaciones que conocen únicamente por razón de su cargo a cambio, lógicamente, de contraprestaciones económicas y/o en especie", añade el mismo escrito de la Guardia Civil de Cataluña.

Las pesquisas, de momento, no han permitido constatar de forma fehaciente las sospechas que recaen sobre los agentes supuestamente corrompidos. Para ello, la VII Zona de la Guardia Civil, al mando del general Antonio Carrascosa, pretende investigar su patrimonio. Esto, sin embargo, no será posible mientras no haya un permiso judicial que lo autorice.

Pero, en cambio, el instituto armado ya posee un análisis patrimonial sobre varios de los 15 integrantes de la red y ha descubierto que poseen cuentas bancarias en "la hucha de Andorra", como señalan fuentes de la investigación. Éstas aseguran que las autoridades del Principio colaboran gustosamente con las autoridades españolas cuando se trata de seguir el rastro al dinero procedente de la droga y del blanqueo de capitales.

La Guardia Civil también está tras la pista de una urbanización planeada por el jefe de la banda delictiva en unos terrenos comprados en Salvatierra do Miño, cerca de Vigo (Pontevedra). Por cierto que en alguno de los pinchazos telefónicos se deja caer que alguno de los agentes corruptos también está dispuesto a aportar dinero (el 10%) al proyecto urbanístico.