Horizonte de recursos

LA EMPRESA eléctrica alemana E.ON acaba de anunciar que presentará un recurso de alzada ante el Ministerio de Industria en contra del dictamen de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) que le impone condiciones a la compra de Endesa. E.ON está en su obligación de hacer valer los 28 euros que prometió pagar por acción, la mutilación obligada de casi 7.400 megawatios de producción no es un plato apetecible y, por último, pero no menos importante, quedarían mal los ejecutivos alemanes si ahora dieran por buena la decisión del regulador español y pronto la Comisión Europea anunciase su rechazo al dictamen de la CNE.

Antes de que comience el habitual silencio informativo de agosto, el gesto de E.ON, más la advertencia de reclamaciones legales de Endesa a cuenta de la desmembración del grupo español, deja claro que la batalla por Endesa que libran la firma alemana y Gas Natural seguirá disputándose, al menos durante los próximos tres meses, en el terreno jurídico, en lugar de en el mercado, como sería lógico.

Las condiciones de la CNE contienen distintos grados de rigor, pero tienen su lógica. Responden en casi todos sus términos al objetivo de preservar la importancia estratégica del carbón y de la producción nuclear. De la misma manera que E.ON actúa como una empresa comprometida con el suministro energético alemán, la Comisión impone cautelas para que el suministro español no se vea afectado por el alineamiento previo entre el comprador y el Gobierno alemán, ni siquiera a través de la venta de activos. Pero, al mismo tiempo, son condiciones perfectamente asumibles para un grupo transnacional, más aún si se trata de un cuasimonopolio protegido por un Estado económicamente tan poderoso, sobre todo si se dan otras circunstancias favorables como la pronta resolución de los trámites regulatorios en España y en Europa.

En el supuesto de que las OPA de E.ON y Gas Natural no se empantanen en otro frustrante piélago de demandas y reclamaciones, la siguiente reflexión tiene que referirse a las estrategias para configurar la estructura empresarial del mercado energético español. Es un hecho que ni la Administración ni las empresas se identifican con un modelo de mercado abierto, del tipo británico, totalmente permeable a ofertas de compra o de fusión y propio de una economía más madura; más bien se inclinan por un modelo continental. Por lo tanto, se trataría de favorecer la fusión o adquisición de empresas españolas para dificultar el temido vértigo de una cadena de OPA sobre las grandes del mercado energético español. Ya se han perdido dos legislaturas y dos años sin acometer esta tarea; no queda mucho más tiempo que perder.